Por Carlos Rafael Altuna Tezanos
“La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”.
José De San Martín
Esta popular frase “Como la espada de Damocles” se la debemos al historiador griego Timeo de Tauromenio, metáfora que hasta el día de hoy se utiliza para referirse a una amenaza constante que puede desencadenar en un inesperado y repentino trágico desenlace.
Como si fuera parte de un rompecabezas del tinglado internacional en contra del Estado dominicano, sin buscar explicaciones vemos cómo cada pieza va cayendo a la perfección en su lugar.
El pasado 23 de octubre, el canciller de Haití, Pierre Duly Brutus, durante una visita a su homólogo dominicano aprovechó para solicitar a nuestro gobierno una extensión del plazo establecido para optar por los beneficios del Plan Nacional de Regularización que concluyó el 28 del mes recién pasado, no sin antes reconocer que Haití ha tenido debilidades para facilitar documentos a sus nacionales.
Mientras tanto, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aclaró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en realidad no termina el día 28 de octubre sino en junio de 2015, dejando claro que lo que termina en la referida fecha era el proceso de inscripción de hijos de ilegales extranjeros nacidos en el país hasta el 18 de abril de 2007, y puntualizó que a la fecha solo 1,521 hijos de ilegales se han registrado en el Libro de Nacimiento de Extranjeros, por lo que el gobierno evalúa la posibilidad de someter un proyecto de ley para extender su vencimiento.
Frente a estas muestras de voluntad política y solidaridad, al parecer la comunidad internacional aún no parece reconocer el extraordinario esfuerzo y sacrificio del gobierno dominicano en solucionar la problemática migratoria existente, donde el 90% del grueso de la totalidad de los ciudadanos ilegales corresponde a inmigrantes haitianos, y quienes precisamente son los que han confrontado los mayores problemas para acreditarse ante el Plan Nacional de Regularización desarrollado por las autoridades nacionales. Y esto ocurre, no por culpa nuestra, sino más bien por las trabas de sus autoridades, quienes en principio cobraban una suma de dinero inalcanzable para los ciudadanos haitianos que viven ilegalmente en el país.
El mismo 23 de octubre, aún sin haber una solicitud formal del gobierno haitiano, el presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional extender por un período de 90 días más la aplicación de la Ley Especial de Naturalización de Extranjeros, para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional no figuran inscritos en el Registro Civil, puedan solicitar la regularización de su estatus migratorio, contemplados en la Ley 169-14 y su reglamento de aplicación. Petición acogida a unanimidad por nuestros legisladores y promulgada por el ejecutivo nacional bajo la Ley 520-14, a tan solo siete días de ser sometida.
Esta loable decisión del Presidente, desde mi perspectiva se debe, primero: a una estrategia dirigida a bloquear los grupos aliados alrededor de intereses internos y externos que apuestan al fracaso del plan de regularización, que aún sin que las autoridades haitianas solicitaran formalmente una prórroga, el gobierno dominicano la propone y solicita al Congreso; segundo, como una táctica diplomática ante las trabas que el gobierno haitiano impone al facilitar las documentaciones necesarias a sus nacionales asentados en el país de manera ilegal, que desde mi óptica es una maniobra premeditada, y tercero, por razones humanitarias de un pueblo que acoge sin reservas a estos seres, a los que su propio Estado les niega reconocer sus derechos.
Este mismo día, para sorpresa de nuestro pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó una sentencia en la que declara culpable al Estado dominicano por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000. Dictamen que también declara incompetente la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14 que instituye el Plan Nacional de Regularización Migratoria, aunque ambos dictámenes nunca formaron partes de este caso particular ni de los hechos valorados durante el juicio.
Un fallo humillante, absurdo e ilegítimo, que atropella los principios de autodeterminación y soberanía del Estado dominicano, que a su vez pretende desconocer la Constitución, que trasgrede la separación de poderes y al ordenamiento jurídico. Una sentencia que ordena dejar sin efecto leyes sustantivas, adjetivas o reglamentaciones administrativas que, por efecto de la permanencia ilegal de sus padres no se les da la nacionalidad dominicana.
Fallo que de ser acatado, el Estado perdería su autoridad en el ordenamiento migratorio, donde simplemente todo hijo de haitiano indocumentado, aunque no viviese en la República Dominicana, tendrían derecho a la nacionalidad dominicana, en virtud a que esta corte sugiere eliminar de la Constitución el “Jus Solis”.
Debo indicar que, de 194 países miembros de ONU, tan solo 30 aceptan el “Jus Solis”, dejando claramente que 164 no reconocen la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios, entre los que se encuentran Haití y República Dominicana, de igual manera adoptan esta medida 28 estados de la Union Europea. Sin embargo, la tendencia mundial es restringir el otorgamiento de la nacionalidad bajo el esquema del “Jus Solis”, en razón a que la inmigración se ha convertido en un problema insostenible para los estados.
Aunque han pretendido acusarnos de querer dejar a muchos nacionales haitianos en condición de apátrida, situación que no es real, porque el gobierno dominicano inició un proceso de regularización gratuito, y además en razón a lo establecido en el artículo 20 inciso 2 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que, “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, en el peor de los casos ellos tienen la de Haití, según se estipula en su propia Constitución.
Ante tal aberración jurisprudencial, el gobierno dominicano a través de su vocero Roberto Rodríguez Marchena, rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna, aunque también reiteraba su compromiso con el sistema interamericano. En su alocución indicó que cualquier interpretación antojadiza no puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad. También reafirmó que el deber del gobierno en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana.
Este insólito atropello jurídico, sin duda alguna constituye un desafuero a nuestra soberanía y un irrespeto a los dominicanos, un pueblo noble y solidario con todos, más aún con el pueblo haitiano, a quienes nunca los ha olvidado ni abandonado en sus penurias y vicisitudes, mientras otros les dan la espalda y le niegan sus espacios.
Solo queda un camino, y es que el Estado, gobierno y el pueblo dominicano no admitan bajo ninguna circunstancia esta decisión de la Corte Interamericana, porque sería desconocer nuestra Constitución, ordenamiento que establece lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad.
Ante esta extralimitación de la CIDH en su equivocada interpretación sobre las normativas de la nacionalidad, y aunque el pueblo dominicano tenga sostenida sobre su cabeza la “Espada de Damocles” sujeta únicamente de una hebra de cabello, creo que este es un fallo que el Estado no tiene ninguna obligacion de aceptar.
