SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Fuerza Nacional Progresista (FNP), entidad política que preside Marino Vinicio Castillo (Vincho), entiende que el Gobierno dominicano debe pasar a la ofensiva en el campo diplomático para defender la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, empezando por reclamar al Gobierno haitiano el cumplimiento su obligación de reconocer y documentar a sus nacionales y sus descendientes, así como demandar respeto al Acuerdo de Washington 1938 y su modus operandi.
En un comunicado a esta redacción, la FNP señala que este acuerdo constituye el único instrumento vigente entre ambos estados, concertados con los auspicios de F.D. Roosevelt.
“El liderazgo haitiano, que ha probado ser muy diligente procurando sanciones para la República Dominicana, no debe seguir actuando con la actitud del que se cree que todo le está permitido y que no tiene nada que perder”, citan en el comunicado.
Entiende además, que el Gobierno debe demandar a la comunidad internacional apoyar seria y consistentemente al pueblo haitiano en esfuerzos dirigidos a la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, destruidas o seriamente menoscabadas hace largo tiempo, lo que contribuirá a reducir las fuertes tendencias a emigrar de su población.
La entidad señala que el Gobierno dominicano debe reclamar que la Minustah asuma su obligación de vigilar y prevenir desde el territorio de Haití el tráfico de ilícito, en especial la migración ilegal y el tráfico de armas y drogas, algo que desafortunadamente nunca ha hecho.
ADVIERTE DE PLAN CONTRA SENTENCIA TC
Ante todo lo antes mencionado, advirtieron que se prepara a la opinión pública del país para que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sea desconocida o mediatizada, mediante un compromiso de naturaleza política, condicionado desde el exterior.
Indica que le preocupa que la gran mayoría de los dominicanos tienen la percepción de que no están representados adecuadamente los intereses nacionales.
Explica que esta apreciación en torno a la posición dominicana existe por “las agresivas e injustificadas acciones diplomáticas de Haití, que lograron convertir a CARICOM en un foro de enjuiciamiento y censura de la República Dominicana, desde el que se amenazó, incluso, con solicitar tanto a Petrocaribe como a otras organizaciones internacionales sanciones en su contra”.
Destaca que hay que realizar una ratificación enfática e inequívoca, de su acatamiento cabal a la sentencia del TC y dejar claramente establecido que no puede existir fórmula alguna que desnaturalice o limite los alcances de esa trascendental decisión, que cuenta además con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.
Expresa que está de acuerdo con la Ley de Naturalización Especial, porque se limitarán a favorecer a las personas nacidas en el territorio nacional, hijas de padres extranjeros en tránsito o situación ilegal, que fueron inscritas en forma indebida en el Registro Civil, que poseen arraigo fehaciente en la República, y que no tengan faltas atribuibles a su persona en el proceso de obtención de su documentación.
Manifiesta que resulta inaceptable procurar extender esos beneficios a los autores de fraudes, falsificaciones o suplantaciones de índole criminal en el Registro Civil.
Anexo el documento enviado.
DECLARACION PÚBLICA
EN LA HORA DIFICIL DE LA NACION….…
En nuestra condición de partido aliado del Partido de la Liberación Dominicana desde 1993 -en virtud del acuerdo suscrito con su líder histórico Juan Bosch- y de amigos y aliados del Presidente Danilo Medina, queremos manifestar por medio de la siguiente declaración pública, algunas valoraciones, reflexiones y planteamientos en relación al anuncio realizado por el Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, de que Haití y República Dominicana asumirán, al más alto nivel, un diálogo sobre importantes asuntos de su agenda bilateral:
Primero. Siempre resulta saludable que los Estados prioricen el diálogo para resolver sus diferencias, algo que por demás constituye una obligación consignada en múltiples tratados, y es de la esencia de las relaciones internacionales. Lamentablente, el diálogo con Haití ha resultado infructuoso en los últimos tiempos, a pesar de que existe un órgano institucional, que es la Comisión Mixta Binacional, creado para esos fines en 1996 a instancias de la Comunidad Internacional. Ese órgano ha sesionado escasamente y los resultados han sido insatisfactorios, en gran medida por el ambiente de inestabilidad y precariedad institucional que acusa la República de Haití.
Por tanto, es bueno destacar que la anunciada creación de una Comisión de alto nivel, conformada por cinco miembros de cada país, en los hechos implicará la anulación del órgano existente a partir de un reconocimiento implícito de su infuncionalidad. Gestionar las relaciones internacionales entre Estados requiere de un alto nivel de institucionalidad, y se manda una señal negativa cuando se desconocen los organismos existentes.
Segundo. Por las circunstancias especiales en las que se ha venido desarrollando el diferendo diplomático entre la República Dominicana y Haití, es entendible que cualquier iniciativa de diálogo sea acompañada por terceros Estados y Organismos Internacionales, algo que constituye una práctica común en el ámbito de las relaciones internacionales.
