SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Un procurador general adjunto archivó de manera definitiva la querella incoada por Luis Álvarez Renta en contra de Francisco Domínguez Brito.
Mediante el dictamen no.35, de fecha diez de diciembre de este año, Ramón Arístides Madera, declaró inadmisible la denuncia de abuso de autoridad, usurpación de funciones y desacato a una orden judicial, interpuesta por el condenado a 10 años por el desfalco al Banco Intercontinental (Baninter), luego de que, según este, el procurador ordenase que no se ejecutara la prisión domiciliaria por un año que le había otorgado el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal en su favor el pasado 14 de septiembre para recibir cirugía y tratamiento médico.
En su disposición, argumenta que el procurador lo único que hizo fue atacar mediante un recurso de apelación, disposiciones monstruosas e ilegales, y que la acusación del interno es absurda y monstruosa, y no se corresponde con la verdad.
Además de que no reunió las condiciones de fondo que requiere la norma penal y “porque es manifiesto que los hechos que se le imputan no constituyen una infracción penal”.
Al igual que el procurador, argumenta que “por efecto del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de esta naturaleza, la ejecución de la sentencia queda suspendida”.
Reseña además que más que menospreciarlo y/o discriminarlo, Renta está ubicado en una celda que contiene “comodidades”, pero que el recluso “en su condición de personas pertenecientes a clase social alta o poderosa económicamente, quiere que se le conceda a él un trato privilegiado”.
Agrega que esta acusación solo busca dañar la imagen de un funcionario honesto que se ha preocupado por el adecentamiento de la actividad del Ministerio Público.
Se recuerda que la querella fue depositada en Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero el presidente de este órgano, Mariano Germán Mejía mediante auto número 69-2012, la declinó por ante la procuraduría el pasado 21 de noviembre.
En su instancia Renta solicitaba que se condenara a Domínguez Brito al pago de una indemnización de RD$30 millones por daños y perjuicios.
