SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El exfiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, afirmó que el país debe dar un “gran salto” creando el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que tenga como función esencial la definición e implementación de la política contra el crimen del Estado, y quede bajo la dependencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Afirmó el país necesita dar un gran paso de transformación en lo que respecta a lo que está sucediendo en materia de seguridad ciudadana.
Sostuvo que el Ministerio de Seguridad Ciudadana debe sustituir al Ministerio de Interior y Policía, mientras que en el caso del Ministerio Público, se circunscriba única y exclusivamente a la persecución y obtención de la debida sanción de los infractores de las leyes.
Puntualizó que diversos países han adoptado el modelo de implementación de un ministerio especializado para estos fines, como Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá, y han sido exitosos en la implementación de su política criminal.
“Evidentemente es preocupante la situación, se torna de manera cíclica, cada tres, cuatro o cinco meses aparecen estos brotes ya muy sangrientos, osados por parte de la delincuencia, que evidentemente impactan en la tranquilidad y el sosiego que todo ciudadano o ciudadana quiere”, subrayó.
Consideró que se debe partir de una realidad y es que lo que se ha hecho hasta el momento no ha dado resultados.
Hernández Peguero planteó que son evidentes las estadísticas que muestran los resultados de la inconformidad de la población con respecto a lo que las autoridades han decidido en torno a abordar de manera correcta el problema.
Manifestó que ante lo que está ocurriendo, el presidente Danilo Medina ha impuesto que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, patrullen preventivamente las calles y ciudades.
“Yo considero que eso reafirma una vez más mi creencia de ciertas distorsiones que se han estado dando a lo interno de las instituciones que abordan esta problemática”, adujo.
El juez del Tribunal Superior Electoral entiende que si constitucionalmente está consignado que el Presidente de la República es el capacitado y facultado de disponer estas medidas para el uso de la fuerza pública, es muy posible que se tenga que definir dentro de la competencia del Ministerio Público el establecimiento e implementación de una política criminal.
Indicó que todo país desarrollado encarga a su Presidente de la seguridad nacional, porque es una obligación esencial.
Hernández Peguero sostuvo que da pena lo que está sucediendo, pero cree que es un gran paso decisivo en lo que respecta al enfrentamiento de ese gran mal que está afectando a la población.
Manifestó que a partir de la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público no tendría la facultad de dirigir la política criminal del Estado.
“Es que el Ministerio Público, como un órgano de Justicia, solamente debe estar circunscrito única y exclusivamente a perseguir a los infractores, acusar y lograr para eso la sanción contra ellos”, recalcó.
Observó que para esto se necesita una policía técnica especializada, que recoja las evidencias y que junto a las diligencias que le dicte el Ministerio Público pueda investigar con certeza y objetividad los hechos delictivos.
“Es un punto débil que tenemos en el país a partir de la adopción del sistema acusatorio, en el 2004, con la implementación del Código Procesal Penal”, adujo.
Hernández Peguero apuntó que un agente policial que no tenga ningún tipo de preparación, como ha estado sucediendo, no puede ser el responsable de las evidencias que se presentan ante los jueces.
Advirtió que todo el mundo en el país quiere investigar y persiguiendo, y citó que Aduanas, el DNI, la Marina de Guerra, el Ministerio de Hacienda.
“Cómo es posible que el Ministerio Público haya permitido el desplazamiento su función esencial, esto huele a sospecha, y huele a sospecha, lo digo con toda franqueza y responsabilidad, y por conocimiento de causa, de que es una labor muy lucrativa el investigar acá en República Dominicana”, acotó.
Calificó como necesaria la definición en lo que respecta a la distribución correcta de las competencias y funciones de todos los organismos, porque no todos pueden investigar.
Indicó que si tienen conocimiento de un hecho delictivo, inmediatamente deben comunicarlo al Ministerio Público, para garantizar la eficiencia y la identificación de los responsables.
Advirtió que el Ministerio Público no puede seguir permitiendo que las evidencias sean contaminadas con propósitos malsanos y malvados de evitar una condena.
“Eso tiene que terminar, no es posible que un Ministerio Público pueda seguir atado a las travesuras, a las conductas, yo diría, malévola de agentes que, entre comillas, pretenden adueñarse de la investigación y contaminarlas, para evitar entonces que el delincuente pueda pagar por lo mal hecho”, significó.
