SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 4 de marzo próximo el conocimiento de un recurso de casación que procura anular la extinción de la acción penal en contra del ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, y otros acusados de expropiar miles de terrenos del Estado en Bahía de las Águilas.
Mientras que el senador Wilton Guerrero calificó como improcedente la decisión gubernamental, de dar un poder para negociar con los que tienen títulos fraudulentos en la zona.
De su lado, el ambientalista Luis Carvajal anunció que se están recopilando documentos para entablar acciones de nulidad en contra del acuerdo suscrito por el Gobierno con los poseesores de títulos fraudulentos en Bahía de las Águilas, para encaminar acciones de nulidad, tanto por ante el Tribunal Constitucional, como por el Superior Administrativo.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, presidenta, Frank Soto Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra y Juan Hirohíto Reyes pospusieron el conocimiento del proceso a los fines de que la defensa de Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Rodríguez Guzmán y su esposa Reyna Margarita Martínez, tomen conocimiento del recurso incoado por la Fiscalía.
Yeni Berenice Reynoso considera que no existen razones legales para decretar la prescripción, ya que las reglas de las mismas están claramente definidas, y no se dan en el caso de la especie, por lo que solicita anular la extinción y enviar el caso para que se apodere a uno de los tribunales de primera instancia del Distrito Nacional, con el propósito de que proceda a conocer el fondo del proceso a cargo de los imputados.
Wilton Guerrero, quien acudió a la audiencia de la SCJ planteó, antes de su inicio, que la sociedad debe oponerse firmemente al acuerdo hecho por el Gobierno, porque no se puede premiar a los usurpadores y a las mafias.
«Yo entiendo que es improcedente la decisión gubernamental, de darle un poder a la comisión designada para llegar a acuerdo transaccional con los que poseen títulos fraudulentos; es una decisión incorrecta, improcedente, atentatoria contra las buenas costumbres, contra la moral».
Advirtió que echa por el suelo la lucha democrática, moral y ética de la población, por superar las trabas que ha encontrado en su desarrollo.
Mientras que el ambientalista Luis Carvajal calificó la decisión gubernamental como desafortunada, ilegal e inconstitucional, «que sienta un precedente funesto al implicar una negociación con la delincuencia formal que depredó el Parque Nacional».
«Cuando se afirma que no se va a tocar una sola pulgada del parque, se ignora la realidad de que el 88% del Parque Nacional Jaragua y el 100% de Bahía de las Águilas están contenidas en la parcela descrita en el acto de desistimiento, donde se habla de reconocer la titularidad y operar con ellas».
Carvajal entiende que si se va a operar con las parcelas que están al interior del parque, significa que se va a tocar el área.
Sostiene que el Gobierno tuvo un error técnico de más de 482 kilómetros, de los 537 que tiene el área, porque en la primera cifra está contenida en el acto de desistimiento de las acciones legales.
Rehúsan hablar
Ayer, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, se negó a referirse al tema de los acuerdos transaccionales suscritos con poseedores de títulos de tierras de Pedernales.
Al ser abordado por los periodistas, el funcionario se limitó a responder: «No, no, no. Ahora no, por favor».
El pasado domingo, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, dijo no tener la lista de los poseedores de títulos de esos terrenos, y que como desconocía la lista que circulaba en medios digitales, no se podía referir al tema.
