Por NICHOLAS CASEY y ANDREA ZARATE*

LIMA, Perú — El expresidente peruano Alejandro Toledo se convirtió en un prófugo de la justicia al ser acusado de aceptar sobornos. En Colombia, los fiscales dicen que el equipo de campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos aceptó dinero de sobornos. Y los agentes de inteligencia de Venezuela detuvieron a periodistas y expertos que investigan las vinculaciones de los funcionarios gubernamentales con actos de corrupción.

El mayor escándalo de corrupción de América Latina está sacudiendo a las clases políticas del continente.

Todo esto conduce a Odebrecht, la constructora brasileña especializada en desarrollar grandes proyectos en toda la región. A fines del del año pasado, la empresa firmó acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para pagar multas por hasta 4500 millones de dólares por haber infringido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, a raíz de un esquema que implicó sobornos por 800 millones de dólares a cambio de lucrativos contratos.

Fue el mayor arreglo anticorrupción de la historia.

Los fiscales dijeron que la compañía pagó sobornos en 100 proyectos en más de una docena de países, de México a Angola; en un caso llegó a comprar una sucursal bancaria local para ocultar las transacciones, e incluso abrió una división dedicada exclusivamente a manejar pagos.

En toda América Latina la empresa desarrolló proyectos de puentes, represas, centrales eléctricas, carreteras y tramos viales para conectar países como Brasil y Perú, que superaron en más de cuatro veces los presupuestos originales. Casi tres años de investigaciones llevaron a que 77 ejecutivos brasileños de Odebrecht firmaran acuerdos con la justicia y a que el expresidente ejecutivo de la compañía, Marcelo Odebrecht, esté en prisión.

Ahora se están formulando cargos en toda la región.

“Una vez que comiencen a investigarse esos casos, será una caja de Pandora que podría durar años”, dijo Shannon O’Neil, analista del Consejo de Relaciones Exteriores. Sin embargo, lo calificó como un desarrollo positivo para la región porque muestra que “el movimiento anticorrupción en América Latina está ganando terreno”.

Tal vez el caso más espectacular hasta ahora sea el que involucra a Alejandro Toledo, quien fue presidente de Perú de 2001 a 2006, y es considerado como prófugo desde la semana pasada, cuando un juez emitió una orden de arresto por acusaciones de haber recibido sobornos por una suma de hasta 35 millones de dólares.

El domingo por la noche, Toledo publicó en Twitter una declaración donde aseguraba su inocencia y negaba que estuviera escondido.

“Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú, no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman ‘fugitivo’”, escribió, sin aclarar su paradero. El actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le ha pedido al presidente Trump que extradite a Toledo si lo encuentran en Estados Unidos.

En Lima es difícil obviar el legado de Odebrecht. Una réplica de la célebre estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro domina la costa de la ciudad y fue donada por la compañía.

Pero Odebrecht también ha cosechado los beneficios de sus conexiones con el país. La Carretera Interoceánica, por ejemplo, fue iniciada bajo la administración de Toledo y costó un total de 4500 millones de dólares, cuatro veces más que lo presupuestado. Las sumas adicionales fueron aprobadas por un funcionario que también está siendo investigado por los fiscales.

Bajo la administración de Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, Odebrecht comenzó un gasoducto de gas natural de 7000 millones de dólares que aún no se ha concluido para conectar el Amazonas con la costa, cortando camino a través de los Andes. Otro expresidente, Alan García, supervisó la licitación de una línea de tren en Lima, que Odebrecht ganó y construyó.

Si Toledo es detenido y condenado, sería el segundo presidente peruano tras las rejas después de Alberto Fujimori, el exdictador del país que fue condenado por sus crímenes contra los derechos humanos.

“Para el Perú, como para cualquier otro país, la posibilidad de tener dos presidentes encarcelados es una vergüenza”, dijo Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia del país. Y añadió: “Creo que este es un momento importante para pensar en nuestra capacidad de institucionalizar la lucha contra la corrupción”.

