CARACAS.- El gobierno emplazará a partir del lunes a las fuerzas armadas para combatir la delincuencia que azota a Venezuela, anunció el sábado el presidente Nicolás Maduro.
«Ya el lunes empezamos el plan especial Patria Segura, que es el plan de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sale a la calle a proteger al pueblo, a todo el pueblo, así unión cívico-militar para una patria segura», dijo el gobernante en un mensaje transmitido a la nación por radio y televisión.
Maduro indicó que 3.000 efectivos de la Fuerza Armada se unirán a las tropas de la Guardia Nacional como parte de una iniciativa que busca «ir disminuyendo rápidamente el índice delictivo».
Los secuestros, robos a mano armada y asesinatos son frecuentes en Venezuela, donde la población considera a la criminalidad como el problema más grave del país, según estudios de opinión.
En una primera fase los agentes serán desplegados en los municipios capitalinos de Libertador, Sucre y Baruta, que figuran entre los más peligros del país, señaló el mandatario. En total son seis puntos «que van irradiar el resto» de la capital venezolana y otros estados, destacó.
Un reporte divulgado en marzo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubica a Venezuela como el quinto país con la mayor tasa de homicidios del mundo en el 2012, sólo detrás de Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica.
Las autoridades venezolanas no han dado a conocer estadísticas completas de homicidios del año pasado.
En marzo, sin mencionar cifras totales, Maduro indicó que «en seis entidades (estados) del país se concentran 60% de los fallecidos por homicidios» el año pasado.
Enumeró que a la cabeza de la lista figura el estado central de Miranda con «2.596 (homicidios), Carabobo en segundo lugar con 1.851, Distrito Capital (Caracas), 1.743, Zulia 1.471, Aragua 1.068 (y) Lara 998 «. No mencionó las cifras de los restantes 18 estados.
El plan será extendido después a las ciudades Valencia (Carabobo), Maracaibo (Zulia) y Barquisimeto (Lara), se informó.
En años recientes, el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo debido a un cáncer, tomó medidas que incluyen la creación de una policía nacional, pero no han sido suficientes para contener los crímenes violentos.
«Sacamos la Fuerza Armada a la calle porque es una necesidad, vamos a construir una patria segura», manifestó Maduro, quien fue designado por el propio Chávez como su heredero político y fue elegido presidente por estrecho margen el pasado 14 de abril.
Maduro detalló que los militares contarán «con sus vehículos, con sus equipamientos, con sus comunicaciones centrales».
El despliegue de militares en labores policiales ha generado preocupaciones entre los activistas, que han advertido que esa iniciativa podría llevar a violaciones de los derechos humanos.
En ese sentido, Maduro expresó que «el Ejército de libertadores, el Ejército de (Hugo) Chávez ya no va a salir como el 27 de febrero (de 1989) cuando la burguesía lo mandó a masacrar a Guarenas y a Guatire y al pueblo de Venezuela; ahora va a salir a protegerlo».
Al menos 300 personas murieron en el estallido social de 1989, al inicio del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
Las autoridades, con la ayuda de la fuerza militar, aplastaron las protestas callejeras desatadas por una serie de alzas en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público.
Rafael Uzcátegui, un activista de la organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), ha advertido que no se debería usar a los militares para combatir el crimen, pues no están entrenados con ese propósito.
«El entrenamiento de los componentes de la Fuerza Armada es para enfrentar situaciones de guerra, de conflictos armados, muy diferentes a las relacionadas con la necesidad de tener una política democrática de control del orden público y de contención de la delincuencia», señaló.
«Provea siempre ha cuestionado el uso de organismos de la Fuerza Armada para operativos para controlar la seguridad ciudadana», añadió. «Esto puede generar potenciales violaciones a los derechos humanos».
