CIUDAD DE GUATEMALA.- La normativa hace reformas al Código Penal, incluye los delitos de nombramientos ilegales, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, testaferrato, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, entre otros delitos en los que podrían incurrir los funcionarios o empleados públicos.

Las condenas varían desde los seis meses a los 10 años de prisión, más la imposición de mulas que pueden alcanzar los Q500 mil e inhabilitación especial.

La Ley fue aprobada el 30 de octubre por 120 diputados y nueve votos en contra de los diputados Mirza Arreaga, de Líder; Manuel Barquín, de la Gana; Byron Chacón, de UCN; Felipe Cal, Gustavo Echeverría, Estuardo Galdámez, Fernando García, Gabriel Heredia y Guillermo Sierra, del PP.

La ley estuvo estancada por más de 10 años en el congreso, la primera iniciativa fue presentada por Nineth Montenegro en el 2001.

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