SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente del Consejo Nacional de Migración, José Ramón Fadul, aseguró que aunque no le sea aumentada la partida presupuestaria, no peligrará el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ni la aplicación de la Ley 169-14 sobre Naturalización.

“El Plan de Regularización ni la aplicación de la Ley 169-14 no será entorpecida ni habrá problemas en cuando a la erogación de los recursos para ejecutar esos proyectos”, sostuvo el también ministro de Interior y Policía.

El funcionario se refirió en estos términos previo al inicio de la reunión del consejo de ministros que encabeza el presidente Danilo Medina, en el Palacio Nacional, para conocer el proyecto de Presupuesto General de la Nacional del año 2015.

Se recuerda que este jueves el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunciar la reunión para definir el Presupuesto, adelantó que no habrá aumento de las partidas presupuestarias de todas las instituciones.

Por otra parte, Fadul reiteró su postura de que sea ejecutada una campaña de desarme a todo el que posee arma de manera ilegal.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que constantemente se hacen estos operativos, no solo a los dominicanos sino también a los extranjeros residentes en el país.

Sobre el incidente ocurrido en el barrio de 27 de Febrero de esta capital, donde un haitiano resultó muerto de un disparo, Fadul aseguró que hay una investigación abierta por parte de los organismos de seguridad y la Policía.

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Por Carlos R. Altuna Tezanos

“NO BASTA DECIR SOLAMENTE LA VERDAD, MAS CONVIENE MOSTRAR LA CAUSA DE LA FALSEDAD”

Ahora es de público conocimiento el expediente número TC-05-2012-0077 relativo a un recurso de revisión constitucional en materia de amparo iniciado por la señora Juliana Dequis o Deguis Pierre, contra la Sentencia número 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha 10 de julio del 2012, que dio origen a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

A partir de esta histórica sentencia, el país fue sometido a una despiadada campaña malsana de intereses locales y amigos internacionales, donde se nos acusó de xenófobos, racistas, esclavistas, llegando hasta señalarnos como el “Aparteid del Caribe” en una perversa comparación a la cruenta segregación racial vivida en Sudáfrica en el pasado reciente, donde una minoría blanca se impuso y gobernó desde 1948 hasta 1994, con manos férreas, dejando una secuela de sucesos donde verdaderamente se violentaron todo tipo de derechos inalienables al ser humano.

Ante estos hechos, y reaccionando frente a una especie de encerrona durante la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el escenario descrito sirvió para que nuestro presidente Danilo Medina pronunciase un discurso histórico, aclarando y fijando de una vez por todas, la postura del Estado con relación al estatus migratorio de cientos de miles de haitianos e inmigrantes de 60 nacionalidades que conviven junto a nosotros, de manera libre, con las mismas oportunidades, pero también con las penurias y precariedades que tienen los dominicanos.

Aproximadamente cuatro meses después, nuestros legisladores aprueban y someten ante el ejecutivo nacional para su promulgación una Ley, en la cual se establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, la Ley 169-14 o Ley Deguis.

Pero después de la aprobación del “Reglamento de Aplicación de la Ley Deguis” y sus consecuentes debates, todo ha ido transcurriendo como la antigua Roma, en donde para evitar las protestas, invitaban a todos a funciones circenses y fiestas, luego reinaba la paz, pues satisfecho el pueblo, la clase gobernante disfrutaba tranquila del poder. De esos hechos dice la tradición que nació la célebre frase ¡Pan y Circo! A propósito de esta comparación, en esta tragicomedia vemos como justamente en un periodo de un mes, el gobierno recibe tres visitantes distinguidos, uno tras otro, el 20 junio 2014, Joe Biden (Vicepresidente EE.UU); el 15 julio, Ban Ki-moon (Secretario General ONU) y el 20 julio, Herman Van Rompuy (Presidente del Consejo Europeo), evidentemente como parte del guión impuesto y la presión internacional.

Durante su visita, el vicepresidente Joe Biden, felicitó al presidente Danilo Medina por la prontitud con la que se aprobó en el Congreso la Ley de Naturalización, mientras la “Ley Migratoria” sometida por el presidente Barack Obama tiene más de cinco años estancada en el congreso norteamericano.

