Por Max Fisher, Amanda Taub y Dalia Martínez*

TANCÍTARO, México.— El camino a este pueblo de campesinos en Michoacán pasa por barrios pobres y territorios controlados por cárteles, en este estado que es el centro de la guerra contra el narcotráfico en México, antes de llegar a un paisaje tan extraño que parece un espejismo.

En las torres de vigilancia de 4,5 metros de altura hay hombres apostados cuyos uniformes verdes no pertenecen a ninguna fuerza oficial. Pasando la torre, la estatua de un aguacate lleva la leyenda: “Capital mundial del aguacate”. Y después de la estatua se encuentra Tancítaro, una isla de seguridad y estabilidad que se ha mantenido después del año más violento de la historia de México.

Los propietarios locales de aguacatales, que exportan más de un millón de dólares en aguacates al día, principalmente a Estados Unidos, resguardan la que se ha convertido en una especie de ciudad-Estado independiente. Con autovigilancia y autogobierno, es un santuario donde los cárteles de la droga están ausentes, al igual que el Estado mexicano.

No obstante, detrás de la calma hay un pueblo bajo un estricto control, el cual yace en manos de grupos paramilitares que solo rinden cuentas a sus patrones. La adicción a las drogas y el suicidio se han disparado, según comentan los lugareños, a medida que el contrato social enfrenta cada vez mayor presión.

Tancítaro representa una tendencia silenciosa pero reveladora en México, donde un puñado de pueblos y ciudades se están separando de facto, en todo o en parte, del Estado. Se trata de actos de desesperación que revelan cómo la policía y los políticos mexicanos son vistos como parte de la amenaza.

Si visitas tres enclaves de ese tipo —Tancítaro, Michoacán; Monterrey, una acaudalada ciudad comercial al norte del país, y Ciudad Nezahualcóyotl, justo a las afueras de la capital mexicana—, encontrarás un patrón. Cada uno es un paraíso de relativa seguridad entre la violencia, lo cual sugiere que su diagnóstico del problema era el correcto. No obstante, sus victorias son frágiles y conllevan un costo considerable.

Son excepciones que confirman la regla: la crisis de México se manifiesta en forma de violencia, pero está enraizada en la corrupción y la debilidad del Estado.

Tancítaro: Por las armas

Comenzó como una revuelta. La gente del pueblo formó grupos de autodefensa para expulsar a los grupos de delincuencia organizada que controlaban, en la práctica, buena parte de Michoacán y a la policía local, que era vista como cómplice. Los propietarios de aguacatales, cuyas familias y negocios se enfrentaban a la creciente amenaza de la extorsión, financiaron la revuelta.

Así fue como Tancítaro se quedó sin policía ni gobierno, puesto que las autoridades huyeron. En cambio, el poder se acumuló entre los paramilitares que controlaban las calles y quienes los respaldaban y financiaban, una organización de agricultores de aguacate adinerados conocida como Junta Local de Sanidad Vegetal, que los ciudadanos suelen llamar la Junta.

Casi cuatro años después, mientras que otros pueblos gobernados por autodefensas en Michoacán colapsaron debido a la violencia, las calles permanecen seguras y limpias. Sin embargo, al deshacerse de las instituciones que permitían que el crimen floreciera, Tancítaro creó un sistema que se asemeja en muchos aspectos al control que tendría un cártel.

El gobierno comenzó con una purga. Los jóvenes sospechosos de formar parte del cártel fueron expulsados del pueblo. A los de bajo nivel (los informantes o halcones), principalmente niños, se les permitió quedarse, aunque los narcotraficantes terminaron por asesinar a la mayoría de ellos en represalia, según un comandante del grupo de autodefensas.

Si bien la violencia disminuyó, permaneció la estructura de poder de tiempos de guerra. Ahora los grupos paramilitares fungen como la policía, además de encargarse de resguardar el perímetro del pueblo y los aguacatales.

Cinthia García Nieves, una joven organizadora comunitaria, se mudó al pueblo poco después de que los enfrentamientos se sosegaron. Idealista, pero con lucidez, quería ayudar a Tancítaro a desarrollar instituciones verdaderas. Sin embargo, las líneas de la autoridad se han “difuminado”, dijo García Nieves durante una reunión en un café cercano al centro del pueblo.

