SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que las acusaciones contra Amable Aristy Castro están avaladas en un informe de la Cámara de Cuentas, donde mediante auditoría a las cuentas de la Liga Municipal Dominicana (LMD), se determinó que fueron distribuidos fondos por más de mil millones de pesos en beneficio de personas allegadas al senador por la provincia La Altagracia, así como gastos injustificados no permitidos por la Ley.
Domínguez Brito dijo que dicho informe corresponde al período del primero de enero al 31 de diciembre del 2006 y del primero de enero al 31 de diciembre del 2009.
El Procurador se expresó en estos términos tras la decisión del juez instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, de rechazar dictar prisión preventiva en contra de Aristy Castro, por considerar que senador, quien goza de inmunidad parlamentaria, no representa peligro de fuga.
Domínguez Brito aseguró que el caso del senado Aristy Castro, ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), representa un “gran desfalco” contra el Estado dominicano, al considerare que de acuerdo con la Ley, el riesgo de fuga es también un peligro en los hechos que se le imputan al congresista.
“Estamos hablando de un desfalco millonario del dinero de los bolsillos de los dominicanos y no podemos seguir viviendo un estado de impunidad en el sistema de justicia de nuestro país”, dijo.
Señaló que según las investigaciones realizadas, existen elementos de pruebas suficientes para sostener de manera razonable que el legislador por La Altagracia es con probabilidad autor o cómplice de infracción de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
Domínguez Brito argumentó que las investigaciones en torno Aristy Castro se producen sustentadas en el informe de la Cámara de Cuentas, que como resultado de auditorías realizadas a las cuentas bancarias de la LMD, correspondientes al período del primero de enero al 31 de diciembre del 2006 y del primero de enero al 31 de diciembre del 2009, reflejan que se distribuyeron más de mil millones de pesos en beneficio de personas allegadas al actual senador, así como gastos injustificados no permitidos por la Ley.
