SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El exfiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, afirmó que el país debe dar un “gran salto” creando el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que tenga como función esencial la definición e implementación de la política contra el crimen del Estado, y quede bajo la dependencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

Afirmó el país necesita dar un gran paso de transformación en lo que respecta a lo que está sucediendo en materia de seguridad ciudadana.

Sostuvo que el Ministerio de Seguridad Ciudadana debe sustituir al Ministerio de Interior y Policía, mientras que en el caso del Ministerio Público, se circunscriba única y exclusivamente a la persecución y obtención de la debida sanción de los infractores de las leyes.

Puntualizó que diversos países han adoptado el modelo de implementación de un ministerio especializado para estos fines, como Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá, y han sido exitosos en la implementación de su política criminal.

“Evidentemente es preocupante la situación,  se torna de manera cíclica, cada tres, cuatro o cinco meses aparecen estos brotes ya muy sangrientos, osados por parte de la delincuencia, que evidentemente impactan en la tranquilidad y el sosiego que todo ciudadano o ciudadana quiere”, subrayó.

Consideró que se debe partir de una realidad y es que lo que se ha hecho hasta el momento no ha dado resultados.

Hernández Peguero planteó que son evidentes las estadísticas que muestran los resultados de la inconformidad de la población con respecto a lo que las autoridades han decidido en torno a abordar de manera correcta el problema.

Manifestó que ante lo que está ocurriendo, el presidente Danilo Medina ha impuesto que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, patrullen preventivamente las calles y ciudades.

“Yo considero que eso reafirma una vez más mi creencia de ciertas distorsiones que se han estado dando a lo interno de las instituciones que abordan esta problemática”, adujo.

El juez del Tribunal Superior Electoral entiende que si constitucionalmente está consignado que el Presidente de la República es el capacitado y facultado de disponer estas medidas para el uso de la fuerza pública, es muy posible que se tenga que definir dentro de la competencia del Ministerio Público el establecimiento e implementación de una política criminal.

Indicó que todo país desarrollado encarga a su Presidente de la seguridad nacional, porque es una obligación esencial.

Hernández Peguero sostuvo que da pena lo que está sucediendo, pero cree que es un gran paso decisivo en lo que respecta al enfrentamiento de ese gran mal que está afectando a la población.

Manifestó que a partir de la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público no tendría la facultad de dirigir la política criminal del Estado.

“Es que el Ministerio Público, como un órgano de Justicia, solamente debe estar circunscrito única y exclusivamente a perseguir a los infractores, acusar y lograr para eso la sanción contra ellos”, recalcó.

Observó que para esto se necesita una policía técnica especializada, que recoja las evidencias y que junto a las diligencias que le dicte el Ministerio Público pueda investigar con certeza y objetividad los hechos delictivos.

“Es un punto débil que tenemos en el país a partir de la adopción del sistema acusatorio, en el 2004, con la implementación del Código Procesal Penal”, adujo.

Hernández Peguero apuntó que un agente policial que no tenga ningún tipo de preparación, como ha estado sucediendo, no puede ser el responsable de las evidencias que se presentan ante los jueces.

Advirtió que todo el mundo en el país quiere investigar y persiguiendo, y citó que Aduanas, el DNI, la Marina de Guerra, el Ministerio de Hacienda.

“Cómo es posible que el Ministerio Público haya permitido el desplazamiento  su función esencial, esto huele a sospecha, y huele a sospecha, lo digo con toda franqueza y responsabilidad, y por conocimiento de causa, de que es una labor muy lucrativa el investigar acá en República Dominicana”, acotó.

Calificó como necesaria la definición en lo que respecta a la distribución correcta de las competencias y funciones de todos los organismos,  porque no todos pueden investigar.

Indicó que si tienen conocimiento de un hecho delictivo, inmediatamente deben comunicarlo al Ministerio Público, para garantizar la eficiencia y la identificación de los responsables.

Advirtió que el Ministerio Público no puede seguir permitiendo que las evidencias sean contaminadas con propósitos malsanos y malvados de evitar una condena.

“Eso tiene que terminar, no es posible que un Ministerio Público pueda seguir atado a las travesuras, a las conductas, yo diría, malévola de agentes que, entre comillas, pretenden adueñarse de la investigación y contaminarlas, para evitar entonces que el delincuente pueda pagar por lo mal hecho”, significó.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, desmintió este lunes las acusaciones del condenado por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo de que a los fiscales dominicanos “se llevaron de su vivienda” 18 millones de pesos.

Hernández Peguero, actual juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), reveló  que el caso de Paulino Castillo, sigue abierto en los Estados Unidos.

