SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Centro Bonó calificó como un paso de avance en la dirección correcta la promulgación de la Ley 169-14 que “establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional irregularmente inscritas en el registro civil dominicano y sobre naturalización”.
Esta legislación pone las bases para restablecer el derecho a la nacionalidad de todas las personas de ascendencia extranjera afectadas por la política de desnacionalización iniciada por la Junta Central Electoral en el año 2007 mediante la Circular 17 y la Resolución 12, la cual fue posteriormente legitimada por el Tribunal Constitucional a partir de la controversial sentencia 168/13.
Durante años de lucha, el Centro Bonó, como parte de la ciudadanía organizada, acompañó junto a otras organizaciones amigas a cientos de personas afectadas por el despojo de su nacionalidad. Hoy ve con satisfacción la posibilidad de ver restituidos sus derechos.
Ello constituye a la vez un gran estímulo para continuar apoyando a los más vulnerables, quienes aún esperan ser visibilizados y tomados en cuenta por las prácticas legales dominicanas. Concretamente, el Bonó se refiere a los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional antes de la proclamación de la Constitución del 2010, y que por obstáculos institucionales y burocráticos, o por la exclusión social ocasionada por la extrema pobreza, nunca pudieron ser inscritos en los libros del registro civil dominicano.
El Bonó observó que la solución para ellos no puede ser la inscripción en el libro de extranjería, porque implica una vulneración de sus derechos.
El centro social de la Compañía de Jesúsentiende que la referida Ley es muy cuidadosa en su técnica legislativa, ya que elude confrontar el criterio sobre la nacionalidad dominicana establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con la sentencia 168/13. Entiende además que en el escenario actual la promulgación de esta ley es una decisión políticamente correcta, puesto que salva la institucionalidad de esa alta corte con respecto a la Ley.
Sin embargo, el Bonó reitera que el criterio jurisprudencial que guió a la controversial sentencia está en franca contradicción con los principios constitucionales del Estado social y democrático de derecho que se derivan de la Carta Magna dominicana, y que esa práctica de jurisprudencia sigue constituyendo una vergonzante negación del reconocimiento de las normas vinculantes del derecho internacional general y americano, ya que pone al país bajo sospecha en la comunidad de naciones.
El Bonó identificó varios frentes en las tareas que quedan pendientes a raíz de la promulgación de la Ley 169-14.
En el ámbito legal, queda el desafío de volver sobre los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia TC-168/13, con vistas a corregir el distanciamiento de la jurisprudencia constitucional dominicana de los derechos consagrados en acuerdos internacionales de los que formamos parte.
Cívica y políticamente, queda abierta la lucha para llevar al Estado dominicano al cumplimiento de su función esencial, que no es otra que la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad humana. Socialmente, el principal desafío consiste en reconstruir el tejido social magullado a lo largo de todo este proceso y recuperar la confianza en sentido general para participar en la construcción de la cohesión social y en la integración de estas poblaciones sin exclusión ni discriminación.
Estas reflexiones fueron externadas a la opinión pública por el Centro Bonó en el marco de su acostumbrado análisis de coyuntura.
En esta ocasión, el análisis contó con la participación del abogado Guillermo Sterling, de Rosa Iris Diendomi del Movimiento Reconocido y del director del Centro Bonó, Roque Féliz.