García Nieves estableció consejos ciudadanos a fin de que las familias locales participaran. Sin embargo, el gobierno de las autodefensas acostumbró a muchos a la idea de que el poder pertenece a quien sea que tenga las armas.

Ella tiene grandes esperanzas de que haya foros de justicia comunitarios, diseñados para castigar delitos y resolver controversias. No obstante, en la práctica, quien suele hacer justicia —y suministrar los castigos— es cualquier comandante armado que decida involucrarse.

“Los llevamos a la calle y les dimos una golpiza”, dijo Jorge Zamora, un miembro de las autodefensas, sobre lo que ocurrió a algunos hombres acusados de vender drogas. No los mataron porque dos de ellos eran sus parientes, agregó. En cambio, “los expulsamos del pueblo”.

Aunque el grupo liderado por Zamora tiene como tarea vigilar los aguacatales, no mantener el orden, su proximidad con los intereses de la Junta le otorga un poder especial. “A ellos no les pesa en absoluto gastarse un millón o dos en armas”, comentó Zamora.

Oficialmente, la autoridad máxima en Tancítaro es un alcalde, Arturo Olivera Gutiérrez, tan popular que fue candidato con el consentimiento unánime de todos los partidos políticos importantes y ganó de manera apabullante en 2015. De manera no oficial, el alcalde rinde cuentas a los propietarios de los aguacatales, quienes predeterminaron esta elección asegurándose de que fuera el único candidato viable, según Falko Ernst y Romain Le Cour Grandmaison, investigadores de seguridad que estudian la situación en Tancítaro.

Los consejos ciudadanos, diseñados como representaciones de un utopismo democrático, ostentan poco poder. Los servicios sociales se tambalean.

Aunque el nuevo orden es popular, ofrece pocas avenidas para apelar o disentir. Las familias cuyos hijos o hermanos son expulsados —una práctica que continúa— tienen pocos recursos.

Los investigadores creen que el gobierno federal se ha negado a restablecer el control por miedo a que eso atraiga atención a la idea de que el separatismo conlleva seguridad.

García Nieves sigue creyendo en el modelo de Tancítaro, pero le preocupa su futuro.

“Tenemos que trabajar juntos”, dijo, o se corre el riesgo de un futuro de “autoridad opresora”.

Monterrey: Con la chequera

Si Tancítaro se separó con las armas, la ciudad de Monterrey, sede de muchas de las más importantes corporaciones de México, lo hizo con un fichero de tarjetas de presentación y un apretón de manos.

En lugar de expulsar a las instituciones, la élite empresarial regia se apoderó de ellas sin decir nada, con la bendición de sus amigos y compañeros de golf que son servidores públicos.

Sin embargo, el progreso que tuvieron, que alguna vez fue extraordinario, ahora vacila: la delincuencia está regresando.

“Mira, tengo mucha experiencia en estos temas, y el proyecto del que me siento más orgulloso es este de Monterrey”, declaró Jorge Tello, consultor de seguridad y exdirector de la agencia nacional de seguridad. “Es muy fácil perderlo”, advirtió, agregando que quizá ya es demasiado tarde.

El experimento de Monterrey comenzó en una sobremesa. Tello estaba cenando con el entonces gobernador, quien recibió una llamada de José Antonio Fernández, el director de Femsa, una de las empresas más grandes de México.

Los guardias de seguridad privada de Femsa habían sido atacados por integrantes de los cárteles mientras llevaban a los hijos de los empleados a la escuela. Dos habían muerto repeliendo lo que muy probablemente era un intento de secuestro.

El gobernador puso la llamada en altavoz. Fue la primera de muchas conversaciones así, a las que se unieron otros directores corporativos que enfrentaban amenazas similares.

Un club de directores ejecutivos que se hacen llamar el Grupo Monterrey o Grupo de los Diez ofreció ayuda para financiar y reformar a la policía estatal. El gobernador Rodrigo Medina (ahora acusado de cargos de corrupción) aceptó.

Contrataron a un consultor, que sugirió hacer cambios en los niveles superiores y en los inferiores y remplazó a casi la mitad de los funcionarios. Contrató a abogados para que reescribieran las leyes sobre secuestro y se volvió un punto de contacto para la coordinación entre la policía y las familias de las víctimas.

