SANTO DOMINGO, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este domingo respeto a los exfuncionarios y proveedores del Estado detenidos para ser investigados por supuesta corrupción administrativa.
La organización pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA) que todas las investigaciones se lleven a cabo cumpliendo el principio de legalidad y el debido proceso de la ley.
La posición del PLD está contenida en un documento que fue leído en rueda de prensa por Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, que ocupó el cargo de procurador general durante el primer periodo de Gobierno del expresidente (2012-2016; 2016-2020).
El documento
El documento expresa el malestar de la formación por el modo en el que se produjeron las detenciones de diversos compañeros que ocuparon cargos en la Administración, a quienes «no se les respetó la dignidad humana».
Su texto es el siguiente:
«El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este medio establece su posición sobre los arrestos por alegada corrupción administrativa y otros ilícitos, realizados en contra de exfuncionarios, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros.
El PLD le exige a la administración que encabeza el presidente Luis Abinader que todas las investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la Constitución y las leyes de la República, así como los demás principios universales que sustentan toda investigación penal, lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y sin responder a la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los investigados, en especial los que ahora están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su dignidad humana.
Es de preocupar el proceder del Ministerio Público en las actuaciones realizadas hoy, toda vez que:
La mayoría de las personas arrestadas no fueron citadas previamente para poder presentar las evidencias que contrarresten los hechos que hoy se les imputan, dando así al traste con el principio de objetividad que debe observar el Ministerio Público, quien está llamado no solo a investigar a cargo sino también a descargo.
No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada, de manera abusiva y desconsiderada en contra de las personas arrestadas, las cuales pudieron ser citadas previamente para comparecer ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, tal y como han citados a otros en los últimos dos meses, los cuales acudieron fielmente cada vez que fueron requeridos.
Los hoy imputados son personas públicamente conocidas y ninguno de ellos representan un riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención alguna de sustraerse del proceso investigativo.
Estas actuaciones responden a las constantes presiones políticas del Gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
El PLD exige al Gobierno del presidente Abinader que el Ministerio Público no asuma posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar.
Nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad, pero sin atropellos ni violaciones groseras de derechos fundamentales ni del debido proceso, y está convencido de que la verdad deberá salir a relucir si las investigaciones se realizan y se sustentan en los principios y normas que establecen la Constitución y las leyes.
Al mismo tiempo, el PLD estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones. De lo contrario, estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos de los hoy investigados y de cualesquiera otros que sean investigados en el futuro».
