COSTA RICA.- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla alegó en un comunicado publicado en las últimas horas que su Gobierno fue «engañado» por un colombiano que les prestó su avión privado y que presuntamente está vinculado al narcotráfico.
La presidenta dijo que el colombiano, Gabriel Ricardo Morales Fallón, se presento con el nombre de Gabriel O’Falan, tal como dijo este miércoles antes de renunciar por este escándalo el ministro de Comunicación de Costa Rica, Francisco Chacón.
Chinchilla y sus más cercanos colaboradores son blanco de las críticas de todos los sectores políticos y sociales costarricenses debido a los dos viajes que hizo en el avión de la empresa THX Energy, el cual fue facilitado al Ejecutivo de manera gratuita.
Chinchilla viajó en ese avión en marzo pasado a Caracas al funeral del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el pasado fin de semana a Lima para asistir a una boda.
Investigaciones periodísticas demostraron que uno de los directivos de THX Energy con los que el Ejecutivo costarricense tuvo contacto es Gabriel Ricardo Morales Fallón, supuestamente vinculado al narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias ‘Chupeta’.
Según dijo Chacón antes de renunciar este miércoles, Morales Fallón se presentó ante él y otros funcionarios de Gobierno con una tarjeta de negocios con el nombre de Gabriel O’Falan.
Chinchilla indicó en un comunicado que Chacón fue «engañado», y resaltó su «profunda preocupación» por la «cadena de fallos» que se produjeron para que no se implementaran «los filtros y los controles» que hubieran dado la alerta sobre el vínculo del avión «con una persona cuestionada por actividades ilícitas».
Los diputados de oposición no han escatimado en críticas severas al Gobierno por este caso, especialmente contra los funcionarios encargados de la seguridad de la presidenta.
Chacón presentó una denuncia formal contra Morales por suplantación de identidad y hoy el fiscal general, Jorge Chavarría, dijo a la emisora ADN que sobre esta persona ya existía un expediente facilitado por las autoridades de Colombia.
Para Chavarría, el mayor error en este caso fue la falta de comunicación entre el despacho de la Presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.
El caso también es investigado por la Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica.
