SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Amnistía Internacional señaló este miércoles que cuatro años después de la desaparición de Juan Almonte, las autoridades dominicanas siguen incumpliendo sus obligaciones de aclarar su paradero y respondiendo a la solidaridad internacional que ha despertado el caso con desdén.
“A pesar de los repetidos llamamientos realizados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos e incluso por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades dominicanas siguen negando su responsabilidad por la desaparición de Almonte.
Es algo vergonzoso”, dijo Robin Guittard, miembro del equipo de investigación sobre el Caribe de Amnistía Internacional. “Lo máximo que las autoridades dominicanas han llegado a decir acerca del caso es que se están llevando a cabo relevantes actuaciones para establecer el paradero de Juan Almonte, sin especificar cuáles.
Todo ello es claramente insuficiente”, añadió el representante de Amnistía Internacional. Contable y miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Juan Almonte fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2009, fecha en que, según testigos, unos agentes de policía lo detuvieron cuando se dirigía caminando a su oficina, en Santo Domingo.
Tras la desaparición de Juan Almonte, sus familiares y sus abogados denunciaron estar siendo vigilados por la policía desde automóviles y desde la calle, frente a sus casas.
La hermana de Juan recibió llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían que no diera más publicidad a la desaparición.
El caso de Juan Almonte ha generado una gran preocupación internacional. El pasado mes de diciembre, activistas de Amnistía Internacional de 23 países enviaron alrededor de 40.000 cartas al gobierno dominicano reclamando que esclareciera el paradero de Almonte.
A lo largo del pasado verano, decenas de personas de todo el mundo se han hecho fotos con la efigie del desaparecido. Esas fotos forman parte de una exposición que se abre esta semana en Santo Domingo con la intención de presionar al gobierno dominicano para que emprenda las acciones necesarias para localizar a Almonte y llevar ante la justicia a los responsables de su desaparición.
“Las autoridades dominicanas siguen sin actuar sobre el caso, a pesar de estas demostraciones de solidaridad y movilización internacional. No es de extrañar, pues han permanecido indiferentes a las medidas dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, lo más importante, a la tortura que diariamente supone para la familia de Juan no saber nada de él desde hace cuatro años”, afirmó Guittard.
“Si las autoridades dominicanas quieren demostrar un compromiso efectivo con los derechos humanos, deben esclarecer el paradero de Almonte. Mientras no conozcamos su destino, no podemos confiar en sus palabras y promesas”, añadió. Según Amnistía Internacional, el caso de Juan Almonte es muy emblemático de las numerosas violaciones de derechos humanos que comete la Policía Nacional dominicana cada año.
“En un momento en que el gobierno dominicano se ha comprometido a reformar la policía, la impunidad en el caso de Juan Almonte envía un mensaje desalentador acerca de la voluntad política de las autoridades dominicanas de poner el respeto de los derechos humanos en centro del proceso de reforma policial”, dijo Guittard.
