POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO
Lo visto y escuchado durante la recién finalizada audiencia donde se procuró establecer las medidas de coerción a los implicados en diversos actos de corrupción, durante el pasado período de gobernanza, encabezado por el licenciado Danilo Medina Sánchez, obliga a replantearnos la necesidad de un nuevo modelo de sociedad en la República Dominicana.
Es una muestra evidente de que algo anduvo mal en el manejo de los recursos públicos y que en esa cuestionable y condenable práctica se abrazaron representativos de los diversos sectores sociales, políticos y económicos del país, demostrando no tener miramientos y escrúpulos al momento de procurar continuar saturando sus arcas particulares.
Tal experiencia mueve a reflexionar sobre la peculiar manera cómo, esencialmente, la cúpula política y representativos del sector empresarial dominicano, alejados del pudor, la prudencia y el temor al peso de la Ley, han pretendido, además de expoliar el bien público, conducir la sociedad, descaradamente, a una especie de estercolero de la peor calaña.
La pretendida alusión de inocencia y el referente de procurar exhibir cualidades excepcionales como progenitores de familias, por parte de varios de los implicados en la corruptela en cuestión, gracias a la vasta experiencia y las responsabilidades que han asumido, tanto los miembros del llamado Ministerio Público como el veterano y ejemplarizante Magistrado Vargas, árbitro del proceso judicial, no hizo posible la materialización de sus espurios propósitos, a pesar de tener como soporte una barra de la defensa integrada por audaces y avezados juristas.
Con su lógica expositiva, la validez de sus fehacientes pruebas expuestas con fogosidad, alejadas del miedo y abrazadas al compromiso ineludible de hacer justicia sin cortapisas, distanciándose del odio y la retaliación, es innegable que, tanto la Magistrada Yeni Berenice Reynoso como el doctor Wilson Camacho, por sólo hacer referencia a parte del equipo de la defensa de los bienes del Estado, alcanzaron coronarse con el privilegio del reconocimiento de los hombres y mujeres dignos y ejemplarizantes de la nación de Duarte, quienes ovacionaron estruendosamente su coraje, responsabilidad y gallardía en el rescate y la preservación de los recursos del pueblo dominicano.
De igual modo, aunque en otro plano, es de justicia reconocer la prudencia, veteranía y habitual maestría expuesta, durante toda la dilatada y pormenorizada audiencia, por el experimentado magistrado José Alejandro Vargas, quien sin necesidad de reprimendas y con una parsimonia icónica, volvió a poner en evidencia su ineludible compromiso y responsabilidades con el uso correcto de la toga, el birrete y el respeto a la solemnidad que implica encabezar un proceso en el sagrado espacio de una sala para administrar justicia, cimentado en el respeto y el amor a la vida y la patria.
A todo lo anterior es necesario adherir el prudente y aleccionador proceder de la pausada y eficiente Miriam Germán, Procuradora General de la República, nacida en Salcedo, La Flor de la Patria, quien, distanciada del protagonismo y el exhibicionismo, ha asumido su rol jurídico con una responsabilidad paradigmática, propia de quienes conocen el marcado peso que llevan en sus hombros y en la conciencia.
En todo el esperanzador desempeño expuesto, superficialmente, es innegable que ha jugado un papel de gran valía, sin injerencia alguna, -hasta el momento-, la anunciada e insistente necesidad puesta de manifiesto por el licenciado Luis Abinader Corona, mandatario de la nación, en procura de que, en el país, se establezca y ejecute un genuino régimen de justicia independiente de los demás estamentos del Estado dominicano, marcando un interesante e inestimable precedente.
En sentido general y sin exageración alguna, todo lo anterior obliga a pensar que en la República Dominicana se perciben halagüeñas señales que podrían terminar siendo el preludio del comienzo de la alborada del cambio idealizado.
Se registran palmarios indicadores que inducen a pensar que si bien, necesariamente, no ha empezado el fin de la codiciada impunidad, por lo menos, es prudente concluir en que existen evidentes reflejos sobre un proceso que procura marcar el precedente de dejar establecido, responsablemente, que al Estado se va a trabajar y no a expoliar el bien público, sin penalidades contundentes.
En esta dinámica, acatada y respaldada por diversos segmentos de la población dominicana, vale decir que se envuelve de manera sustancial la urgente necesidad de hacer realidad el cambio sin recurrir a la inducción al odio, la insidia y la agresión física o verbal.
Sin pérdida de tiempo, la emergencia obliga a continuar en hacer realidad, hasta donde sea posible, la apetecible cero impunidad, ejerciendo la aplicación de justicia con amor, porque esto, sinceramente, tiene que cambiar.
No hay de otra…
