La declaración fue firmada por los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias, Carlos Alvarado, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís; de España José María Aznar y Mariano Rajoy; de México Vicente Fox y Felipe Calderón; de Colombia Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Argentina Mauricio Macri y de República Dominicana, Hipólito Mejía.
También la suscriben los exmandatarios Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares (Panamá); Alfredo Cristiani (El Salvador); Eduardo Frei (Chile); Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno (Ecuador); Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), y Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).
Semejante acción, prosigue IDEA, desconocería la “derrota incuestionable de la dictadura de Maduro”, como lo corroboran los informes técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter.
Se refiere además este grupo al informe de un panel de expertos de la ONU que reconoce que las actas de la oposición “exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados” electorales.
Mientras que el anuncio del resultado realizado por el Consejo Nacional Venezolano (CNE), que proclamó ganador a Maduro “sin la divulgación de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas”.
La justicia en Venezuela “carece de independencia”
A juicio de los exjefes de Gobierno, la ONU y la OEA han establecido que la Administración de Justicia en Venezuela “carece totalmente de independencia e imparcialidad y es cómplice necesaria en los crímenes de lesa humanidad que hoy conoce la Corte Penal Internacional”.
Denunció IDEA que ya suman miles los prisioneros y desaparecidos, con un número importante de asesinatos y torturas a raíz de las pasadas elecciones presidenciales.
Sostiene que “la dictadura venezolana” pretende, además, “diluir las responsabilidad jurídica de quienes falsificaron los resultados electorales” mediante la intervención del Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la cúpula de la Fuerza Armada y el Ministerio Público.