Cuando el gobernador anunció después un plan ambicioso para crear una nueva fuerza policial, la Fuerza Civil, que tendría el propósito de restaurar el orden, nuevamente invitó a los líderes empresariales a participar. Los directores ejecutivos ahora supervisarían una de las funciones más centrales del gobierno. Contrataron a más consultores para poner en práctica las mejor y más avanzadas prácticas policiales, de participación comunitaria y cualquier cosa que pudiera frenar la violencia que se disparaba rápidamente en su ciudad. Financiaron viviendas especiales y mejores salarios para los oficiales.

Sus departamentos de nómina y recursos humanos daban servicio a las fuerzas policiales. Sus áreas de mercadotecnia llevaron a cabo una campaña de reclutamiento en todo el país. Cuando los funcionarios del gobierno solicitaron avalar los anuncios comerciales antes de que salieran al aire, los líderes corporativos dijeron que no. Quizá lo más importante fue que evadieron la burocracia y la corrupción que habían empantanado otros esfuerzos de reforma policial.

La delincuencia disminuyó en toda la ciudad. Los líderes comunitarios en las áreas más pobres informaron que las calles eran más seguras y que había una confianza renovada en la policía.

La experiencia de Monterrey terminó por proveer todavía más evidencias de que, en México, la violencia era solo un síntoma; la verdadera enfermedad se encuentra en el gobierno. La toma de poder corporativa funcionó como una suerte de cuarentena; no obstante, sin tratar la enfermedad, la cuarentena inevitablemente terminó.

A finales de 2015 asumió el cargo un nuevo gobernador, Jaime “el Bronco” Rodríguez, quien no renovó algunas de las reformas y colocó a sus amigos en posiciones clave del gobierno. La delincuencia y las denuncias de brutalidad policial ahora están resurgiendo, en especial en los suburbios de la clase trabajadora. Los líderes empresariales, cuyas riquezas siguen a salvo, no han logrado o se han negado a presionar al nuevo gobernador.

“Las cosas mejoraron, la gente se sintió cómoda y luego destruyeron todo”, comentó Tello.

Agregó que las instituciones débiles de México hacen que cualquier arreglo se atenga a los caprichos de los líderes políticos.

Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, comentó que la ciudad no puede hacer gran cosa para aislarse. “No es una isla”, dijo. Cualquier ciudad mexicana, agregó, está vigilada por varias fuerzas. Algunas rinden cuentas al alcalde, otras al gobernador y otras más al gobierno federal. Cualquiera de esos actores policiales puede desbaratar los avances mediante la corrupción, el compadrazgo o el simple descuido.

Incluso los líderes empresariales más poderosos del país pudieron detenerlos solo por un breve periodo.

“Es un gran problema”, comentó De la Garza, y administrarlo es “parte de la vida política en México”.

Neza: Por las urnas

“Uno no espera que un lugar como Neza tenga algo de atractivo o emocionante”, comentó John Bailey, profesor de la Universidad de Georgetown que estudia la vigilancia policial en México.

Ciudad Nezahualcóyotl, una extensión de un millón de residentes a las afueras de la zona metropolitana de Ciudad de México, llegó a ser conocida principalmente por su pobreza, la violencia pandillera y una corrupción policial tan prevaleciente que los oficiales comúnmente extorsionaban a los ciudadanos.

Hoy, aunque todavía sigue siendo un barrio bravo, Neza es mucho más seguro. Sus policías son considerados “un modelo realmente prometedor”, de acuerdo con Bailey, en una parte del país donde la mayoría son vistos como amenazas.

A diferencia de Tancítaro o Monterrey, Neza no tiene paramilitares ni una élite empresarial que se haga del poder o lo gane. Su gobierno parece normal a simple vista. Sin embargo, el jefe de la policía que ha supervisado los cambios, un exacadémico con un aire de abuelo llamado Jorge Amador, no es normal.

Durante años ha usado a Neza como su laboratorio personal, poniendo a prueba una gran mezcla de reformas duras, planes descabellados y experimentos elaborados.

Muchos fracasaron. Algunos fueron algo estrafalarios y entretenidos sobre todo para la prensa extranjera (como un programa de literatura que proveía a los oficiales un nuevo libro al mes —principalmente los clásicos, todos de lectura obligatoria— y premiaba a los oficiales que escribieran sus propias obras). Pero algunos sí funcionaron.

Amador tuvo la libertad de experimentar —y lo que logró con esos experimentos se mantuvo—, porque el gobierno de Neza tampoco es normal. Se ha separado de una parte del Estado que para la politóloga Joy Langston es el punto clave de los fracasos en México: su sistema partidista.