En la segunda visita, Ban Ki-moon, calificó como positiva la política de regularización de inmigrantes asumida por República Dominicana, y planteó que por “la gran masa que viene de Haití”, es esencial que los dos gobiernos cooperen para proporcionar la “identificación nacional para aquellos haitianos que viven y trabajan en República Dominicana”.

Sin ser menos importante, y conservando el orden de llegada al país, Herman Van Rompuy saludó los “esfuerzos” del presidente Danilo Medina para encontrar un consenso sobre la ley especial que regula el estatus de las personas de origen extranjero nacidas en territorio nacional, expresando su respaldo al diálogo de Alto Nivel emprendido por República Dominicana y Haití como la vía para dirimir sus problemas.

Visto todo este escenario, la ejecución de la Ley 169-14 y su polémico “Reglamento de Aplicación” parecen marchar bien con respecto a los ciudadanos extranjeros que acuden a los centros de regularización excepto los inmigrantes haitianos, quienes confrontan inconvenientes por partes de sus autoridades para conseguir sus documentos por las altas sumas de dinero que les cobran, una queja generalizada en el conglomerado haitiano residente en el país.

Ante las últimas protestas escenificadas por trabajadores haitianos del área cañera, su embajador ante en el país, Fritz Cineas, comunicó que resultaba difícil a su gobierno complacer la petición de exonerarlos del pago de los mil pesos para la obtención de los documentos que se necesitan para regular su estatus en el país.

Cineas también instó al gobierno dominicano a flexibilizar los criterios para la obtención de los documentos durante el proceso de regularización. En tal sentido, el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes, Jesús Núñez, afirmó que unos 40 mil trabajadores cañeros de origen haitiano no podrán acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que desarrolla gratuitamente el Gobierno dominicano.

Por su parte, en declaraciones públicas, el presidente del Consejo Nacional de Migración, José Ramón Fadul, reveló que 90% de las personas que se han acogido al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros quedaron en la categoría migratoria de “No Residentes”, porque la mayoría no han podido demostrar su arraigo en República Dominicana, señalando también que se ha concluido con la depuración de 260 expedientes de un total de 59 mil 600 personas, a las que se les han capturado las huellas biométricas dentro del Plan, como también solo 460 personas se han acogido a la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país inscritas irregularmente y sobre naturalización, puesta en marcha hace un mes y medio. La mayoría ha cumplido con los requisitos establecidos de conseguir los papeles del padre o la madre”.

Como parte del mismo “guión”, vemos como a tan solo ocho días de ocurrir el terremoto que asoló la capital haitiana en enero de 2010, en el país se instala una sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), sin existir razón que lo justifique, porque en República Dominicana no hay refugiados. Cuatro años después, su representante, señor Gonzalo Vargas Llosa, declara que llevará a un foro internacional en Holanda como “Trofeo de Caza” a la señora Deguis, para acusar al Estado de fomentar la apatridia, sabiendo él, que no ha sido ni lo será.

Esto así, porque la sentencia del Tribunal Constitucional esclareció los principios para obtener la nacionalidad dominicana, y Juliana Deguis, invariablemente siempre estuvo amparada de una nacionalidad, la dominicana por “Jus Solis” o la haitiana por “Jus Sanguini” de sus padres, pues en ambos casos le recaía una nacionalidad. Ahora extraño resulta que el representante de la ACNUR en el país, aparentemente desconoce que la categoría de “Apátrida” no se elige y que nadie opta por esta condición para reclamar la nacionalidad.

Aun así, con el juez en contra y el jurado vendido, el gobierno dominicano prosigue con la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros con sus tropiezos, ante la negativa y falta de cooperación de las autoridades haitianas en dotar de la documentación necesaria a sus ciudadanos que viven irregularmente en el país.

Sabemos que el Decreto 327-13 ordena el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular en la República Dominicana”, que tendrá una duración de (18) meses y culminará en junio de 2015, y por lo que expresan las autoridades locales sobre el número de inmigrantes que se han presentado o acogido al proceso, si lo proyectamos en el tiempo apreciamos que no se acercará a la cantidad estimada de extranjeros establecida en la “Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes” (ENI-2012), que establece que unos 524,632 inmigrantes viven en el país, de los cuales 458,233 son ciudadanos haitianos, que representan 87.3% del total de la población de inmigrantes.

