COLOMBIA.- El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitará en los próximos días la ampliación de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante las constantes acusaciones hechas en contra de su cliente por parte de los representantes del Gobierno de Venezuela.

En este sentido, el jurista indicó que en los últimos meses se han presentado declaraciones injuriosas y calumniosas por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como Diosdado Cabello y Miguel Eduardo Rodríguez que ponen en riesgo la seguridad e integridad del exmandatario colombiano.

Igualmente este viernes se amplió ante la Procuraduría General una solicitud con el fin de que sí el mandatario venezolano y los otros dirigentes ingresan al país puedan ser investigados por este órgano disciplinario debido a estas “graves acusaciones” que van en contra del buen nombre y la integridad del exjefe de Estado.

En este caso puntual, Granados explicó que de ingresar a Colombia el mandatario venezolano tendría que responder ante las autoridades judiciales por estos hechos. “Si es el caso puede ser retenido y citado a interrogatorio. Puede verse expuesto a enjuiciamiento y una pena privativa de la libertad”.

El abogado aseguró que existen graves indicios que permiten establecer que existe una relación en el intento de atentado registrado en Argentina el 23 de mayo del año pasado “con la Coordinadora Guerrillera Bolivariana”.

“El expresidente Uribe me ha autorizado para divulgarlo hoy que cuando hace unos meses hubo un atentado con explosivos en un hotel de Buenos Aires en donde se iba a presentar quedó confirmado que dicho atentado fue obra de la coordinadora guerrillera bolivariana y ese grupo fue fundado por el partido socialista unido Venezuela que es el partido que gobierna el vecino país”, informó en rueda de prensa.

Esta fue dada a conocer después de que el esquema de seguridad del expresidente recibiera un informe detallado de este hecho por parte de las autoridades argentinas que adelantaron la investigación en la que se indicaba la presunta participación del denominado grupo Coordinadora Guerrillera Bolivariana.

“Aquí hay unos lazos, unos links entre los terroristas internacionales que han atentado en contra de la integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez con quienes hoy están tramando este complot en contra de su buen nombre y reputación. Le exigimos a las autoridades que el exmandatario no puede tener una menor protección a la que tendría cualquier ciudadano y que por lo tanto se deba actuar con todo el rigor que la ley prevé”, indicó.

“El expresidente se encuentra profundamente preocupado que en lugar de que un Gobierno diga que defienda la dignidad de un ciudadano colombiano calle ante este complot que se está gestando y se está mostrando ante ustedes hoy”, aseguró.

Precisó además que hace unos meses anunciaron “estas medidas frente a esta escaldada liderada desde Venezuela y que no puede verse como un problema de la afectación al buen nombre y del expresidente Uribe Vélez y de unas personas que lo acompañan en su trabajo”.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Procuraduría General de la República informó este domingo que en la cárcel La Victoria hay 6, 628 reclusos, lo que señala dificulta las condiciones de higiene.

Los datos están contenidos en un ceso que realizó a ese recinto y a la cárcel Najayo Hombre.

Reconoció que esto también dificulta el control de las áreas, la seguridad, la separación de los internos según sus perfiles y la responsabilidad de garantizarles derechos fundamentales, en una infraestructura construida para albergar menos de la mitad de la población actualmente existente

La Procuraduría dijo que estos datos fueron obtenidos en el censo penitenciario que realizó además en el recinto Najayo Hombres, sin embargo, la institución no ofreció detalles de este centro.

Señaló que con el operativo las autoridades penitenciarias actualizaron la matrícula de los centros, la condición jurídica y estado de salud de los reclusos, lo que ayudará significativamente a la organización de los internos y sobre todo, verificar el estatus judicial y médico de cada uno.

Este programa abarcará todos los centros tradicionales del país como parte del plan para reducir el hacinamiento.

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