SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.-

“El ministro mejor se hubiera quedado callado, “da asco”… como se va a enaltecer el país de agasajar a quien ofende la dignidad del pueblo dominicano.  Cada vez que uno escucha justificaciones de este tipo siente náuseas, no hay otra manera de expresarlo”.

Dijo no entender la necesidad de hacer ese acto infructuoso, y destacó que habría que suponer que por lo gratuito del asunto es algo que va mucho más allá.  “De todos los escritores vivos importantes de la actualidad por qué elegir precisamente al único que se dedicó a denostar  la República Dominicana, a hacerle daño a la imagen del país”, expresó.

El jurista calificó como imprudente, inoportuna e inconsecuente la decisión del Ministerio de Cultura de otorgar ese importante premio al escritor Vargas Llosa.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Juan Miguel Castillo Pantaleón reiteró que el  Gobierno “ha puesto un huevo” al firmar el decreto 250-14 que crea el Reglamento de aplicación a la ley 169-14, sobre Naturalización porque viola la Constitución de la República y “convertirá en minoría a la población dominicana”.

Pantaleón asegura se han violado artículos de la Carta Magna que “traerán graves consecuencias al país”.

Advierte que  “esa población que hoy se registra es la que determinará quiénes serán las autoridades elegidas electoralmente en menos de 15 años”.

La población tiene que darse cuenta que estos extranjeros a “quienes se va a dominicanizar al vapor  y cuyo regalo de nacionalidad está en manos de un partido político en el poder, que al margen de la Junta Central Electoral, es quien va a concederlo en un país donde las elecciones se deciden por menos de cien mil votos desde hace varios torneos, esa población determinará quiénes serán las autoridades elegidas”.

Agregó que “será esa que cuando cruza la frontera no deja ni su cultura ni su civilización atrás, sin control natal, que se va a reproducir aquí con la misma velocidad que se reproduce la población hatiana allá, (Haití) y en cinco lustros, los dominicanos llegaremos a ser minoría en nuestro propio territorio”.

Explicó que “eso pasa en todas las partes del mundo donde las políticas irresponsables y la falta de conciencia de los liderazgos no ven hacia el futuro en un país subdesarrollado, donde tampoco las élites ven más allá de sus conveniencias”, poniendo como ejemplo a Ucrania.

Entrevistado en Acción Matinal, Miguel Castillo Pantaleón fue enfático al afirmar que “hay una voluntad política dispuesta a complacer esa presión internacional que quiere que República Dominicana cargue con el problema haitiano.

“Tenemos una debilidad en nuestra clase política, decimos una cosa, pero cuando llegan los representantes internacionales como el presidente de la Unión Europea, hacemos otra, es evidente que se ha puesto un huevo”.

“Aquí se está debatiendo el futuro del país” -dice Pantaleón- pero la población no está alerta de las graves implicaciones que traerá al país,  el decreto firmado por el Poder Ejecutivo.

En ese orden, informa que el presidente de la República viola la Constitución, articulo 4, referente al Principio de Separación de los Poderes: “no puede invadir las funciones propias de otros poderes constitucionales.

Por lo tanto, agrega Castillo Pantaleón, el presidente, no puede hacer cosas que la Constitución establece son competencia de la Junta Central Electoral porque la Carta Magna se lo prohíbe”.

Citó el artículo 6 que dice que todo aquello que contravenga la Constitución, es nulo; el art. 270: establece que hay ciertas materias entre ellas la de Nacionalidad y Extranjería, que para ser modificado tiene que ser objeto de una reforma constitucional previa, y ésta a su vez, sometida a un referéndum.

¿Qué es lo que pretende este decreto?, reglamentar la aplicación de una ley especial 169-14, que se ha dictado para resolver un problema con relación a aquellos extranjeros nacidos en República Dominicana, de padres en tránsito en suelo dominicano y que de acuerdo al art. 8 de la Constitución son dominicanos.

“Y ese reglamento trata sobre la aplicación de la citada ley que dice que en relación con los que estaban mal inscrito, estas personas como han desarrollado una vida con expectativa y tema de sensibilidad humana debía de dársele el privilegio de la nacionalidad por la vía de la naturalización”.

Reiteró que el Reglamento viola la Constitución y va más allá, porque permite que una persona sin que se constate su seriedad, pueda por un simple acto administrativo relativo a la identidad, decir que ha nacido en República Dominicana, sin identidad de los padres y pueda acreditar ese hecho”.