Ante el desastre migratorio y del registro civil que imperó en el país, la sentencia TC168-13 y la Ley 169-14, instituyen dos instrumentos válidos para ordenar de una vez y por toda la problemática migratoria existente. Además, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros transparenta la imagen del gobierno ante la comunidad internacional y el mundo, demostrando que por primera vez se pretende resolver y regular todos los extranjeros que viven en el país, aun a pesar de reconocer que el proceso de avanza a pasos de tortuga y a un alto costo del erario dominicano. Sin pretender ser pesimista, sino más bien muy realista, cuando analizamos los acontecimientos acaecidos contra el Estado y el pueblo dominicano, con un gobierno haitiano que no ayuda ni facilita los documentos a sus nacionales residentes en el país, como una manera predecible de bloquear o hacer fracasar el proceso, nos preguntamos: ¿Qué pasará cuando los resultados no satisfagan los deseos e intereses de otros? ¿Qué sucederá cuando finalice esta pantomima de Pan y Circo? ¿Qué nos sobrevendrá cuando finalice el plazo del Plan Nacional de Regularización, y cientos de miles de ciudadanos haitianos no puedan registrarse en razón a los inconvenientes señalados?

No esperemos lo mejor. Más aún cuando tengamos que ejercer el derecho soberano de “expulsar” todo extranjero ilegal que no haya calificado o no se haya acogido a las previsiones de regularización establecidas, los cuales quedaran sujetos a la deportación de conformidad con la Constitución y las leyes.

Dios nos ampare como nación.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), y miembro del Consejo Nacional de Migración, Roberto Rosario Márquez, aseguró este miércoles que los dominicanos deben estar preparados para escuchar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), una condena contra República Dominicana por supuesta violación a esos principios y preceptos y para que cambie su ordenamiento jurídico, porque vinieron con un libreto definido en ese sentido.

Rosario Márquez añadió que la visita al país de esa comisión de la CIDH es una “pantalla” para cubrir las formas, porque se dieron cuenta de que no podían tomar una medida cautelar contra el país sin escuchar al Estado afectado.

“Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque si nosotros pudiéramos revivir y llevar a la CIDH a la Madre Teresa de Calcuta; si pudiéramos sacar los clavos de Jesucristo de sus manos y presentarle a Jesucristo crucificado, como quiera darán el mismo resultado, no hay ninguna posibilidad de que esos comisionados no emitan una sentencia condenatoria contra República Dominicana, porque tienen predeterminado eso”, aseguró el presidente de la JCE.

En cuanto a la nacionalidad Rosario Márquez aclaró que no es un derecho fundamental, sino civil y que está limitado a la soberanía de cada país.

Sostuvo que el Estado dominicano está compelido a ejecutar en todas sus instancias la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), por un principio de su soberanía y de solidez de sus propias normas constitucionales.

En ese orden recordó que la Constitución establece que el TC es el órgano que tiene competencia para interpretar la aplicación y ejecución de la propia Carta Magna.

Igualmente indicó que cuando la comisión gubernamental estuvo en la reunión de la CIDH ante la OEA, uno de los miembros que están en ese grupo tuvo la osadía de preguntar que cuándo República Dominicana iba a cambiar su Constitución y la respuesta de César Pina Toribio fue: “Cuando el Estado dominicano entienda que debe de hacerlo, porque es un asunto de soberanía”.

Al ser entrevistado por Danny Alcántara, Oscar Medina, Luisín Mejía y Freddy Sandoval, en Hoy Mismo, por Color Visión, Rosario aclaró que la Constitución establece claramente lo que es el ejercicio de su soberanía y rechaza las injerencias de otros Estados y organismos internacionales en los asuntos internos del país.

Buscan desconocer gobierno

Asimismo el presidente de la JCE advirtió a la CIDH que deben tener consciencia de cuáles son los temas en discusión, porque precisamente Haití, que pidió la intervención de la OEA contra la sentencia de TC, resulta que el presidente del Senado de ese país está pidiendo a Chile que sus tropas desconozcan al Gobierno legítimamente establecido en esa República.

