ARGENTINA.- Los familiares de Jorge Rafael Videla, fallecido este viernes a los 87 años, mantienen en absoluta reserva cuál será el destino final de los restos del exdictador argentino, que permanecían este sábado en una morgue en Buenos Aires.
El cuerpo de quien gobernara de facto Argentina entre 1976 y 1981 fue trasladado en la tarde de este viernes para la realización de una autopsia a la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires, donde aún permanecía hoy, según informaron medios locales.
Videla fue hallado muerto en la mañana del viernes en una cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz, donde purgaba condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
El Servicio Penitenciario Federal informó en un comunicado que Videla fue encontrado en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realizó un electrocardiograma para constar su muerte.
Un juez de la localidad bonaerense de Morón dispuso la realización de una autopsia al cadáver, cuyo resultado no ha sido aún difundido públicamente.
Los familiares de Videla no se han pronunciado sobre la muerte del exmilitar y mantienen en absoluta reserva cuándo y dónde serán sepultados los restos del exdictador.
Lo que sí se ha confirmado es que Videla no recibirá ningún honor militar en su funeral, debido a una decisión del Ministerio de Defensa argentino.
Portavoces del Estado Mayor General del Ejército argentino explicaron que ello se debe a que «Videla fue destituido del Ejército» y a que, además, está vigente desde 2009 una resolución de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, que prohíbe dar honras en los funerales a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
La noticia de la muerte del exgobernante de facto ha causado gran impacto en la sociedad política argentina, que al unísono renovó su condena hacia el régimen dictatorial, y hoy es centro de todas las portadas de la prensa local.
También hoy han aparecido cerca de una veintena de avisos fúnebres dando cuenta de la muerte de Videla, a quien recuerdan como alguien «injustamente» encarcelado y que lideró la «guerra» contra la subversión.
Los avisos, publicados en el diario La Nación, de Buenos Aires, son en total 18, varios con la firma de ex militares, pero ninguno con la de su familia.
En ellos los firmantes despiden «con profunda tristeza al general Videla, injustamente privado de su libertad, pidiendo a Dios recompense a el y su familia por los sufrimientos padecidos».
En otro aviso se afirma que Videla «comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida» y «murió en injusto cautiverio».
«Si alguno quiere llorar, lo puede hacer, pero tiene que saber que no llora a una buena persona, llora a un hombre que torturó, mató y violó la Constitución», afirmó este viernes la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, en una rueda de prensa junto a representantes de otros organismos humanitarios que pelean por llevar a los represores ante los tribunales.
Videla, procesado en varias causas por delitos de lesa humanidad, se negó el martes pasado a declarar en un juicio por delitos cometidos en el marco del denominado «Plan Cóndor» de coordinación de las dictaduras del Cono Sur americano, que le tenía como uno de los principales imputados.
El fiscal de este caso, Pablo Ouviña, dijo hoy que las entrevistas concedidas a la prensa por el exmilitar serán tomadas en cuenta para este juicio aunque aclaró que no tendrán el mismo peso que una declaración indagatoria.
«Ya no tenemos capacidad para seguir juzgándolo. (…) Lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza. Por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho. Mi esperanza era que en algún momento lo hiciese», sostuvo el fiscal en declaraciones a radio América.
Por su parte, León Arslanian, quien integró el tribunal que enjuició a la Junta Militar en 1985, lamentó hoy que Videla hubiera muerto sin revelar detalles de las operaciones militares que causaron la desaparición de 30.000 personas durante la dictadura (1976-1983).
«Se llevó a la tumba secretos sobre cada una de las operaciones y el destino de las personas desaparecidas», dijo Arslanian en declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires.