Más al norte, en Colombia, los dirigentes están a la defensiva puesto que los fiscales han declarado que tienen pruebas de que Odebrecht donó un millón de dólares a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. En declaraciones a la prensa, el fiscal general del país dijo que un exlegislador llamado Otto Bula había canalizado dinero de Odebrecht a través de un intermediario de la campaña.

Bula actualmente está bajo arresto por haber pagado unos 4,6 millones de dólares en sobornos por varios proyectos en Colombia, incluyendo un camino que une el interior del país con el Río Magdalena y la carretera caribeña conocida como Ruta del Sol.

Santos ha dicho que él no hizo nada malo y ordenó una investigación completa del caso. Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, dijo en una declaración la semana pasada que no había compartido con Bula “ni siquiera un café”.

Los investigadores también están estudiando las relaciones entre las campañas de otros políticos, incluido Oscar Iván Zuluaga, quien fue el candidato presidencial de Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, en las elecciones de 2014.

Iván Garzón, investigador de la Universidad de La Sabana, dijo que Odebrecht había demostrado lo fácil que era secuestrar las elecciones del país para su propio beneficio. “Esto demuestra que los costos exorbitantes de campaña son tan altos que los candidatos están dispuestos a hacer un pacto con el diablo”, señaló.

En Venezuela, las autoridades parecen estar adoptando una estrategia distinta respecto de este tipo de revelaciones, como agredir a los extranjeros que tratan de investigarlos.

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, fue uno de los principales patrocinadores de Odebrecht, empresa a la que otorgó 11 mil millones de dólares para diversos proyectos de infraestructura que incluyeron los complejos de viviendas públicas que respaldaron su revolución de inspiración socialista.

Pero muchos de los proyectos, desde puentes hasta edificios agrícolas, nunca fueron terminados.

El sábado pasado, dos investigadores de Transparencia Internacional y dos periodistas brasileños fueron arrestados por agentes de inteligencia venezolanos mientras contemplaban un puente sin terminar que Odebrecht debía construir sobre el Lago Maracaibo, uno de los mayores proyectos de la compañía.

Jesús Urbina, uno de los investigadores, dijo que fueron interrogados pero no les hicieron daño. Posteriormente, los periodistas brasileños fueron deportados.

Juan Guaidó, legislador de la oposición involucrado en la investigación de los sobornos, dijo que los servicios de inteligencia del país, controlados por el presidente Nicolás Maduro, temen por cualquier intento de documentar los proyectos inacabados.

“Creo que las imágenes de los proyectos como están ahora, sin nada terminado, los dejarían al desnudo”, dijo en referencia al gobierno.

*Ana Vanessa Herrero colaboró con este reportaje desde Caracas, Venezuela, y Susan Abad desde Bogotá, Colombia.

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Por NICHOLAS CASEY

LA PAZ, Colombia — En la población de La Paz los días por venir pondrán a prueba qué tan bien le queda el nombre.

Después de medio siglo de guerra, los rebeldes de Colombia están dejando las armas, preparándose para ingresar a la vida civil bajo el acuerdo de paz firmado el año pasado. En este pueblo montañoso, nace un nuevo asentamiento de exguerrilleros –hasta ahora son 80 residentes–, uno de los muchos repartidos por todo el país.

Ya casi nadie viste de uniforme, el cual ha sido remplazado por el tipo de prendas que usan los pobladores que viven cerca y que observan a los exguerrilleros con cierto recelo. Las tiendas de campaña con sus postes de madera también desaparecerán y serán sustituidos por una pequeña biblioteca, un centro comunitario, una tienda: un poblado en miniatura que constituye un escalón para salir de la selva.

“Hemos pasado 52 años en hamacas”, narró el comandante de los combatientes, quien todavía usa su nombre de guerra, Aldemar Altamiranda. “Ya era hora de irnos a vivir a casitas”.

A lo largo del país, se calcula que 7000 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las Farc, entregarán sus armas a los supervisores de las Naciones Unidas este año. Las armas se fundirán y con ellas se crearán monumentos de guerra. Las Farc también esperan transformarse para convertirse en un grupo político que represente a la izquierda, como los que se crearon después de los conflictos armados en Nicaragua y El Salvador.

