Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE, RD.- Las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela han estado marcadas por una creciente desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. Antes de que se llevara a cabo la jornada electoral, ya existían serias dudas sobre la posibilidad de que el proceso fuera gestionado de manera justa y transparente.
Estas preocupaciones no surgieron de la nada; son el resultado de una larga trayectoria en la que las instituciones del Estado venezolano han sido progresivamente subordinadas al control del Presidente Nicolás Maduro.
Diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones políticas y observadores internacionales han señalado la falta de independencia de los órganos electorales en Venezuela.
Se ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de supervisar y garantizar la integridad del proceso electoral, no goza de la autonomía necesaria para actuar sin interferencias del ejecutivo.
Este control, ejercido por el Presidente Maduro, ha socavado la confianza pública en el sistema electoral y ha generado un ambiente en el que la imposición de la voluntad del gobierno parece inevitable.
A lo largo del proceso previo a las elecciones, se registraron numerosos incidentes que alimentaron las sospechas de parcialidad. Las limitaciones impuestas a la oposición, la falta de transparencia en el registro electoral, y las denuncias de intimidación a votantes y candidatos opositores son solo algunos de los factores que contribuyeron a crear un clima de desconfianza.
Además, la escasa presencia de observadores internacionales independientes y la censura mediática sobre los acontecimientos relacionados con las elecciones han reforzado la percepción de que el resultado de las elecciones estaba predeterminado.
En este contexto, los resultados de las elecciones del 28 de julio han sido recibidos con escepticismo tanto dentro como fuera del país. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la falta de garantías democráticas en Venezuela y ha cuestionado la legitimidad del proceso.
Sin un arbitraje electoral creíble e imparcial, las aspiraciones de una elección libre y justa quedan frustradas, y el pueblo venezolano se ve privado de su derecho a decidir su futuro de manera soberana.
La situación en Venezuela exige una reflexión profunda sobre la necesidad de reformar el sistema electoral y devolver la independencia a las instituciones que deben velar por la democracia.
Mientras tanto, la comunidad internacional debe seguir vigilante y apoyar los esfuerzos por garantizar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada en futuras elecciones.
