Por Luis Onofa
Ecuador irá a plebiscito el próximo domingo 21 de abril, por convocatoria del presidente Daniel Noboa, en un momento en que la derecha, con la que se identifica el mandatario, busca afianzarse con un sello autoritario, contando para ello con el respaldo de círculos políticos, económicos y conglomerados mediáticos hegemónicos que se empeñan en moldear a su manera la voluntad popular.
Más de 12 millones de votantes, de una población total que supera los 17 millones, están llamados a pronunciarse sobre 11 preguntas, la mayoría de las cuales aluden al combate a la inseguridad, cuyo agudizamiento ha colocado a Ecuador entre los países menos seguros en el mundo.
Ese tema, sin embargo, edulcora preguntas que buscan suprimir derechos y garantías fundamentales: una de ellas intenta restaurar la precarización laboral, prohibida en la constitución de 2008, y otra pretende eliminar la jurisdicción soberana de la nación en litigios sobre inversiones extranjeras que consta en esa misma carta magna. Esas propuestas, a criterio del secretario General del Partido Comunista del Ecuador, Diego Vintimilla, buscan restablecer el neoliberalismo en el país.
El debate de esos temas fundamentales, sin embargo, se ha opacado por la “guerra” que Noboa ha declarado al crimen organizado, y que con el paso de los días se ha convertido en el caballo de batalla de su campaña para la consulta popular.
Esa guerra deja un saldo de más de 18 mil detenidos en lo que va de 2024, la mayoría de ellos en los sectores marginales, en contraste con la ausencia de acciones contra el lavado de activos en el sistema financiero, en el que, según fuentes legislativas, se blanquean unos tres mil 500 millones de dólares anuales.
Las cifras sobre las operaciones policiales y militares le generaron simpatías en la población, asediada por el crimen organizado. Sin embargo, la inseguridad no se ha atenuado en la magnitud que la sociedad aspira, lo que según algunos analistas que siguen la evolución de las tendencias para el plebiscito, ha provocado una caída en la popularidad del gobernante.
Ese declive ha llevado al gobernante y sus estrategas a buscar recursos para frenar la tendencia, el mayor de los cuales fue la incursión policial en la sede de la embajada de México, para detener y retornar a la cárcel al asilado ex vicepresidente Jorge Glass, en el marco de procesos judiciales contra la corrupción.
El episodio, que ha merecido condena en el exterior porque viola normas del derecho internacional, sin embargo, ha recibido aceptación local, al calor de una fuerte narrativa de medios locales y extranjeros que han torcido la interpretación de los hechos para endosar a México la responsabilidad del hecho.
No obstante, los apagones eléctricos que estallaron a una semana del plebiscito, a causa de la sequía que afecta a las más grandes centrales hidroeléctricas, a las que se suman nuevas cargas tributarias que asfixian la economía familiar y encarecen el costo de vida, amenazan con erosionar el favor de los electores a Noboa. En Ecuador, donde la voluntad de los electores es históricamente maleable, los plebiscitos suelen terminar por constituirse en un examen a la gestión de un gobierno, por encima de los temas que se le consultan.
El plebiscito es también un peldaño del camino que Noboa busca recorrer para su reelección en 2025. Ese propósito lo había expresado de manera pública en foros financieros internacionales aún antes de su posesión el 23 de noviembre de 2023.
Esa ruta, sin embargo, está plagada de otros obstáculos estructurales que afectan a la sociedad ecuatoriana y que permanecen intocados por Noboa: altos índices de desempleo y subempleo. El 60.5 por ciento de la población carece de un empleo adecuado, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
A ellos se suman la pobreza y la desigual distribución de la riqueza. A diciembre de 2023, la pobreza por ingresos había crecido casi un punto con relación a 2022 para situarse en 26 por ciento. Además, nueve de cada cien ecuatorianos estaban en pobreza extrema, según el INEC.
Ecuador es un país de aguda concentración de la riqueza. El 1,3 por ciento más rico de la población concentra el 50,2 por ciento de la riqueza, mientras el 32,4 por ciento más pobre tiene apenas el 2,9 por ciento, y los vulnerables y la clase media, el 12,8 por ciento y 34,1 por ciento, respectivamente, según el catedrático universitario Andrés Mideros.
Esos indicadores mejoraron en los diez años de la Revolución Ciudadana (2007-2017). La clave de esos indicadores sociales fue el crecimiento económico, y este se produjo gracia a la alta inversión pública. Sin embargo, el retorno del neoliberalismo al gobierno en 2017, con Lenin Moreno, significó también la involución de esa estrategia y con ella, la contracción de la economía. En 2024, la economía crecerá apenas el 0.8 por ciento, según el estatal Banco Central del Ecuador, cifra que está por debajo del crecimiento de la población.
La memoria de aquella década ha llevado a una parte del electorado, principalmente popular, a votar por las fuerzas y propuestas progresistas en los pasados siete años de hegemonía derechista y a que éstas obtuvieran una alta votación, aunque insuficiente para ganar el gobierno.
Sin embargo, el sociólogo y catedrático universitario, David Chávez considera que sería “desolador” que triunfara Noboa. La incursión violenta de la policía en la embajada mexicana en Quito y el apoyo que ha recibido el gobierno de Daniel Noboa por ese episodio, mostrarían que la derecha habría logrado “legitimar la dictadura y la barbarie en la sociedad ecuatoriana.”
Docentes universitarios que protestaron contra los operativos policiales y militares en las zonas marginales del país sostienen, de su lado, que la solución a los problemas de inseguridad «no pasa por armarse, generar más violencia, sucumbir a la arbitrariedad y al irrespeto a los derechos humanos», sino por “exigir otras políticas y otros enfoques que permitan recomponer los vínculos desde la educación”.
