SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), criticó “el paño tibio y el trato complaciente” que tanto la Procuraduría General de la República, como la Cámara de Cuentas vienen dándole a los funcionarios infractores y renuentes a cumplir con el voto de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, la cual le obliga en ocasión de sus funciones públicas a presentar un inventario jurado con los bienes que posee al momento de asumir un cargo que implique el manejo de fondos públicos.

Asimismo la fundación anuncio, que si cumplido el nuevo plazo de 30 días, dado por la Cámara de Cuentas a las entidades y funcionarios en falta, para que cumplan con su responsabilidad, sin que esto se verificara y ante la evidente inercia y apatía del procurador, Justicia y Transparencia procedería a tramitar por vía directa el correspondiente sometimiento a la justicia, de todos aquellos que al momento no hayan honrado el voto de la ley, en cuya virtud además procederemos a intimar en los próximos días a las instituciones citadas, poniéndolas en mora a los fines de traducción a la acción de la justicia.

Potentini advirtió a los funcionarios infractores agrupados en las instituciones estatales, Congreso nacional, Junta Central Electoral (JCE), Liga Municipal Dominicana (LMD), Embajadores y Cónsules; instituciones militares, Policía Nacional (PN), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Junta Monetaria, que además de violar la ley, también irrespetan la constitución de la República, cuando en su artículo 146.3 dispone la obligatoriedad de presentar declaración jurada patrimonial, lo que sin dudas deviene en una falta grave.

Potentini recordó que la nueva ley sustituye a la obsoleta y antigua disposición # 82-79 sobre declaración jurada de bienes, la cual carecía de un sistema de consecuencias, diferente a la ley actual (311-14) que contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa.

Otra de las virtudes de la nueva Ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, lo constituye la instauración de un sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, atinente a todos los funcionarios públicos, bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector del referido sistema.

Finalmente la entidad cívica pidió al Poder Ejecutivo disponer de la necesaria voluntad política para hacer cumplir una ley de tanta trascendencia, sobre todo en el interés de mandar una señal clara del compromiso estatal de luchar contra la corrupción.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) condenó la practica “hoy casi generalizada de la clase política dominicana, concertando acuerdos para favorecer la reelección presidencial, prostituyendo y debilitando la democracia interna de los partidos políticos y de paso cercenando la posibilidad y el derecho de sus militancia a seleccionar en primarias sus mejores candidatos”.

El presidente de la institución, Trajano Potentini, dijo que en la actual coyuntura de aprestos reeleccionista y de cara al venidero proceso electoral, los partidos políticos, fundamentalmente (PLD, PRD y PRSC), hacen un flaco servicio a la democracia, al plantear un escenario colectivo de repartición de cargos y reelección generalizada.

A juicio de Potentini con la reserva de la mayoría de las candidaturas a cargo congresuales y municipales, las principales fuerzas políticas del país han secuestrado el ejercicio de la democracia, en desmedro de su propia militancia, sesgándole la posibilidad de acceder a un cargo electivo por sus méritos, trabajo político y vocación de servicio”.

Sostiene que lo que ha imperado en las cúpulas partidarias es la repartición de un botín de guerra, producto del saqueo de la democracia dominicana, entregado en manos de los más connotados corsarios de la política vernácula.

Afirmó que con esta medida de trueque los partidos están lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva en las próximas elecciones de mayo.

Cree que los partidos políticos traicionan su propia militancia y cometen crimen contra la democracia al reservarse a cambio de la reelección presidencial la mayoría de las candidaturas, para ser entregadas en pago al apoyo reeleccionista.

Vidal Potentini recordó a la clase política dominicana que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho con protección y tutela constitucional, contemplada en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 22 numeral 1.

De ahí, dijo el jurista, que “estamos en presencia de una grosera violación a derechos fundamentales y de falta a la institucionalidad, características distintivas de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo consagra la constitución en su artículo 7.

La fundación alberga la esperanza de que los políticos reflexionen y entiendan que las agrupaciones políticas no son parcelas particulares de sus principales dirigentes, y que le den un uso justo, racional y equitativo al monopolio absoluto que hoy por hoy en virtud de la ley electoral, mantienen del acceso a las candidaturas a cargos electivos.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron esta tarde al director de Aduanas, Fernando Fernández, abstenerse de adoptar la medida de cobrar el impuesto a las compras por internet por debajo de 200 dólares, el cual sería implementado a partir del 15 de este mes.

El tribunal, presidido por el magistrado Federico Fernández, adoptó la medida tras acoger una solicitud presentada en ese sentido por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Asociación Dominicana de Empresas de Courrier (ASODEC), Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Cámara Americana de Comercio Electrónico.

El tribunal, integrado además por Rafael Ciprián e Ingrid Hernández, solicitó al director de Aduanas abstenerse hasta tanto se conozca un recurso de amparo preventivo presentado por estas entidades, al que se le sumó al Defensoría del Pueblo y Proconsumidor.

Luego de adoptar la medida, el tribunal ordenó la continuación del juicio para conocer el fondo del proceso del recurso de amparo preventivo, al que también se sumaron como interviniente voluntario la Asociación de Comerciantes de la Duarte, entre otras entidades comerciales.

En la instancia, los demandantes aseguran que la medida adoptada por la Dirección de Aduanas es una disposición administrativa y que no puede violentar un marco legal, que resulta jerárquicamente superior.

Sostienen que el aviso publicado por Aduanas contraviene las disposiciones del Decreto 402-5 de la Ley número 277-12 del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, así como de diversos principios constitucionales.

“El intento de Aduanas de interponer una carga fiscal por la vía administrativa lesiona una amplia gama de principios constitucionales que ponen en riesgo el estado de derecho en el país”, aduce la instancia depositada en el TSA.

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