Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE, RD.- En SDE, la profesión periodística atraviesa un momento crítico. Cada vez son más las personas que, sin contar con la formación académica adecuada, se presentan como periodistas, ejerciendo sin el conocimiento necesario para desempeñar esta labor de manera ética y responsable.
Este fenómeno no solo debilita la calidad de la información que recibe la ciudadanía, sino que además ha dado paso a prácticas alarmantes como el chantaje y la extorsión.
El periodismo es, en su esencia, un puente entre la población y los gobernantes. A través de la labor informativa, se promueve la educación ciudadana, el debate público y la fiscalización de quienes están en el poder.
Sin embargo, muchas personas, en lugar de cumplir con ese rol fundamental, han convertido el periodismo en un negocio lucrativo basado en el abuso de poder y el aprovechamiento de su influencia para beneficios personales.
El chantaje y la extorsión han sido los medios mediante los cuales algunos han logrado escalar económicamente, debilitando así la credibilidad de la profesión y causando daño a las instituciones democráticas.
Es importante recordar que el periodismo no debe ser ejercido como juez ni mucho menos como abogado. El rol del periodista no es dictar sentencias ni tomar partido en las disputas legales, sino presentar los hechos de manera objetiva y equilibrada.
Cuando los periodistas se posicionan como jueces o defensores de intereses particulares, se pierde la imparcialidad que exige esta profesión, y se socava la confianza del público en los medios de comunicación. El periodismo tiene la responsabilidad de informar, no de dictar veredictos ni de influir en procesos judiciales o administrativos.
Lo más alarmante es que muchos de estos periodistas desconocen o ignoran deliberadamente la Ley 6132 sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento, normativa que establece los principios legales que rigen la libertad de prensa y el ejercicio responsable del periodismo en la República Dominicana.
Esta ley, en su espíritu, protege el derecho a la libre expresión, pero también impone obligaciones claras para evitar la difamación, la calumnia y el uso indebido de la prensa para intereses particulares.
A pesar de ello, algunos han visto en la ignorancia de esta legislación una oportunidad para abusar de su posición, utilizando su influencia para sembrar temor o manipular a quienes deberían ser sus fuentes o investigados.
Este tipo de comportamientos no solo afectan a quienes caen en las redes del chantaje, sino que también socavan la confianza del público en los medios de comunicación, tan esenciales para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.
En lugar de ser un pilar de información veraz y objetiva, el periodismo se ve amenazado por aquellos que, sin respeto por la ética ni por la ley, buscan su propio beneficio a costa del deterioro de una profesión que históricamente ha sido una fuerza de cambio y justicia.
Frente a esta realidad, es urgente que se refuercen las regulaciones y se promueva la profesionalización del periodismo. Las instituciones académicas, los gremios periodísticos y las autoridades deben trabajar de la mano para garantizar que quienes ejercen el periodismo lo hagan con la formación y la ética necesarias, respetando siempre la Ley 6132 y otros marcos regulatorios que buscan preservar la integridad de la profesión.
Solo a través de la educación y la implementación rigurosa de la ley podremos combatir el creciente fenómeno del chantaje y la extorsión disfrazados de periodismo. Santo Domingo Este necesita comunicadores comprometidos con la verdad, responsables ante la ley y conscientes de su papel en el desarrollo social y democrático de la nación.
