SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Dos grupos protestaron este lunes frente de Palacio Nacional.
Uno demanda la reubicación de las familias que viven en comunidades cercanas al área de operación de la empresa minera Barrick Gold y el otro reitera el llamado al Gobierno de que rompa el silencio en cuanto a la documentación de los descendientes de padres haitianos.
El Frente de Organizaciones Populares de Cotuí demandó del Gobierno la reubicación de 600 familias que viven en comunidades cercanas al área de operación de la empresa minera Barrick Gold.
El vocero de los comunitarios, Manuel Lantigua, denunció que la población de la sección Las Lagunas- que comprende La Cerca, La Piñita y el Naranjo- se le hace difícil sobrevivir, ya que están siendo afectados por enfermedades ocasionadas por la contaminación a la que aseguran produce las explotación de la mina de Pueblo Viejo.
“Entre las principales enfermedades que afectan a los ciudadanos de la zona de destacan, afecciones gastrointestinales, erupciones en la piel, gripe y enfermedades renales”, citó Lantigua, quien además pidió al presidente Medina que visite la zona para que vea la situación por la que atraviesa.
Aseguró que tampoco tienen agua potable y que no pueden labrar la tierra, su única actividad de supervivencia, porque los frutos y los cultivos ya no se dan como antes.
Los lugareños solicitaron a Medina reubicar las mencionadas comunidades, asimismo pidieron que sea reevaluado un contrato de desalojo que firmaron con la empresa minera, la cual, según aseguran, los estafó.
Lantigua dijo que en 2009 otras 400 familias que vivían en los sectores El Yagal y Fátima fueron desalojadas de sus tierras con la promesa de que los iban a ubicar en un lugar alejado de la operación de la Barrick, acuerdo que, según dijo, no se cumplió en su totalidad ya que la mitad de esas familias vive en casa de vecinos, amigos y familiares porque la empresa supuestamente no cumplió, al disponer sólo de una parte de los terrenos.
La otra protesta fue protagonizada por los integrantes del grupo Reconocido, que agrupa a decenas de jóvenes descendientes de padres haitianos, quienes se concentraron en la explanada de las oficinas gubernamentales para demandar nueva vez del Gobierno que rompa el silencio ante la problemática por la que atraviesan desde hace siete años.
Dijeron que la Junta Central Electoral (JCE) los despojó de su nacionalidad al suspender la emisión de copias de sus actas de nacimiento, escudándose en la resolución 12 emitida por ese organismo, medida que aseguran no tiene carácter legal y es discriminatoria.
