Por Arismendi Díaz Santana
SANTO DOMINGO, RD.- La atención primaria: una transformación público-privada, financieramente viable y sostenible, con capacidad para elevar el estado de salud, reducir los copagos, aumentar los honorarios médicos y agregar nuevos servicios
En el país existen tres millones de dominicanos, entre 40 y 55 años de edad, que son hipertensos, diabéticos y/o enfermos renales, y que por falta de la atención primaria desconocen su situación y no han procurado atención médica.
¿Por qué, 20 años después, el país mantiene una alta tasa de mortalidad materna e infantil, a pesar de contar con un 98% de afiliación de las embarazadas, con derecho a una atención profesional integral?
¿Por qué, 20 años después, el gasto familiar de bolsillo es tan alto, a pesar de contar con un Seguro Familiar de Salud (SFS) con una cobertura prácticamente universal de todos los dominicanos y residentes?
El predominio de un modelo de atención fundamentalmente curativo, ineficiente, deshumanizado y altamente costoso, explica estas distorsiones. El país dio un salto cualitativo al establecer un sistema de seguridad social universal, solidario, plural y con libre elección.
Pero, para alcanzar esos objetivos y metas, la Ley 87-01 de Seguridad Social estableció un Plan Básico de Salud (PBS), y un primer nivel de atención (PNA) basado en la promoción y prevención. Desde entonces, los beneficiarios del viejo sistema, iniciaron una resistencia feroz, logrando abortar el inicio de estas dos reformas vitales.
El resultado ha sido como si al carro viejo y desvencijado del IDSS le hayamos cambiado la carrocería y los controles, pero sin poder instalarle el nuevo motor. Desde afuera, todo luce renovado, pero los pasajeros están cada vez más inseguros e insatisfechos, porque el flamante carro no avanza lo suficiente, ni en la dirección correcta.
Frente a esta realidad, la gran mayoría de la población y de la opinión pública consciente demanda, cada vez con más insistencia, la renovación completa del vehículo, mediante un verdadero PBS y el inicio del primer nivel de atención, como la puerta de entrada a una red nacional de salud.
6 estudios y propuestas demuestran la factibilidad financiera del PNA
Solo en los últimos cuatro años, se han presentado 6 estudios y propuestas para establecer la atención primaria, en cumplimiento de los artículos 129 y 152 de la Ley 87-01 que dispone la organización de la red nacional de salud por niveles de complejidad.
El primero, fue presentado por la SISALRIL y sometido al CNSS, para cubrir 383 servicios (consultas y diagnósticos), incluyendo 198 procedimientos, 34 vacunas, 151 medicamentos sin copagos ni límites y seguimiento de pacientes crónicos, con un costo adicional de sólo 51.00 pesos mensual por afiliado.
El segundo, lo publicó la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), con propuestas para fortalecer a las UNAPS. Paralelamente, la Fundación Franz Miniño desarrolló una estrategia de Atención Primaria para las enfermedades no transmisibles, iniciando con un plan demostrativo a nivel provincial.
De igual forma, SOMOS DOMINICAID propuso la Atención Primaria en Salud en la provincia de Monte Plata para beneficiar a 270,000 habitantes, a partir de una donación de dos millones de dólares de médicos dominicanos residentes en el exterior.
Por su parte, UNICEF y la Fundación Plenitud presentaron un estimado del costo de fortalecer la atención primaria en la red pública, para el período 2022-2030, a fin de elevar su cobertura y capacidad resolutiva a nivel nacional.
Y el sexto, la FUNDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS (FSSPT), a solicitud el presidente Luis Abinader, formuló la factibilidad financiera de la atención primaria para el Régimen Contributivo, sin costo para el Estado, creando 36,000 nuevos empleos para médicos y el personal de salud, a través de más de 561 PSS cooperativas y/o PYMES.
Las pasadas autoridades desestimaron la propuesta de la SISALRIL sin sorpresas, porque en 16 años solo realizaron cambios cosméticos. Las mayores expectativas residen en que el presidente Abinader, impulse los cambios prometidos en el sistema público de salud, para dejar atrás 60 años de atraso y exclusión.
