Por Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ La madre dominicana Patricia Ripley, quien admitió haber ahogado a su hijo autista Alejandro Ripley de 9 años de edad en un canal de agua, cerca de un campo de golf en Miami, enfrenta la pena de muerte, según la ley capital vigente en estado de Florida.
Ripley, de 45 años de edad, residente en el suburbio West Kendall y quien también se inventó que el niño había sido secuestrado por dos afroamericanos que la interceptaron en una carretera, exigiéndole drogas de donde se llevaron a su hijo para luego matarlo, intentó una primera vez ahogar al menor en otro lago, pero allí fue rescatado por tres testigos, dijo la fiscal de Miami Dade, Katherine Fernández Rundle, durante una audiencia de fianza el sábado ante el juez Oscar Rodríguez Fonts, quien negó la petición.
Aunque el abogado de la dominicana homicida, Nelson Rodríguez Varela, alegó que ella es una excelente madre y que el peso de dedicarse al cuido del niño autista que no hablaba, la abrumó, llevándola a cometer el crimen, la ley de Florida sobre la pena capital, no contempla esa situación como circunstancia atenuante sino agravante.
La ley, impone la sentencia máxima cuando las evidencias demuestran que los crímenes son cometidos por una persona previamente condenada por un delito grave, condenados a prisión, puesto en control comunitario o en libertad condicional por delitos graves.
También cuando han sido previamente condenados por otros delitos capitales o por un delito que involucra el uso o la amenaza de violencia a la persona, el acusado a sabiendas creó un gran riesgo de muerte para muchas personas.
Se aplica la ley cuando el crimen se cometió mientras el acusado estaba involucrado, o fue cómplice, en la comisión o en un intento de cometer un delito específico como abuso infantil agravado, incendio provocado, secuestro, colocación o descarga de un dispositivo destructivo o bomba, fue cometido con el propósito de evitar o prevenir un arresto legal o realizar una fuga de la custodia, fue cometido para beneficio pecuniario, se comprometió a interrumpir u obstaculizar el ejercicio legal de cualquier función gubernamental o la aplicación de las leyes.
El crimen fue especialmente atroz, atroz o cruel, se cometió de manera fría, calculada y premeditada sin ningún pretexto de justificación moral o legal, la víctima era un agente de la ley involucrado en el desempeño de sus deberes oficiales o un funcionario público elegido o designado que desempeñaba sus funciones oficiales si el motivo del delito capital estaba relacionado, en todo o en parte, con la capacidad oficial de la víctima.
También si la víctima era una persona menor de 12 años, particularmente vulnerable debido a la edad avanzada o discapacidad, o porque el acusado se encontraba en una posición de autoridad familiar o de custodia sobre la víctima.
Fue cometido por un miembro criminal de una pandilla o por una persona actualmente o anteriormente designada como depredador sexual, por una persona sujeta a una orden restrictiva o una orden de protección extranjera, y se cometió contra la persona que obtuvo el mandato o la orden de protección o cualquier cónyuge, hijo, hermano o padre de esta persona.
El estatuto de Florida también establece la pena de muerte para el narcotráfico capital.
Como establece la ley en Florida, a la señora Ripley le aplican varias categorías que justifican su ejecución en la silla eléctrica, cámara de gas o inyección letal, según el método escogido por las autoridades judiciales.
En el mejor de los casos, y si se demuestra que ella estaba sufriendo perturbaciones mentales al momento de matar a su hijo, sería sentenciada a cadena perpetua por homicidio en primer grado (voluntario) y otros delitos relacionados, pero es probable que el juez descarta ese argumento, basándose en que ella admitió el asesinato en pleno dominio de su capacidad mental.
Desde 1976, en Florida se han ejecutado 99 asesinos condenados, todos en la prisión estatal de ese estado.
Desde el 4 de febrero de 2020, 340 delincuentes están a la espera de ser ejecutados.
La fiscal dijo que Ripley, es acusada por cargos de asesinato premeditado y quedó encarcelada sin derecho a fianza, aunque no se refirió a una posible petición de la fiscalía para la pena de muerte.
El cuerpo del niño fue encontrado flotando en un canal el viernes.
El padre de la víctima, Aldo Ripley, quien estuvo en la audiencia el sábado dijo entre sollozos que no podía hablar mal de su esposa y que no tenía palabras para referirse al asesinato de su hijo en un momento tan devastador.
El abogado defensor, describió a la familia como un ejemplo de bienestar y buena conducta y explicó que no hay antecedentes sobre problemas entre los esposos ni que involucren al niño.
«Desafortunadamente cuando ella lo llevó al segundo canal no había nadie allí», agregó la fiscal. “Ella lo intentó una vez y la gente lo rescató. El estaba vivo. Pudo haberse quedado con vida. Tenía la intención, según todos los hechos del caso, de matarlo”.
Adelantó que se realizaría una autopsia al niño el sábado para determinar si tenía otras lesiones o alguna sustancia tóxica en su sistema. La fiscal dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre si los fiscales buscarán la pena de muerte.
Señaló que como el niño no hablaba, no podía haber contado a sus rescatistas iniciales lo que había sucedido con su madre en el primer intento de ahogarlo.
“No puede decir nada a sus rescatadores. Hablamos de niños sin voz. Este es otro nivel de falta de voz. Era incapaz de decir que mami me metió en el agua», explicó la fiscal.
“Amamos a Alejandro, y nos molestó lo que dijeron sobre mi esposa. No es real», expuso al padre restando crédito a la publicación de los medios sobre el caso.
El abogado dijo que integrará un equipo defensor para que ella tenga la oportunidad de reivindicar su buen nombre y le pidió al público que se reservara las opiniones para cuando salga más información.
«Obviamente hay un gran apoyo para ella», dijo. «En todos los sentidos, ella ha sido una madre excelente, una persona excelente, una gran familia como se puede ver en las personas que están aquí».
La policía de Miami Dade dice que la madre afirmó originalmente que fue emboscada por dos hombres negros que le exigieron drogas y tomaron su teléfono celular, tableta y al niño, antes de huir el jueves por la noche, lo que provocó una Alerta Amber en el área al sur de Miami.
El cuerpo del niño fue sacado del canal de un campo de golf la madrugada del viernes mientras la policía continuaba interrogando a la mujer.
Una declaración jurada de arresto dice que ella proporcionó declaraciones contradictorias, y finalmente se enfrentó a testimonios de testigos y videos que muestran el primer intento de empujar al niño al canal.
El documento dice que ella se retractó de su historia y admitió que condujo a otro sitio y llevó al niño a un canal diferente diciendo que «él va a estar en un lugar mejor».