Neza invirtió el modelo de Monterrey: en lugar de establecer una fuerza policial independiente y apropiarse del sistema político, Neza estableció un sistema político independiente y se apropió de la policía.

Los partidos de la clase gobernante de México son más que partidos; son el Estado. Quienes son leales, cuenten o no con la capacitación para ser servidores públicos, son quienes dirigen las instituciones. Los funcionarios tienen poco campo de acción y pocos incentivos para investigar la corrupción que podría implicar a miembros del mismo partido. La mayoría cambian de cargo tras algunos años, lo cual frena los pocos avances que se puedan llegar a dar.

Aunque Neza es dirigido por un partido de izquierda, el PRD, existe fuera de este sistema. Sus líderes parecen tener el campo de acción para limpiar a las instituciones locales y retirar a las autoridades estatales, del partido PRI, que también controla el gobierno federal.

Amador está haciendo ambas cosas. Despidió a uno de cada ocho oficiales y cambió a todos los comandantes. Reorganizó las asignaciones para interrumpir las redes de clientelismo. Los que se quedaron enfrentan un escrutinio constante. Cada patrulla está equipada con una unidad de GPS rastreada por decenas de oficiales de asuntos internos.

A la policía estatal se le trata como a los invasores extranjeros. Los líderes de Neza creen que los funcionarios estatales están socavando en silencio sus esfuerzos en una apuesta por recuperar el poder en el municipio, que en 1997 fue de los primeros en quedar fuera del control del PRI en el bastión de esta fuerza política.

La secesión burocrática de Neza permitió a Amador repensar la fuerza de las autoridades según cómo se les veía. Sabía que la corrupción y la delincuencia siempre pagarían más que lo que él podría dar. Así que ofrecería algo más valioso que el dinero: una identidad cívica orgullosa.

Los concursos de ensayo, las ligas deportivas y las becas son parte de un mensaje impulsado con ese fin, que cultiva una cultura que podría percibirse como un culto. Se entregan premios con frecuencia —a menudo con ceremonias públicas y que siempre implican un poco de dinero— y por logros que podrían pensarse pequeños.

“Tenemos que convencer al oficial de policía de que puede ser un tipo distinto de policía, pero también al ciudadano de que tiene a una policía distinta”, argumentó Amador.

Yazmín Quiroz, residente de Neza de toda la vida, comentó que trabajar con los policías, a quienes conoce por nombre, conllevó un sentimiento de comunidad. “Estamos unidos, lo cual no había ocurrido antes”, dijo. “Por fin nos estamos hablando los unos a los otros”.

Sin embargo, las ganancias de Neza podrían esfumarse, advirtió Amador, si la delincuencia en las áreas colindantes continúa aumentando o si la alcaldía cambia de partido. Su experimento ha mantenido a las pandillas del narcotráfico y al Estado mexicano a raya, pero podría no resolver ninguno de esos problemas mayores. Comparó a Neza con el Imperio bizantino: atrapado entre otros enormes imperios durante siglos antes de sucumbir en la historia.

“La pregunta es”, dijo, “¿cuánto tiempo podremos sostenerlo?”.

*Dalia Martínez reportó desde Tancítaro, y Max Fisher y Amanda Taub lo hicieron desde Monterrey y Ciudad Nezahualcóyotl. Arturo Aguilar colaboró con este reportaje desde Monterrey y Ciudad Nezahualcóyotl.

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Varios expertos analizan los motivos que provocan que la guerra civil siria no solo no termine sino que empeore y no se parezca a ninguna guerra civil anterior.

Por MAX FISHER

WASHINGTON — Hay algo en la guerra civil en Siria que no parece cambiar nunca: cualquier intento para solucionarla fracasa.

A pesar de los diversos intentos, conferencias de paz e intervenciones desde el exterior, entre las que se incluye la última de las incursiones turcas en el interior de Siria, la única aguja que parece moverse es la que mide el sufrimiento de los sirios, que solo empeora.

Las investigaciones académicas sobre las guerras civiles revelan por qué: la duración media de un conflicto así es de casi una década, el doble de la de Siria hasta la fecha. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden alargarlos, volverlos más violentos y dificultar su fin. Prácticamente todos están presentes en Siria.