El asentamiento en La Paz, llamado Tierra Grata, es la vanguardia del esfuerzo para hacer realidad el tan discutido acuerdo de paz de Colombia. El acuerdo fue revocado por el voto popular a finales del año pasado pero, posteriormente, el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de la Paz por buscar poner fin a décadas de conflicto, forzó su aprobación en el congreso.

Sin embargo, la decisión del presidente de someter el acuerdo a la voluntad popular y aun así impulsar el acuerdo de paz es un trago amargo para muchos colombianos, que deja el futuro del pacto en la incertidumbre en caso de que los opositores de Santos asuman el poder cuando él deje la presidencia el año que viene.

La Paz es una prueba fehaciente de las divisiones persistentes del país: aunque estuvieron a favor del plebiscito, cuatro de cada diez residentes votó por revocar el acuerdo de paz. Algunos todavía tienen recuerdos amargos de la guerra y de un enemigo que alguna vez abusó de ellos pero que ahora, de repente, se convirtió en su vecino.

“Muchos tienen la capacidad de perdonar, pero no podemos olvidar la violencia que todos vivimos en esos tiempos”, dijo Julio Fuentes, de 42 años, un médico que dijo haber votado en contra del acuerdo. Fuentes, cuyo hermano fue asesinado a finales de los años noventa, mencionó que ya había hecho la paz con los guerrilleros.

Pero para muchos, advirtió: “Ya es cosa de cada quien si decide hacer lo mismo”.

Este asentamiento de combatientes es uno de los más desarrollados, una extensión del tamaño de un rancho donde las excavadoras han limpiado la maleza. Sobre la tierra roja hay una cancha de fútbol, un comedor de concreto y un área de recepción donde el gobierno espera que los rebeldes comiencen a encontrarse con familiares abandonados hace años.

Los únicos que portan armas aquí son los miembros de la guerrilla. El perímetro está resguardado por el ejército colombiano, que se está adaptando a su nueva función: proteger a los guerrilleros en lugar de luchar contra ellos.

Un contingente de las Naciones Unidas también está apostado aquí, encargado de recolectar las armas de los rebeldes antes de irse para siempre.

El asentamiento se ha convertido en un lugar de reflexión. Ya sin guerra, ahora los rebeldes pasan los días cavilando sobre la vida que elegirán. ¿Regresarán a las poblaciones de las que se fueron y trabajarán la tierra? ¿Se afiliarán al nuevo partido político que los líderes de la guerrilla han prometido crear?

“Muchos miran cómo se hace política aquí, con una corbata y un auto bonito y todo el dinero, y dicen: ‘No podemos hacer eso, no queremos’”, comenta Yimmy Ríos, de 47 años, agente de inteligencia insurgente en el asentamiento. Dijo que será un reto para los guerrilleros abrirse paso lentamente en un paisaje político en el que desconocen cómo dirigir una campaña.

Los primeros electores a los que tienen que ganarse son a los que desconfían de la comunidad de La Paz.

El pueblo, que se ubica a los pies de la sierra de Perijá, una cordillera que durante mucho tiempo fue un refugio rebelde, pasó años asolado por las Farc y sus enemigos paramilitares. En 1997, el alcalde fue asesinado a tiros en la alcaldía por hombres armados, una de las incontables muertes que los residentes atribuyen a la guerrilla.

La turbulenta historia estaba en la mente de Alcides Daza Quintero, el subalcalde de 27 años, cuando encendió el televisor en agosto pasado y vio al presidente Santos anunciar el acuerdo de paz desde el palacio de gobierno. Tras el anuncio vino una sorpresa: el gobierno dijo que este y las Farc habían elegido La Paz como una de las zonas en las que se establecerían los guerrilleros para el desarme.

“Fue como un porrazo”, dijo Quintero, explicando que ninguna de las partes había consultado al pueblo. “Recibir a un grupo que ha estado al margen de la ley como este. Nos dieron duro”.

El resto del pueblo estaba sumido en una profunda ambivalencia. Algunos fueron a protestar a la alcaldía. Otros, como Juan Martínez, un líder comunitario en el poblado cercano de San José del Oriente, argumentaron que la presencia de los guerrilleros sería algo bueno, ya que el Estado pondría atención en su pueblo, donde solo hay agua dos horas al día.

