Presidente de la JCE
SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) reveló este jueves que un grupo de 23 personas que demandaron esa institución por supuesta violación de sus derechos, ya tienen sus actas de nacimiento y hasta cédula de identidad y electoral.
Roberto Rosario Márquez explicó que durante la reunión hoy del Pleno de la JCE, se presentó una copia de la instancia depositada en la Procuraduría General de la República por una asociación denominada “Red Jacques Viau” y por 23 personas que a su vez fueron representados por unos 5 abogados que interpusieron una querella en contra de los magistrados, miembros titulares de la institución
El grupo se quejó de que la JCE les había retenido sus documentos de identidad y por ello sometió la demanda ayer por alegados daños y perjuicios sufridos.
La querella fue interpuesta contra Roberto Rosario, los miembros del Pleno, Rosario Altagracia Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz, los oficiales del Estado Civil de las circunscripciones 1 y 2 de San Pedro de Macorís, las oficialías civiles de los municipios Ramón Santana y San José de los Llanos por la emisión de la resolución 012-2007 y la circular 017-2007.
Rosario Márquez indicó que parte de este grupo de personas y estos abogados, anteriormente ya habían presentado sus acciones contra la República Dominicana por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y en otras instancias extraterritoriales.
Durante una rueda de prensa, Rosario Márquez presentó la documentación de 12 de las 23 personas que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y su cédula de identidad y electoral, por lo que considera que no tienen razones para estar demandando a la institución por supuesta falta de documentos.
Una vez conocida esta acción, el Pleno consideró que no existen razones que den lugar a esta acción y por tanto autorizó al presidente de la Institución a que asuma la defensa de la JCE, de los magistrados Graciano de los Santos, Féliz Féliz, de Rosario Márquez y de los oficiales civiles.
“La Junta Central Electoral deplora que esta acción fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes, coincida con una campaña internacional que pretende atribuir a la República Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia, situaciones que no existen en la nación y que por demás las mismas de seguro serán utilizadas por los enemigos del país para querer dañar la imagen y la estructura económica de aquí”, explicó Rosario Márquez en un comunicano.
Expresó que “los magistrados acusados y nuestros funcionarios asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos por estas u otras personas e instituciones, con la frente en alto la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional”.
Otros casos conocidos por el Pleno
En la sesión de este jueves, el Pleno de la Junta Central Electoral conoció los números de serie a los Distritos Municipales de reciente creación de la provincia de San Cristóbal, Doña Ana, Hatillo y Quita Sueño, con los números 396, 397 y 398 respectivamente, en cumplimiento de las leyes 339-8-15 y 540-14, y que fueron remitidas a la institución por la Presidencia de la República.
Asimismo dispuso iniciar una amplia jornada de trabajo para dar salida a 15,830 expedientes de ciudadanos dominicanos que tienen sus respectivas cédulas de identidad suspendidas o en proceso de cancelación por diversas razones, principalmente por suplantaciones y falsedades de datos.
Estas investigaciones deben concluir antes de la fecha del cierre del Padrón Electoral, a fin de no afectar el ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas afectadas, principalmente el derecho al sufragio, indica la nota de la JCE.
En otro orden, el Pleno otorgó la acreditación correspondiente para oficiar matrimonios religiosos en virtud de la ley 198-11, que regula los matrimonios religiosos y sus efectos a la iglesia “Somos Adoradores Incorporados”, en el interés de continuar aplicando el artículo 45 de la Constitución de la República que establece la libertad de conciencia y cultos.
