SANTO DOMINGO, RD.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recomendó a los funcionarios del Gobierno actuar con prudencia, transparencia y evitar los abusos con el manejo de los fondos públicos durante el estado de emergencia nacional declarado para evitar la propagación del coronavirus, que se ha convertido en una pandemia sin precedentes en casi un siglo.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, expresó que “es innegable que los estados de excepción suponen la flexibilización de ciertos procedimientos institucionales y la posible restricción de derechos fundamentales para permitir que la acción del gobierno sea más expedita, según ameriten las circunstancias”.
Aclaró que un estado de emergencia no supone “eximir a los funcionarios y las autoridades del Estado de responsabilidades por los abusos y las extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los estados de excepción”.
Dijo que la comisión que está siendo conformada con legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional, debe dar seguimiento oportuno al contenido de la resolución que declara el estado de emergencia, está ejecutando el Presidente Danilo Medina.
Asimismo, la comisión debe estar atenta y vigilante a que cada una de las medidas que habrán de ser tomadas sean legalmente consecuentes y óptimas frente a la situación y puedan ser eficientes para garantizar los derechos de la ciudadanía, según un comunicado de la entidad.
También es responsabilidad de la sociedad civil mantenerse vigilante en aras de evitar el desvío o utilización de estos recursos para fines contrarios a los que amerita el presente escenario, dijo Castaños Guzmán.
Debe saberse que habrá procedimientos, como aquellos que resultan de las compras y contrataciones públicas, los cuales podrían ser abreviados y realizados de una manera más expedita, según el comunicado de la Finjus.
Dijo que la nación se encuentra en medio del proceso electoral más complejo de nuestras últimas décadas, por lo que el uso de los fondos públicos para afrontar el Estado de Emergencia debe ser transparentado a la ciudadanía.
El doctor Castaño Guzmán recordó que las legislaciones de países como España y Chile, los funcionarios y las autoridades del Estado, deben ser responsables por los abusos y extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante el estado de excepción.
“En el marco de la coyuntura actual, la protección de los derechos fundamentales y la racionalidad han de ser los valores de mayor preponderancia en el funcionamiento del Estado. El país y el mundo se encuentran en una situación de crisis”, dijo.