“De este acuerdo han salido promesas”, dijo. “Es, se podría decir, el comienzo de la reconciliación”.

Las Farc siguieron adelante, bajaron de las montañas y se ubicaron en un terreno cercano a La Paz en el otoño. Sin embargo, se toparon con una fría bienvenida: los yukpa, un grupo indígena seminómada que controlaba el terreno, dijeron a los insurgentes que no eran bienvenidos y que pronto tendrían que irse a otra parte.

“Estábamos todos pegados al radio, para saber el resultado, y de ahí con los comandantes para que nos dijeran qué seguía”, dijo un guerrillero de 25 años proveniente de la ciudad costera de Barranquilla que se hace llamar José. Al igual que los demás, oculta su nombre por miedo a represalias.

Los principales comandantes de las Farc no tardaron en tranquilizar al público al decir que, a pesar del fracaso del plebiscito, estaban abiertos a renegociaciones y no volverían a la guerra. Altamiranda, el comandante en La Paz, decidió que era hora de presentarse ante sus críticos.

Una noche a finales de octubre, cientos de personas se reunieron en un parque municipal, mientras líderes religiosos, políticos y rebeldes debatían el acuerdo. Las víctimas tomaron el micrófono y hablaron de los seres queridos que habían muerto durante la guerra. Altamiranda pronunció una disculpa pública por los delitos de la guerrilla.

Los acontecimientos lograron conmover a líderes como Sol Marina Torres, de 39 años, quien forma parte del Centro Democrático, el partido de derecha que dirigió la campaña contra el acuerdo, así como los esfuerzos constantes para sabotearlo. Torres decidió alinearse en contra de los líderes de su partido y apoyar la presencia de los guerrilleros en su pueblo, diciendo que no había otra opción más que hacer la paz.

“No puedo estar de acuerdo con todo lo de ese partido”, dijo Torres. “No puedo darle la espalda al bienestar de mi comunidad”.

Durante una visita de medios informativos a principios de este año, hubo un escándalo cuando se mostraron videos de insurgentes bailando con funcionarios de las Naciones Unidas que estaban ahí para supervisar el proceso de desarme. Los opositores al acuerdo se apoderaron del video y, acto seguido, cuatro miembros de la misión fueron despedidos.

El gobierno sabe que en estos asentamientos hay mucho más en juego que el desarme, ya que ven la posibilidad de que se desarrollen vastos tramos de la provincia que estuvieron fuera de su alcance durante décadas por el conflicto. Uno de los asentamientos yace en una remota selva costera; otro, al final de un camino al que se llega a lomo de mula.

Desde hace décadas no se siente la presencia estable de un gobierno, si es que alguna vez la hubo.

“Estamos hablando de lugares donde han estado las Farc: no había agua ni electricidad”, dijo Carlos Córdoba, director gubernamental de las llamadas zonas veredales.

En el campo a las afueras de La Paz, aún se pueden ver algunas de las facetas de la vida guerrillera. Los combatientes siguen levantándose en la madrugada, a las 4:30, pero para tomar clases sobre el acuerdo de paz, en lugar de marchar. Un guerrillero patrulla el campo cautelosamente con un arma al hombro.

Otras escenas han cambiado. A la entrada del campo, una joven guerrillera abrazaba a sus familiares. La familia lloraba.

La mayoría de los combatientes entrevistados dijeron que planeaban quedarse con las Farc, que ahora consideran su familia, y las seguirán bajo cualquier encarnación política que asuman en los próximos años.

“No había manera de salir de donde vengo”, dijo Yackeline, de 32 años, una guerrillera que huyó a un campo rebelde cuando tenía 13 porque dice que era el único lugar donde podía recibir educación.

No se había puesto en contacto con su familia, pero dijo que lo haría. Iba poco a poco, un paso a la vez, y cada cambio de vida después del conflicto estaba lleno de sorpresas.

“Nos levantamos de los colchones cansados, como si no hubiéramos dormido”, contó. “Es que no estamos acostumbrados a usarlos”.

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