Cuando se le preguntó qué otros conflictos a lo largo de la historia han tenido una dinámica parecida, Barbara F. Walter, profesora de la Universidad de San Diego y experta en guerras civiles, hizo una pausa, consideró unas cuantas posibilidades, y finalmente se rindió. No hay ninguno.

“Este es un caso verdaderamente difícil”, dijo.

Un conflicto que no quiere terminar

La mayoría de las guerras civiles terminan cuando un bando pierde, ya sea en combate o porque se queda sin armas o porque pierde el apoyo popular y tiene que rendirse. Casi un cuarto de las guerras civiles terminan con un tratado de paz, a menudo porque ambos bandos están exhaustos.

Esto pudo haber ocurrido en Siria: los combatientes principales (el gobierno y los insurgentes que comenzaron a pelear en 2011) están debilitados y no podrían sostener por sí mismos la lucha durante mucho más tiempo.

Sin embargo, no están solos. A cada bando lo apoyan fuerzas extranjeras (Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita y ahora Turquía), cuyas intervenciones han convertido a Siria en un ecosistema sin entropía. En otras palabras: las fuerzas que normalmente detendrían la inercia del conflicto están ausentes y permiten que continúe durante mucho más tiempo en comparación a lo que sucedería en otro caso.

Por eso, según James D. Fearon, un profesor de Stanford que investiga las guerras civiles, muchos estudios han encontrado que “si hay intervención externa en ambos bandos, la duración es significativamente mayor”.

Nadie puede perder, nadie puede ganar

Los patrocinadores extranjeros de la guerra no solo eliminan los mecanismos para la paz, sino que también introducen mecanismos para reforzarse a sí mismos todo el tiempo e intensifican el estancamiento. Siempre que un bando va mal, sus apoyos externos se involucran más y envían suministros y apoyo aéreo para impedir la derrota del bando que favorecen. Entonces este comienza a ganar, lo que tiende a provocar que los apoyos externos del otro bando también eleven su apuesta. Cada escalada es un poco más fuerte que la anterior y acelera la matanza sin cambiar nunca el equilibrio fundamental de la guerra.

Esta ha sido la historia en Siria casi desde el comienzo. A finales de 2012, cuando el Ejército de Siria comenzaba a encadenar derrotas, Irán intervino a su favor. A principios de 2013, las fuerzas gubernamentales se recuperaron, por lo que los Estados ricos del Golfo inundaron de apoyo a los rebeldes. Después Estados Unidos y Rusia se han unido al combate.

La estructura de la guerra provoca que se cometan atrocidades

Siria ha sido el escenario de matanzas masivas indiscriminadas y repetidas de civiles en todos los bandos. Esto no es resultado solo de la maldad, sino de algo mucho más poderoso: los incentivos estructurales.

En la mayoría de las guerras civiles, las fuerzas combatientes dependen del apoyo popular para tener éxito. Este “terreno humano”, como lo llaman los expertos en contrainsurgencia, proporciona incentivos a todos los bandos para proteger a la población civil y minimizar las atrocidades, y con frecuencia ha resultado ser determinante.

Guerras como la de Siria, en las que tanto el gobierno del presidente Bashar al Asad como la oposición dependen en gran medida del apoyo externo, provocan el comportamiento opuesto, según las investigaciones de Reed M. Wood, Jacob D. Kathman y Stephen E. Gent, politólogos de la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo y la Universidad de Carolina del Norte, respectivamente.

Puesto que los combatientes en Siria dependen de patrocinadores extranjeros, más que de la población local, tienen pocos incentivos para proteger a los civiles. De hecho, esta dinámica convierte a la población local en una amenaza potencial en lugar de constituir un recurso necesario.

El miedo a la derrota afianza un statu quo terrible

El punto muerto también resulta de la incertidumbre. Nadie está seguro de cómo sería la Siria posterior a la guerra ni de cómo llegar a ella, pero todos pueden imaginar una situación peor. Esto crea un statu quo sesgado en el que los combatientes se preocupan más por conservar lo que tienen que por arriesgarlo para perseguir metas mayores.

Como señala Fearon, de Stanford: “Es más importante impedir que el otro bando gane que ganar tú mismo”.

Todos las potencias extranjeras comprenden que no pueden ganar, pero temen que la victoria del otro bando sea insoportable. Por ejemplo, Arabia Saudita e Irán ven a Siria como el campo de batalla de su propia lucha por el poder regional, y creen que perder allí pondría en peligro sus propios regímenes.