Afirma que ese decreto es la falsificación o la fabricación de identidades.

Al tratar de explicar el problema que se plantea, añade que “cuando usted va a un oficial de Estado Civil lleva el documento del declarante de la madre y del padre debe presentar su documento de identidad, pero este “reglamento lo que dice es que una persona va ante un notario le dice que nació en año tal y que se llama “José Pérez, y soy hijo de Josefa Pérez” queda regularizado  sin investigar, y además queda nacionalizado, eso es lo que dice el decreto”.

Dijo que alertó al Poder Ejecutivo de las violaciones legales que el decreto tiene para que fuera corregido, pero no “lo corrigieron y salió igualito”.

De acuerdo al jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón ese decreto tiene “una trampa mortal: el punto fundamental, certero con el cual se ha pretendido hacer una fusión por absorción de la isla con la población haitiana, abrir un proceso de “registro para posterior naturalización de gente que no tiene ningún documento, esta gente asentada tendría derecho a la nacionalidad dominicana porque no tiene derecho a otra”.

Deploró que mediante el decreto se le requiera menos requisitos para hacerse dominicano, que para regularizarse, y que es una barbaridad”.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó este miércoles que la aprobación del Reglamento de la Ley 169-14 sobre naturalización “consuma la puesta en marcha del plan de fusión por absorción de población haitiana”, a que dijo, apostaba la presión internacional ejercida contra República Dominicana.

El ex juez calificó  como una “farsa” el proceso de consulta al borrador del Reglamento, que dejó abierto el Poder Ejecutivo durante diez días, porque, a su juicio, “dejó intactos todos los graves vicios de inconstitucionalidad y de legalidad que le fueron anticipadamente señalados”.

Castillo Pantaleón emitió su opinión sobre la decisión del presidente Danilo Medina de aprobar el Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 con el decreto 250-12, a través de su cuenta en la red social de Faceboock.

“Ese decreto choca, viola, contraviene, riñe y quebranta el sistema de nacionalidad de República Dominicana, complaciendo intereses foráneos; viola la Constitución de manera consciente y deliberada y, por tanto, puede ser considerado una herramienta de traición”, sostiene el jurista.

Advierte que las graves consecuencias de este acto “vergonzante” las enfrentará nuestro país, cuya identidad acaba de ser fracturada.

Asimismo Castillo Pantaleón formuló la interrogante; ¿Los dominicanos permitiremos que unos políticos irresponsables comprometan lo que tanta sangre, sudor y lágrimas ha costado?

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- En la mañana de ayer, 4 de diciembre de 2013, varios abogados depositaron ante la Secretaría del Tribunal Constitucional dominicano formal solicitud de fallo del expediente No. TC-01-2005-0013, contentivo del Recurso de Inconstitucionalidad de fecha 28 de noviembre de 2005 contra el  Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual fuera expedido y firmado por el Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1999.

Dicho recurso, sometido originalmente por destacados juristas, entre ellos Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel Vásquez y Pelegrín Castillo, persigue la inconstitucionalidad de la adhesión del Estado Dominicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no haber sido realizada conforme a los mecanismos constitucionales establecidos en la Carta Magna de 2002, la cual ordenaba que todo acto o convención internacional celebrado por el Poder Ejecutivo debía pasar por el Congreso Nacional a los fines de ratificación, sin lo cual no tendría validez.

El recurso, que aún se encuentra pendiente de fallo, fue trasladado administrativamente desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional, como parte de la creación de este nuevo órgano judicial a través de la Constitución de 2010 y la Ley No. 137-11.

 Los abogados responsables por la interposición de la nueva solicitud de fallo fueron la Dra. Cristina Aguiar, Lic. Laura Leticia Maríñez y Lic. Juan Miguel Castillo Roldán; quienes entienden que a la luz de los eventos y circunstancias actuales es cada vez más necesario el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana, por lo cual piden al máximo intérprete de la Ley Sustantiva que se pronuncie sobre la invalidez del instrumento de aceptación de la competencia del organismo internacional, conforme a las previsiones constitucionales y el Derecho de los Tratados.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Varias entidades agrupadas en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, anunciaron que este lunes iniciarán acciones legales para someter a la Justicia a todos los hijos de haitianos que al momento de la sentencia del Tribunal Constitucional, hayan obtenido documentación de manera fraudulenta.

