Por Nelson Encarnación
La sociedad dominicana no tendrá nunca como agradecer al Tribunal Constitucional el servicio que significó la sentencia 168/13 emitida por esa corte en septiembre de 2013, la cual marcó un antes y un después en materia migratoria.
Esa disposición fue la que conminó al Estado dominicano a poner orden en un aspecto tan delicado en la actualidad como resulta ser el tema migratorio, en razón de que una materia referida exclusivamente al ámbito de la soberanía de las naciones, ha terminado mezclada con los derechos humanos.
Si bien la sentencia obligó al Gobierno del presidente Danilo Medina a abordar con determinación un elemento que no ocupaba los primeros lugares en su agenda, también le ha brindado a la Administración la oportunidad de marcar un hito en materia migratoria, puesto que a partir del trabajo que se ha realizado es cuando la República Dominicana podrá contar con un verdadero régimen en esa cuestión.
En privado algunos colaboradores cercanos del jefe del Estado lamentan que la disposición del TC hiciera de alguna manera variar el orden de las prioridades gubernamentales, pero, al mismo tiempo, deben admitir que una vez se haya completado todo el proceso afín, esta será una de las grandes banderas a desplegar en el futuro por la gestión Medina.
Los quejosos del alegado «torpedo» que el Constitucional metió con su sentencia, tienen que reconocer que a un Gobierno se le elige para que, junto con los jonrones, también se le peguen los bolazos, y que, usando un lenguaje agrícola, así como cosecha las maduras también tiene que recoger las verdes.
En el balance final quedará para la posteridad no muy lejana el resultado de haber sido el Gobierno que, aun cuando se vio desbordado por las circunstancias no previstas, puso orden en la casa no sólo regularizando a miles de extranjeros indocumentados sino dejando un marco real en materia migratoria que vino a superar las graves fallas históricas al respecto.
La coyuntura por igual le ha permitido al Gobierno—pero principalmente al presidente de la Republica–mostrar el verdadero talente en lo que concierne a la defensa de los intereses nacionales frente a las embestidas diabólicas de la llamada comunidad internacional, la cual se ha visto obligada a enseñar sus verdaderas intenciones.
Intenciones cuya finalidad es conseguir que nuestro país se hago cargo de la población haitiana que ha sido abandonada a su suerte por su propio gobierno y por esa comunidad internacional que se olvidó de Haití, empezando por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ocupa ese territorio en una suerte de fideicomiso enmascarado desde hace mas de 10 años.
Sin la sentencia 168/13 la República Dominicana no habría conocido el rostro de gente como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, una persona que evidentemente la tiene tomada contra nuestro país sin ninguna razón justificada ni injustificada.
Sin la sentencia del Tribunal Constitucional, no sólo hubiese seguido el desorden migratorio que en la práctica borró la frontera física y de hecho la convirtió en algo virtual, sino que hubiésemos seguido—con perdón de la pluralizando–, siendo tomados de tontos útiles de los gobernantes haitianos, creyendo en la sinceridad de las frecuentes e improductivas pláticas con ellos y no estaríamos convencidos de que son individuos ladinos, taimados, descarados, ruines, mentirosos, traicioneros, pero sobre todo cobardes.
Sin la sentencia del TC estaríamos observando un crecimiento exponencial de la migración ilegal haitiana, sus huestes ocupando campos y ciudades, formando conglomerados humanos sin la mínima organización social, sino cordones miserables que agravarían significativamente los agobiantes problemas existenciales de los millones de pobres nuestros que ya contamos.
Sin esa disposición legal vinculante a todo el mundo, la República Dominicana no habría podido ver a la inmensa mayoría del pueblo alinearse con la causa nacional, mientras observa a unos cuantos decantarse por los haitianos bajo el disfraz de la defensa de los derechos humanos.
En conclusión: los jueces del Tribunal Constitucional que se armaron de valor y contra todo chantaje emitieron la sentencia 168/13, serán merecedores del agradecimiento de quienes en verdad aman nuestros país.