Los partidos sirios en conflicto están hechos para pelear, no para ganar

El gobierno sirio y los insurgentes que luchan contra él son débiles, de un modo que prefieren un punto muerto —sin importar lo terrible que resulte— sobre casi cualquier desenlace viable.

La mayor parte de los líderes sirios pertenecen a la minoría religiosa alauí, que constituye una porción pequeña de la población del país pero una desproporcionada de las fuerzas de seguridad. Después de años de guerra alrededor de líneas demográficas, los alauíes temen que podrían enfrentarse al genocidio si Asad no asegura una victoria total.

No obstante, tal victoria parece muy poco probable, en parte porque el estatus de la minoría alauí le da muy poco respaldo para restaurar el orden si no es mediante la violencia. Así que los líderes sirios creen que el punto muerto es la mejor manera de conservar la seguridad alauí en el presente, aun cuando eso incremente los riesgos para su futuro a largo plazo.

La oposición siria es débil desde diversos puntos de vista. Está fracturada en muchos grupos, otro factor que tiende a prolongar las guerras civiles y a hacer menos probable que terminen de manera pacífica.

Los riesgos de la victoria

La única manera certera de romper con ese estancamiento es que un bando vaya mucho más allá de lo que el otro podría alcanzar. Puesto que Siria ha atraído a dos de los mayores poderes militares del mundo, Rusia y Estados Unidos, esa barrera quizá solo podría salvarse con una invasión completa.

En el mejor de los casos, esto requeriría algo similar a la ocupación durante años de Irak o Afganistán; en el peor de los escenarios, invadir una zona de guerra donde hay muchos adversarios extranjeros activos podría encender la chispa de una guerra regional a gran escala.

Otra forma en la que guerras como esta pueden terminar es que alguno de los aliados extranjeros cambie su política exterior y decida retirarse. Esto permite que el bando contrario gane rápidamente.

Sin embargo, como en Siria cada bando es apoyado por varios poderes externos, los patrocinadores de cada bando tendrían que retirar su ayuda al mismo tiempo.

Un obstáculo para la paz: no hay quién la resguarde

A menudo los acuerdos de paz tienen éxito o fracasan a partir de quién controlará a las fuerzas militares y de seguridad. En Siria esa puede ser una pregunta sin respuesta.

No es una cuestión de ambición sino de confianza. Después de que una guerra tan brutal como la de Siria, en la que han muerto más de 400.000 personas hasta ahora, los combatientes tienen el temor sensato de que serán masacrados si el otro bando se asegura demasiado poder. Por otro lado, un acuerdo que diera a los bandos el mismo poder militar crea un alto riesgo de que se regrese a la guerra. Lo mismo sucede si se permite a los rebeldes conservar sus armas y su independencia, una lección que el mundo aprendió en Libia.

Al mismo tiempo, debe haber algún tipo de fuerzas armadas que restablezcan la seguridad y se deshagan de cualquier milicia o caudillo que sigan activos.

Con frecuencia la solución ha sido que un país u organismo externo, como las Naciones Unidas, envíen fuerzas para mantener la paz. Vigilan a todos durante la transición del país y proporcionan seguridad básica de manera que no se invite a ningún bando a tomar de nuevo las armas.

Marcha hacia el desastre

Fearon, en una enumeración de las maneras en las que la guerra en Siria no puede terminar, afirmó que en el mejor de los casos un bando se hará lentamente con algún tipo de victoria que solo reducirá la guerra a “un nivel un poco menor de insurgencia, ataques terroristas y demás”.

El peor de los casos es significativamente peor.

De acuerdo con un artículo de 2015 de Walter y Kenneth M. Pollack, experto en el Medio Oriente: “La victoria militar total en una guerra civil a menudo se da a expensas de niveles terribles (incluso de genocidio) de violencia en contra de los derrotados, incluidas sus poblaciones civiles”.

Esto podría derivar en conflictos totalmente nuevos en el Medio Oriente.

“Los vencedores en una guerra civil a veces también intentan emplear la fuerza recién adquirida contra los Estados vecinos, lo cual provoca guerras entre Estados”.

Este no es un camino que nadie quiera, pero es la dirección hacia la que están llevando al país las potencias extranjeras con sus intervenciones.

Los días más oscuros podrían estar aún por llegar.

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