Sin embargo, el gobierno dominicano no debió aceptar nunca que el CARICOM fuera parte de ese proceso, toda vez que con una ligereza inaceptable descalificó un ejercicio legítimo de soberanía del Estado Dominicano, como lo es la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y en gran medida fue responsable de que se frustrara el anterior esfuerzo de mediación auspiciado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En ese contexto, nos preocupa sobremanera, como preocupa a la gran mayoría de dominicanos y dominicanas, la lamentable percepción existente de que no se están representando adecuadamente los intereses nacionales y que, en cambio, se preparan las condiciones políticas y de opinión para que la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sea desconocida o mediatizada, mediante un compromiso de naturaleza política, condicionado desde el exterior. Esta última apreciación en torno a la posición dominicana existe porque las agresivas e injustificadas acciones diplomáticas de Haití lograron convertir a CARICOM en un foro de enjuiciamiento y censura de la República Dominicana, desde el que se la amenazó, incluso, con solicitar tanto a Petrocaribe como a otras organizaciones internacionales sanciones en su contra.
Tercero. Es cierto que la agenda acordada para el diálogo domínico haitiano es de alta prioridad, y que sería un gran éxito que se pudieran destrabar algunos de los proyectos y propuestas que han venido concibiéndose, tanto en interés de ambos países como de toda la región. Asuntos como el cambio de matriz energética de Haití, para que consuma más gas, y menos leña y carbón, la preservación de la cuenca del Artibonito, así como la coordinación de esfuerzos de seguridad para impedir el tráfico de drogas por vía aérea y marítima hacia la Isla de Santo Domingo, constituyen áreas de exigente cooperación internacional.
Sin embargo, conociendo todas las resistencias que, desde el 1996, oponen poderosos actores nacionales e internacionales a las políticas de migración, nacionalidad y frontera de la República Dominicana, no podemos ocultar la viva inquietud que experimentamos cuando se incluyen estos temas en la agenda de dicha comisión, a pesar de que por su naturaleza pertenecen al dominio reservado de los Estados.
Por estas razones nos sentimos en el deber de sugerir al gobierno del Presidente Danilo Medina a lo siguiente:
A) Realizar una ratificación enfática e inequívoca, de su acatamiento cabal a la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y dejar claramente establecido que no puede existir formula alguna que desnaturalice o limite los alcances de esa trascendental decisión, que cuenta además con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.
B) Establecer en forma terminante que los beneficios de la Ley de Naturalización Especial -con la que estamos plenamente de acuerdo- se limitarán a favorecer a las personas nacidas en el territorio nacional, hijas de padres extranjeros en tránsito o situación ilegal, que fueron inscritas en forma indebida en el Registro Civil, que poseen arraigo fehaciente en la República, y que no tengan faltas atribuibles a su persona en el proceso de obtención de su documentación. Resultaría inaceptable procurar extender esos beneficios a los autores de fraudes, falsificaciones o suplantaciones de índole criminal en el Registro Civil.
Cuarto. El gobierno dominicano debe pasar a la ofensiva en el campo diplomático, empezando por reclamar al gobierno haitiano el cumplimiento su obligación de reconocer y documentar a sus nacionales y sus descendientes, así como demandar respeto al Acuerdo de Washington 1938 y su modus operandi, que constituyen los únicos instrumentos vigentes entre ambos Estados, concertados con los auspicios de F.D. Roosevelt. El liderazgo haitiano, que ha probado ser muy diligente procurando sanciones para la República Dominicana, no debe seguir actuando con la actitud del que cree que todo le está permitido y que no tiene nada que perder.
Debe también demandar a la comunidad internacional apoyar seria y consistentemente al pueblo haitiano en esfuerzos dirigidos a la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, destruidas o seriamente menoscabadas hace largo tiempo, lo que contribuirá a reducir las fuertes tendencias a emigrar de su población. En ese mismo sentido, el gobierno dominicano debe reclamar que la Minustah asuma su obligación de vigilar y prevenir desde el territorio de Haití el tráfico de ilícitos, en especial, la migración ilegal y el tráfico de armas y drogas, algo que desafortunadamente nunca ha hecho.
República Dominicana, que ha sido el puntal de la estabilidad en la Isla de Santo Domingo, debe demandar a la Comunidad Internacional un reconocimiento de sus aportes solidarios frente al drama del pueblo haitiano, así como la aceptación de que el Estado Dominicano no puede continuar asumiendo una población migrante, depauperada e indocumentada en su país de origen, mayor que la que hace largo tiempo soporta.
Quinto. En estas circunstancias excepcionales, cuando más se evidencian las maquinaciones de la facción antinacional tras su objetivo de despojar a la República de su soberanía, es importante advertir sobre las terribles consecuencias que se derivarían de una violación al Artículo 3 de la Constitución de la República, en términos de deslegitimación de las autoridades que por acción u omisión consintieran o participaran de la misma.
También, urge que las autoridades tomen plena conciencia de los riesgos de producir un “efecto llamada” desestabilizador, si el Plan de Regularización Migratoria se pone en ejecución sin establecer estrictos controles fronterizos, que deben ser complementados con una verdadera política de seguridad y desarrollo en esa región estratégica de la nación.
Al concluir esta declaración, evocamos el pensamiento luminoso del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, cuando nos advertía que “el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos Patria y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional”.
