WASHINGTON.- El abogado de origen dominicano Tomás Pérez, nominado por el presidente Barack Obama como Secretario de Trabajo del gobierno de Estados Unidos, está siendo acusado por numerosos senadores de manipular la justicia cuando ejerció como encargado de la División de Derechos Civiles en el Departamento de Justicia y fue imputado de ofrecer información incompleta sobre un controversial caso manejado por su oficina.
Pérez se enfrenta a la resistencia de docenas de senadores republicanos y algunos demócratas que cuestionan su rol en varios procesos, uno de ellos el caso contra la ciudad de Saint Paul, impidiendo que ese municipio recuperara $200 millones de dólares en multas.
El ocho de mayo, el senado se abocará a la votación para confirmar o rechazar su nominación en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones y se espera que Pérez enfrente fuertes cuestionamientos de sus opositores en el hemiciclo.
Desde el 2009, el abogado de origen dominicano y proyectado en Maryland, se destacó como Fiscal General Adjunto a cargo de derechos civiles en el Departamento de Justicia. Cuenta con respaldo de los importantes sindicatos de la nación, cuyos líderes ya se han pronunciado apoyando su nombramiento.
El senador Charles Grassley (republicano de Iwoa), lo acusa de manipular la justicia, realizando un acuerdo secreto con la ciudad de Saint Paul para impedir que el Departamento de Justicia consiguiera los $200 millones.
Tanto Grassley como su colega Darell Issa, otro republicano de California, presentaron un documento en el que explican el manejo de Pérez a esa situación.
Los legisladores aducen que Pérez negoció el respaldo del Departamento de Justicia en una demanda contra la referida ciudad donde se acusaba al municipio de enviar certificados falsos al gobierno para cumplir con regulaciones en materia de vivienda.
«Parece que el señor Pérez hizo una gran cantidad de maniobras fuera de su responsabilidad en un intento por manipular el sistema legal», dijo el senador republicano de más alto rango en el comité, Lamar Alexander de Tennessee.
Pérez niega las acusaciones diciendo que pensó que el caso de Saint Paul era «un mal vehículo para que la Corte Suprema examinara el tema del impacto desigual y hablé con los responsables de la ciudad para orientarlos de lo ocurrido con casos similares».
El legislador Tom Hamkin, demócrata de Indiana, defendió a Pérez diciendo que su personal investigó al abogado dominico americano, concluyendo en que todas las acusaciones son falsas.
