SANTO DOMINGO, RD.- Además de referirse a la corrupción gubernamental y a otros aspectos relacionados con la República Dominicana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su reciente informe sobre derechos humanos hace cuestionamientos al sistema electoral de este país caribeño.
Se refiere específicamente a las elecciones del 2016 en las cuales, según dice, “los votantes participaron en elecciones generales para todos los niveles de gobierno y eligieron a Danilo Medina del PLD como presidente para un segundo mandato de cuatro años”.
“La Junta Central Electoral (JCE) instituyó un sistema de votación electrónica durante las elecciones de 2016. Según observadores internacionales y expertos en sistemas de votación electrónica, la JCE no siguió los estándares internacionales, ya que no auditó ni implementó gradualmente el sistema”, señala.
Agrega: “El día de las elecciones, muchos sistemas de votación electrónica fallaron o no se utilizaron. La JCE no anunció resultados oficiales finales con todas las papeletas contadas hasta 13 días después de las elecciones. Muchas carreras municipales y del Congreso permanecieron en disputa durante semanas, lo que provocó protestas esporádicas y violencia”.
Recuerda que el día de las elecciones de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los observadores nacionales fueron testigos de “una campaña política generalizada inmediatamente fuera de los centros de votación, en violación de la ley” y también notaron indicios de compra de votos.
Partidos políticos y participación política
Sobre este particular el Departamento de Estado señala:
“Una ley de partidos políticos promulgada en agosto de 2018 busca formalizar ciertos procesos de partidos políticos, incluidas las primarias de partidos, el financiamiento y el establecimiento de nuevos partidos políticos. Las instituciones electorales y los tribunales estaban interpretando e implementando la nueva ley durante el ciclo electoral nacional 2019-20. Por ley, los partidos principales, definidos como aquellos que recibieron el 5 por ciento de los votos o más en las elecciones anteriores, reciben el 80 por ciento de las finanzas públicas de la campaña, mientras que los partidos menores comparten el 20 por ciento restante de los fondos públicos. La OEA y las ONG nacionales criticaron esta asignación de fondos como desigual e injusta. Grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno y al partido titular del PLD por usar fondos públicos para pagar la publicidad en los meses previos a las elecciones de 2016, aunque la ley prohíbe el uso de fondos públicos para campañas. Según los grupos de la sociedad civil, los ingresos de la publicidad gubernamental influyeron en los propietarios de los medios para censurar las voces que no estaban de acuerdo con su cliente más grande, el PLD”.
