República Dominicana no debe dominicanizar delincuentes, dice abogado

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“No podemos absorber ese tipo de personas, no se puede legalizar un fraude de personas que han obtenido una nacionalidad con documentaciones dolosas”, precisó.
“No podemos absorber ese tipo de personas, no se puede legalizar un fraude de personas que han obtenido una nacionalidad con documentaciones dolosas”, precisó.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El exjuez de instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo este lunes que el país no puede dominicanizar a los extranjeros que han obtenido documentos de manera fraudulenta.

Denunció que funcionarios de gobiernos extranjeros están presionando para que el país asuma como dominicanos a un grupo de personas de gran magnitud que entraron sin ningún tipo de control.

Ayer el jurista había adelantado que junto a un grupo de abogados estaban a la espera de que la Junta Central Electoral (JCE) entregara la información de suplantación, evaluaran las pruebas, para formalizar una denuncia.

El grupo de abogados, respaldado por el Comité Internacional de Solidaridad con Haití, dijo que sólo esperan determinar las pruebas para iniciar el procedimiento contra los responsables de los fraudes.

Dijo que República Dominicana no puede resolver un problema de un Estado fallido como lo es Haití “asumiendo una población que no lo es”.

“El tema es grave, el país debe despertar para frenar esa situación”, dijo el abogado al ser entrevistado por la vía telefónica.

“No podemos absorber ese tipo de personas, no se puede legalizar un fraude de personas que han obtenido una nacionalidad con documentaciones dolosas”, precisó.

En el país hay personas que entraron sin ninguna documentación que mediante mafias organizadas obtuvieron actas de nacimiento y que ahora reclaman una nacionalidad. “Todo lo que tiene que ver con el Registro del Estado Civil ha sido vulnerado”.

Empresarios, sindicalistas y políticos analizaron la sentencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta a su impacto económico, social y político, y todos coincidieron con las mismas preocupaciones.

Explicaron el alcance de la sentencia en materia civil, en derecho internacional público, privado y contexto migratorio.

Lamentó que en el país haya un fenómeno migratorio descontrolado y que eso ha permitido la entrada de extranjeros que en ocasiones algunos han delinquido en su país natal y se refugian aquí. El abogado puso como ejemplo el caso de José David Figueroa Agosto, que llegó a obtener siete cédulas y quien permaneció por diez años escondido de las autoridades puertorriqueñas.

“Cuantos están documentados que no saben ni siquiera hablar español”. Indicó que solicitan a la Dirección de Registro Civil de la JCE las informaciones correspondientes para ver en qué dimensión están los casos de suplantación de datos y falsificación de actas.

Advirtió que someterá ante los tribunales a todos los involucrados en la vulneración del registro civil dominicano para obtener documentos falsos, muchos de los cuales han acudido a organismos internacionales para tratar de que la República Dominicana sea condenada, supuestamente por violar sus derechos.

Los abogados, junto a varias entidades agrupadas en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, acudirán a las 2:00 de la tarde de este lunes a la Junta Central Electoral para iniciar las acciones legales contra organizaciones no gubernamentales (ONG), o personas que resulten involucradas en suplantación o falsificación de documentos e identidad.

El anuncio fue hecho en el foro “Análisis jurídico de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la nacionalidad dominicana a extranjeros”, en el que participaron empresarios, políticos, juristas y sindicalistas, y que se celebró este domingo en el hotel Santo Domingo.

El doctor Castillo Pantaleón, a nombre del grupo, dijo que en la JCE, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, solicitarán la documentación de todos aquellos que han obtenido actas de nacimiento y cédulas de forma ilícita, “llamase documento públicos falsos, usurpación de identidad de personas vivas, adquisición de documentos de fallecidos, lo cual la ley lo sanciona y castiga como delito”.

Fiscales deben actuar “Es una obligación del Ministerio Público, y no se explica el por qué hasta la fecha no lo ha hecho”. Por esa razon, dijo, este grupo se encargará de hacerlo.