También informó que las investigaciones sobre el caso Quirino se iniciaron en el 2002 y que concluyeron a finales del año 2004, con su apresamiento. Añadió que fue una acción conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Igualmente, expresó que el condenado narcotraficante se haya salido del Programa de Protección al Testigo, por la forma en que se expresa.

Incautación del dinero  

Hernández Peguero explicó que dentro de la casa Paulino Castillo, que fue allanada tres horas luego de que el narcotraficante fuera apresado, se incautaron, además de los muebles, ropa y otras pertenencias, más de un millón de pesos en efectivo en una gaveta del dormitorio de la esposa, así como una máquina de contar dinero y documentos.

En llamada al programa “El Gobierno de la Mañana”, dijo que en allanamiento participaron agentes de la DEA, la DNCD y fiscales del Ministerio Público.

“Todo se fotografió y se inventarió, ese material fue compartido con las autoridades de Estados Unidos, hicimos un inventario y lo compartimos para ver qué otra vinculación puede haber con otras personas”, sentenció el juez.

 Al ser cuestionado sobre los RD$18 millones que Quirino denunció fueron sustraídos de su casa, Hernández Peguero sostuvo que posiblemente fueron más, por la cantidad de dinero que manejaba el narcotraficante, pero que en la vivienda solo se encontró poco más de un millón de pesos.

“Cuando hicimos el allanamiento yo noté que no aparecía el dinero, sabiendo que él manejaba hasta 700 mil dólares y ordené que se procediesen a buscar perros expertos en detección de dinero y comenzaron a hoyar las paredes y en el patio se hicieron excavaciones”,  explicó Hernández Peguero.

 Indicó que la organización de Quirino Paulino estaba preparada para que si lo apresaran, personas tuvieran tiempo para esconder evidencias, ya que las autoridades no cubrían “para estar en todos los lugares en que operaba el narcotraficante”.

“Si alguien escondió evidencia fue Quirino, no las autoridades… pudimos recavar información que fue remitida a la DEA y a los fiscales de Estados Unidos, no es cierto que ocultamos o distrajimos. Categóricamente desmiento que allí se pudiera perder evidencia con intensión o sin intención”, sentenció.

 Además, relató que dos años después del apresamiento de Quirino, se presentó a su despacho una mujer llamada Ana Altagracia Santana Pérez, quien denunció que la hermana de la esposa de Paulino Castillo le había entregado a su esposo (Víctor Manuel Mella Terrero) tres maletas llenas de dólares, que habían sido guardadas por el narcotraficante.

 “Las maletas fueron guardados en el almacén de la factoría de arroz que estaba localizada en la calle Emilio Prud’Homme. En algunas ocasiones el señor Mella Terrero -que pertenecía a la empleomanía- entregó dinero al señor Rosendo Santana Pérez, administrador de ese establecimiento y esposo de una cuñada de Quirino”, apuntó.

Narró que la señora Santana Pérez le dijo que su esposo había sido secuestrado y que semanas antes dos colombianos habían requerido la entrega de esas maletas llenas de dólares, pero que su marido les respondió que a quien guardaba la maleta, supuestos miembros de la DNCD le hicieron un allanamiento y se llevaron los bultos.

Con relación a la supuesta vinculación del expresidente Leonel Fernández, el magistrado  aseguró que en las investigaciones en conjunto que se hicieron, no se registró ni en video ni en fotografías ni reportes algún tipo de conexión con el condenado por narcotráfico.

“En la evidencia no se puede establecer relación o contacto con el expresidente Leonel Fernández y con respecto a otros políticos tampoco. No se puedo comprobar que ningún militar protegiera a Quirino para encubrirlo”, agregó.

Hernández Pequero sostuvo que solicitó que todos los bienes de Paulino Castillo quedaran en manos del Estado dominicano y que luego se hizo un acuerdo entre las autoridades locales y las estadounidenses, quedándole al país RD$900 millones en bienes y dinero del tráfico de droga.

“Ese dinero, evidentemente y como lo establece la ley, fue distribuido a las entidades de rehabilitación de drogadictos, la DNCD y otras instituciones de combate del narcotráfico. No hay posibilidad de que esos bienes específicos se les devuelvan a Quirino”, manifestó.

Informó, además, que Quirino Paulino tenía dos casos pendientes en la Justicia dominicana: un por el cargamento con el que fue arrestado y el otro por uno decomisado en Puerto Rico.

Indicó que las autoridades del país renunciaron a juzgarlo por el cargamento con el que fue arrestado y el de Puerto Rico fue archivado, ya que el imputado había sido extraditado a Estados Unidos.

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