POR JHONNY TRINIDAD
Hay siete curules que viven en un limbo. Están en la Constitución, están en la boleta, cobran del presupuesto dominicano, pero no terminan de estar en la vida real de la gente que dicen representar.
Son los siete diputados de ultramar. Tres por Estados Unidos, dos por Europa, dos por Centroamérica y el Caribe.
Cada cuatro años se hace el mismo ritual: caravanas en El Bronx, mítines en Lawrence, promesas en Madrid, abrazos en San Martín. Se habla de la diáspora, de su sacrificio, de las remesas que sostienen al país. Se llora con el himno en un restaurante de Queens. Y después, el silencio.
Pasadas las elecciones, ¿dónde están los siete?
La pregunta incómoda no es si trabajan o no. Es más profunda: ¿Para qué sirven?
Vamos a los datos que duelen. En las últimas tres legislaturas, la mayoría de los proyectos sometidos por diputados de ultramar son préstamos de proyectos nacionales, resoluciones de reconocimiento a personalidades de la diáspora y solicitudes de operativos de cedulación. Nada que transforme estructuralmente la vida del dominicano en el exterior.
Mientras tanto, los problemas reales siguen ahí, intactos, esperando a un legislador que los convierta en ley:
El dominicano en Nueva York que dura dos años sin poder renovar su cédula porque la JCE no abre suficientes centros.
La madre en Madrid que no puede inscribir a su hijo nacido en España sin tener que viajar a Santo Domingo porque el sistema de registro civil en el exterior es un laberinto.
El joven dominicano en Boston que paga impuestos en dos países y no tiene ningún acuerdo de doble tributación que lo proteja.
El dominicano deportado que llega sin acta de nacimiento, sin cédula, sin nada, porque nunca existió un puente legal real entre la isla y su diáspora.
Ninguno de esos temas se resuelve con una resolución felicitando a un bachatero.
El segundo problema es la representación invertida. El diputado de ultramar es elegido por el dominicano que vive fuera, pero su lealtad real se la debe al partido que lo colocó en una lista cerrada y bloqueada en Santo Domingo. No le debe la curul al votante de Paterson, se la debe al presidente de su partido en la capital. Por eso, cuando hay que votar por el Código Penal, por el Presupuesto, por un préstamo internacional, vota con su bloque, no con su comunidad. Representa a su partido en el exterior, no al exterior en su partido.
Y ahí nace la pregunta incómoda que nadie en los comandos de campaña quiere hacer:
¿Vale la pena mantener siete diputados de ultramar bajo el modelo actual?
Porque nos cuesta. Cuesta dinero, cuesta burocracia, cuesta desilusión. Cada diputado de ultramar le cuesta al Estado dominicano más de 30 millones de pesos al año entre salario, exoneraciones, oficina, asesores, viajes y viáticos. Multiplique eso por siete. Más de 200 millones al año para una representación que la propia diáspora no siente.
No estoy diciendo que la diáspora no deba tener representación. Todo lo contrario. Estoy diciendo que merece una representación de verdad.
La diáspora no necesita siete figuras decorativas que aparecen cada cuatro años. Necesita representación directa y no por lista de partido. Que sea la comunidad en Nueva Jersey, en España, en Puerto Rico, quien proponga y elija a sus candidatos mediante primarias abiertas en el exterior, no que le impongan nombres desde Santo Domingo.
También, una ley de atención integral a la diáspora. Que garantice cedulación permanente y móvil, servicios consulares dignos, defensa legal para dominicanos en procesos migratorios, validación de títulos universitarios, y una ventanilla única para inversión de remesas productivas.
Que cada diputado de ultramar esté obligado por ley a tener oficina abierta, audiencias públicas trimestrales en su circunscripción y un informe anual de gestión presentado no en el Congreso, sino en su comunidad.
Si no, seguiremos en el mismo teatro. Un teatro caro y doloroso.
Porque lo más triste no es que los siete diputados de ultramar no hagan lo suficiente. Lo más triste es que la diáspora ya se acostumbró a no esperar nada de ellos.
Y cuando un pueblo deja de esperar algo de sus representantes, la democracia se muda de país, aunque la curul siga cobrando en pesos dominicanos.