Los miembros del organismo internacional, presidida por José de Jesús Orozco, llegaron al país el pasado sábado y sostienen encuentros con el gobierno, representado por Gustavo Montalvo y opositores a la sentencia del TC.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Gobierno convocó para el próximo viernes al Consejo Nacional de Migración para conocer las distintas propuestas sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

El encuentro será en la mañana en el Palacio Nacional y contará con la presencia del presidente Danilo Medina.

Así lo informó el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien preside el organismo.

Fadul destacó que en reunión se conocerán las distintas propuestas hechas por entidades nacionales e internacionales sobre el Plan de Regularización de Extranjeros en el país.

“Asimismo, analizaremos nueva vez el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Con esto estamos dando cumplimiento al mandato de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y estamos en estos momentos tratando de establecer un plan que sea consensuado con todos los sectores, sin exclusiones de ninguna persona que quiera emitir alguna opinión frente al tema, que sería de importancia para el país” recalcó Fadul.

El anuncio fue hecho luego de una reunión con el presidente Danilo Medina, de los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de  Interior y Policía José Ramón Fadul;  el Consultor  Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y el director general de Migración, José Ricardo Taveras.

Las declaraciones de Fadul fueron dadas en el Salón Orlando Martínez.

“En ese sentido, reitero que estamos convocando a los integrantes del Consejo Nacional de Migración para este viernes”, puntualizó el funcionario.

La convocatoria fue realizada en cumplimiento de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Entre los miembros del Consejo Nacional de Migración están el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, los ministros de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez; de Trabajo, Maritza Hernández; de Turismo, Francisco Javier García; de Salud Pública, Freddy Hidalgo y de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, y el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.

La reunión se realizará en horas de la mañana.

JUNTA CENTRAL RECHAZA PEDIDO DE OLIVARES

El Pleno de la Junta Central Electoral, en relación a la solicitud del magistrado Eddy de Jesús Olivares Ortega, entendió que los errores planteados por él, son de forma e insustanciales que no afectan el contenido de las leyes, las cuales no han sido derogadas, y por lo tanto siguen vigentes.

Explican que su modificación obedeció al interés de dar un orden lógico a la ley, facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al registro en su momento, pero que “en ningún caso exoneró la obligatoriedad de la presentación de la cédula por parte de los declarantes, tal como consta en los artículos 24, 43 y 46 de la Ley 659 del año 1944”.

Con relación a los libros del Registro Civil en estado de deterioro, se informó que ya se había iniciado la reconstrucción de los mismos y que se encuentran depositados en la Unidad de Reconstrucción para ser trabajados en el laboratorio por el personal especializado en esas tareas, con la asesoría de técnicos del Archivo Nacional de la Nación.

Asimismo, se determinó que una vez la Comisión de Oficialías presente el Plan Nacional de Auditoría se conocerá del mismo. El Coordinador de la Comisión de Oficialías informó en el Pleno que la auditoría está prevista iniciarse en el mes de enero del 2014.

En relación a la modificación introducida a la ley 6125, indicaron que la misma no cambia su objeto, ya que en el Articulo 1ro. aludido no fue modificado en su parte capital, de tal manera que eliminara la obligatoriedad de proveerse y portar una cédula de identificación, tampoco modificó los artículos 21, 40 y 41 de la misma, las cuales mantienen un orden armónico y lógico.

A los mismos efectos el Artículo 277 de la Constitución de la República constitucionaliza los efectos de la sentencia del año 2005 de la Suprema Corte de Justicia, de donde resulta que la sentencia dictada se hizo con total apego a la Constitución de la República, por lo que el Pleno desestima la solicitud del magistrado Olivares Ortega por resultar improcedente a la luz de los argumentos anteriormente citados.

La información fue dada a conocer este lunes en el informe que rindió el pleno de la JCE sobre los resultados de la reunión del Consejo Nacional de Migración y las acciones tomadas por el organismo como consecuencia de la misma, muy especialmente sobre el levantamiento realizado en el registro civil sobre extranjeros inscritos, regulares o irregular, cuyas estadísticas y condición, se informó, que serán dadas a conocer en más detalles públicamente.