El foro con el tema “análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional”, la nacionalidad dominicana a extranjeros, que participaron empresarios, políticos, juristas y sindicalistas, se celebró este domingo en el Hotel Santo Domingo.

La agrupación dijo que lo primero que realizarán es acudir mañana a las 2:00 de la tarde a la Junta Central Electoral (JCE), a los fines de solicitar toda la documentación de descendientes de haitianos que han obtenido actas de nacimiento y cédulas de forma ilícita, llamase documento públicos falsos, usurpación de identidad de personas vivas, adquisición de documentos de fallecidos, lo cual la ley lo sanciona y castiga como delito.

Luego, interpondrá una querellará contra de este segmento poblacional, de organizaciones no gubernamentales (ONGS) que les hayan facilitado el proceso y hasta a funcionarios que se pruebe que fueron cómplices de la facilitación de los referidos documentos.

La sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual no le corresponde la nacionalidad dominicana a los nacidos en territorio dominicano hijos de extranjeros indocumentados o en tránsito. Esto afecta, principalmente, a decenas de miles de hijos de haitianos que habían sido reconocidos bajo normativas precedentes a la Constitución de 2010 y que desde 2007 la JCE les desconoce la validez de sus documentos.

Al frente del movimiento se coloca el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, entusiasta defensor del fallo, quien advirtió que ya que el Ministerio Público no se convierte en actor para someter a la Justicia a estas personas, este grupo se encargará de hacerlo.

El ex juez sostuvo que con esta sentencia no hay posibilidad alguna de apátridia y que sólo al Estado dominicano le corresponde tomar decisión de a quién le otorga su nacionalidad.

Pantaleón aclaro que nuestro país viola los Derechos Humanos si no le entrega documentos a sus nacionales pero no a extranjeros.

Además, el Estado dominicano tiene que establecer las reglas para controlar la la frontera la entrada de manera ilegal a extranjeros haitianos, ya que por la misma esta el tráfico de personas, de mercancías,  drogas entre otras.

Mientras, el sindicalista Pepe Abreu refutó la posición de Trinidad y Tobago frente al tema,  pues dijo que un Estado con  techo de cristal no puede decirle al país qué hacer en materia  de migración.

Resaltó que esa nación caribeña no permite que extranjeros entren a su territorio sin contar con un contrato de trabajo y que por esta norma han sido afectados grupos de haitianos que intentan migrar hacia allá.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, condenó el dictamen del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que afecta a miles de descendientes de haitianos y dijo que como presidenta pre témpore del Caricom llevará este tema al consejo del organismo multilateral caribeño.

Abreu especifico que a los dominicanos no es que no le guste el trabajo de construcción sino que rechaza las condiciones que le ofrecen para realizarlo pero como la mano extranjera (haitiana) es más barata la contrata le gusta trabajar pero lo que

El economista Felipe Alfau dijo que cuando contractan una mano de obra barata solo enriquece un grupo pequeño pero no la sociedad, con esta pone a prueba nuestra frágil economía que se está viendo afectada después del terremoto en el año 2010 en el país de Haiti, porque son más los haitianos que pasan por la frontera y son contratados porque son de manos baratas,  por lo tanto los empresario que lo contrata acumulan riqueza.

Por tal razón,  nuestra economía cada día se va empobreciendo, estamos enfrentando una situación muy compleja.

El doctor  Pelegrin Castillo, dijo que esta sentencia protege los derechos de los inmigrantes con una amplia y efectiva tutela, al mismo tiempo traza pautas institucionales que deben observar los órganos públicos para dar respuesta a los problemas antes mencionados, dentro del marco de respeto debido a la Constitución, las leyes y los intereses nacionales.

Dijo que se ha evidenciado, que esta influido por poderosos factores de poder de los Estado Unidos que inicia la presentación del caso con la proyección de un video titulado República Dominicana “El Apartheid del Caribe”, es decir  que el país será desacreditado ante una corte internacional en forma alegre y desaprensiva, de ser responsable de cometer un crimen de esa humanidad.

A pesar que este país del mundo has sido  más abierto, tolerante y solidario con el drama del pueblo haitiano, y ahora será  estigmatizado por la situación en cuestión.

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