El Pleno reiteró que en una sesión anterior en virtud del artículo 184 de la Constitución se acogió y se ordeno la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Los demás puntos fueron de carácter meramente administrativos los cuales serán publicados oportunamente en nuestra página web.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD. En esta semana, la Junta Central Electoral (JCE) iniciará un levantamiento de los nacimientos, oportunos y tardíos, de hijos de extranjeros registrados en el país desde el 1929 al 2007, así como la cantidad de extranjeros inscritos en los libros de extranjería, en el Registro Civil y en el Maestro de Cedulados.

La puesta en marcha de un plan de trabajo, que inició el pasado 23 de este mes, se realiza acogiendo un mandato hecho por el Consejo Nacional de Migración que le otorgó a la JCE un plazo de 30 días para rendir un informe sobre el impacto que tendrá la sentencia No. 168-2013, dictada por el Tribunal Constitución.

Asimismo, el Consejo Nacional de Migración informó pasado miércoles que decidió elaborar en un plazo no mayor de 60 días el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Irregulares, dispuesto con el Tribunal Constitucional.

Reunión y exhortación

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, el miembro titular de la JCE y coordinador de la Comisión de Oficialías, César Féliz Féliz y otros integrantes de esa comitiva presentaron ayer el Plan de Trabajo para evaluar el impacto de la referida sentencia, en una reunión realizada en el Salón Multiusos y transmitido al mismo tiempo en el Auditorio de la JCE. En ambos salones se encontraban más de 900 empleados, entre ellos: Oficiales del Estado Civil, Secretarios de Juntas Electorales, abogados, inspectores y directores departamentales en todo el país.

En el plan de trabajo elaborado el pasado 23 de este mes por la Comisión de Oficialías de la JCE se acordó que en un plazo de 15 días se realizará el levantamiento de los datos para lo que fue elaborado un formulario que deberá tener los datos sobre la Oficialía del Estado Civil donde fue inscrito, datos del registro como número de libro, año, acta y folio, nacionalidad de los padres y el tipo de documento usado para hacer la declaración de nacimiento: como cédula, pasaporte, ficha y otros.

Féliz Féliz leyó el documento con las instrucciones, y citó la cantidad de folios por regiones que deberán ser revisados, los que en su totalidad suman 58,914 libros. Al finalizar su discurso, dijo esperar que los trabajos a realizar «lleguen a feliz término», y les recordó a los presentes que «tenemos un gran compromiso con la Patria», porque tendrán la responsabilidad de realizar un trabajo que no se había hecho en los últimos 50 años.

Los detalles

Los trabajos serán coordinados y supervisados por los integrantes de la Comisión de Oficialías de la JCE. De ese modo, Féliz Féliz, coordinador de esa comisión, supervisará el levantamiento realizado en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo; el director de Informática, Franklin Frías, la región Nordeste y la directora de Registro Civil, Dolores Fernández, el Cibao Central. Además, Herminio Guzmán Caputo, la región Noroeste, Juan Bautista Tavárez y Alexis Dicló, el Sur, Brígida Sabino y Julia Josefina Gomera, el Este.

Entre los libros se incluyeron 1,252 registrados en 23 oficialías que deberán ser inventariados por los Oficiales y asistentes administrativos de esas dependencias y observados por el supervisor de la provincia y el inspector del municipio más cercano.

Féliz Féliz explicó que luego de hacer el levantamiento, la JCE apoderará al Consejo Nacional de Migración de los resultados para que proceda a realizar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Irregulares.

El inventario

El director de Informática, Franklin Frías, explicó que a través del formulario se crearán los datos estadísticos y porcentuales de los hijos de extranjeros registrados en el país, y se aprovechará ese trabajo para tener un inventario real de todos los libros de nacimiento que existen, por lo que podrían aparecer más registros.

El formulario para el inventario se llenará manualmente o a través de un programa de informática. Se llenará un formulario por libro, exista o no registro de padres extranjeros.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Tras la reunión del Consejo Nacional de Migración encabezada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno anunció que acata la Sentencia del Tribunal Constitucional, y que en todo momento actuará, en este caso, respetando la institucionalidad.

Asimismo, señala que el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos, como consecuencia de esta sentencia, como la ha expresado el presidente Medina por el fallo: “este es un problema humano que debemos resolver”.

Al dar a conocer la declaración oficial sobre la sentencia del Tribunal Constitucional “TC 168-13”, el Gobierno reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.

“Que ante la situación generada por la sentencia del TC, el Estado en su conjunto está trabajando para encontrar una respuesta coherente y humanitaria. Y para lograr este objetivo, tras un proceso de consultas llevado a cabo por el Gobierno con los órganos competentes se convocó al Consejo Nacional de Migración para entender los aspectos de la decisión que corresponde a este organismo”, expresó el Gobierno a través de un documento leído por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez de Marchena, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

En la sesión de hoy, el Consejo acordó, que la Junta Central Electoral en un plazo de 30 días rendirá un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como de irregulares; el Consejo Nacional de Migración elaborará en un plazo de no más de 60 días el Plan de regularización de Extranjeros, y procederá en lo inmediato a la conformación del Instituto Nacional de Migración a la designación de su Director Ejecutivo.

En la reunión que se prolongó por más de dos horas, participaron los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Defensa, Almirante Sigfrido Pared Pérez; Trabajo, Maritza Hernández; Turismo, Francisco Javier García; Salud Pública, Freddy Hidalgo; Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols.

También, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y los presidentes de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y de la comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Hace unos minutos inició la sesión del Consejo Nacional de Migración, con la presencia del presidente Danilo Medina. José Ramón Fadul, Ministro de Interior y Policía, preside el encuentro, que se desarrolla en el Salón Privado del despacho del Primer Mandatario, en el tercer nivel del Palacio Nacional.

El encuentro inició a las 9:15 de la mañana con la asistencia de los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Defensa, Almirante Sigfrido Pared Pérez; Trabajo, Maritza Hernández; Turismo, Francisco Javier García; Salud Pública, Freddy Hidalgo; Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols.

También, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y los presidentes de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y de la comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.

El Consejo tratará sobre el Reglamento del Consejo, la designación del director del Instituto Nacional de Migración, la reunión de la Comisión Técnica, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y el presupuesto del Consejo.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Consultor Ejecutivo del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, advirtió hoy que el presidente Danilo Medina no se quedará de brazos cruzados ante las desconsideraciones internacionales por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara ilegales a los hijos de haitianos indocumentados nacidos en el país.

Sin embargo, el funcionario puntualizó que el jefe del Estado tampoco se precipitará ante esas desconsideraciones, tras señalar que República Dominicana quedará limpia de las acciones que se realizan en su contra.

“El presidente no se cruzará de brazos, ni se precipitará y República Dominicana quedará limpia ante cualquier desconsideración”, señaló.

Pina Toribio habló en una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, acompañado del ministro de Interior y Policía José Ramón Fadúl y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, donde informaron que este miércoles a las 9:00 de la mañana, el presidente Danilo Medina se reunirá por primera vez con el Consejo Nacional de Migración.

La reunión de este miércoles tiene el objetivo de comenzar a trabajar con el Plan de Regularización de Extranjeros, como ordenara el TC.

De su lado, Fadúl dijo que la reunión se realizará acogiéndose al mandato constitucional de la sentencia emitida por el TC con relación a la situación de hijos de haitianos ilegales que nacieron en el país.

Recordó que la mencionada sentencia da un plazo de 90 días para comenzar a trabajar con el Plan Nacional de Regularización de extranjeros.

Se informó que el Consejo Nacional de Migración está integrado por los ministros de Interior y Policía, quien lo preside; el de Relaciones Exteriores, el de Defensa, de Trabajo, Turismo, Obras Públicas, Salud Pública, Agricultura y los presidentes de la Junta Central Electoral, de la Comisión de Interior y Policía del Senado y el de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.

Mientras que Roberto Rosario, presidente de la JCE, declaró que la reunión del Consejo Nacional de Migración podría emanar muchas respuestas que se hace la población con relación al tema haitiano.

El Consejo Nacional de Migración se reúne en momentos en que el país es bombardeado por organismos internacionales y nacionales por la sentencia del TC que declara como ilegales a los hijos de haitianos ilegales nacidos en el país.

En ese sentido, recientemente Amnistía Internacional pidió la retractación del mencionado fallo del Tribunal Constitucional de República Dominicana.

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