CARTA PUBLICA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Honorables Señores Magistrados:

Con mucho respeto y humildad, me permito presentarles, a título personal, mi preocupación por la situación que se ha producido en torno a la despenalización del Aborto en el nuevo Código Penal, próximo a entrar en vigencia.

Es de público conocimiento que, en Enero del presente año 2015, fue depositada ante el Tribunal Constitucional una “Acción Directa de Inconstitucionalidad contra la ley núm. 550-14, mediante la cual se instituye el Código Penal de la República Dominicana, referida en la expresión “salvo lo dispuesto en el artículo 110”, del artículo 107, así como el artículo 110 y su párrafo, por contravenir la supremacía de la Constitución Dominicana, en los siguientes aspectos:

I. Violación a los artículos 101 y 102 de la Constitución Dominicana, relativos a la creación y aprobación de las leyes por parte del Congreso Nacional.

II. Violación Enlacesal artículo 37, relativo al derecho a la vida y su inviolabilidad desde el momento de la concepción hasta la muerte, y el artículo 68, ambos de la Constitución Dominicana.

En esta situación, creada por nuestras autoridades más calificadas, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, estamos conscientes de que se ha producido una coyuntura muy incómoda en relación al orden institucional establecido en el Estado Dominicano, además de elementos de principio en relación al valor,en sí mismo,de toda vida humana, objetado por algunas corrientes sociales.

El panorama mundial, y el de nuestro propio país, se ha constituido en un escenario donde los valores, especialmente el valor sagrado de la vida, gira al vaivén de los intereses de los particulares y de los estados. Pero mientras los particulares pueden tener un contén en sus actuaciones públicas que afectan a los demás, ¿Quién puede hacer que las autoridades del Estado mantengan un razonable equilibrio y no incurran en los mismos despropósitos de los individuos? Sólo la Constitución, si responde a valores incuestionables y no se asocia a snobismos que obnubilan.

El Estado no es dueño de la vida, es sólo el garante de su defensa. Cuando el Estado y sus autoridades, a través de sus códigos y leyes o su actuación al margen de la institucionalidad y principios éticos, trasgreden el derecho a la vida, desde la concepción a su muerte natural, van más allá de su propia competencia y de su razón de ser, que es la de tutelar este derecho fundamental.

No cabe duda de que la Constitución ha sido manipulada en forma caprichosa a lo largo de nuestra historia republicana, respondiendo a intereses de particulares, sometida a los vaivenes políticos del momento y a criterios que califican “de avanzada” “progresista”, “liberal” la introducción de elementos que catapultan el derecho fundamental de la vida o el matrimonio y la familia.

Defender la vida es un imperativo categórico del Estado y es al Tribunal Constitucional al que le corresponde, en una instanciaprivilegiada, como garante de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, decir la última palabrairrevocable para corregir el entuerto producido.

En la espera de su justa sentencia, los saluda respetuosamente,

Padre Luis Rosario

Cédula 001-0076776-3

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Por Nelson Encarnación

La sociedad dominicana no tendrá nunca como agradecer al Tribunal Constitucional el servicio que significó la sentencia 168/13 emitida por esa corte en septiembre de 2013, la cual marcó un antes y un después en materia migratoria.

Esa disposición fue la que conminó al Estado dominicano a poner orden en un aspecto tan delicado en la actualidad como resulta ser el tema migratorio, en razón de que una materia referida exclusivamente al ámbito de la soberanía de las naciones, ha terminado mezclada con los derechos humanos.

Si bien la sentencia obligó al Gobierno del presidente Danilo Medina a abordar con determinación un elemento que no ocupaba los primeros lugares en su agenda, también le ha brindado a la Administración la oportunidad de marcar un hito en materia migratoria, puesto que a partir del trabajo que se ha realizado es cuando la República Dominicana podrá contar con un verdadero régimen en esa cuestión.

En privado algunos colaboradores cercanos del jefe del Estado lamentan que la disposición del TC hiciera de alguna manera variar el orden de las prioridades gubernamentales, pero, al mismo tiempo, deben admitir que una vez se haya completado todo el proceso afín, esta será una de las grandes banderas a desplegar en el futuro por la gestión Medina.

Los quejosos del alegado «torpedo» que el Constitucional metió con su sentencia, tienen que reconocer que a un Gobierno se le elige para que, junto con los jonrones, también se le peguen los bolazos, y que, usando un lenguaje agrícola, así como cosecha las maduras también tiene que recoger las verdes.

En el balance final quedará para la posteridad no muy lejana el resultado de haber sido el Gobierno que, aun cuando se vio desbordado por las circunstancias no previstas, puso orden en la casa no sólo regularizando a miles de extranjeros indocumentados sino dejando un marco real en materia migratoria que vino a superar las graves fallas históricas al respecto.

La coyuntura por igual le ha permitido al Gobierno—pero principalmente al presidente de la Republica–mostrar el verdadero talente en lo que concierne a la defensa de los intereses nacionales frente a las embestidas diabólicas de la llamada comunidad internacional, la cual se ha visto obligada a enseñar sus verdaderas intenciones.

Intenciones cuya finalidad es conseguir que nuestro país se hago cargo de la población haitiana que ha sido abandonada a su suerte por su propio gobierno y por esa comunidad internacional que se olvidó de Haití, empezando por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ocupa ese territorio en una suerte de fideicomiso enmascarado desde hace mas de 10 años.

Sin la sentencia 168/13 la República Dominicana no habría conocido el rostro de gente como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, una persona que evidentemente la tiene tomada contra nuestro país sin ninguna razón justificada ni injustificada.

Sin la sentencia del Tribunal Constitucional, no sólo hubiese seguido el desorden migratorio que en la práctica borró la frontera física y de hecho la convirtió en algo virtual, sino que hubiésemos seguido—con perdón de la pluralizando–, siendo tomados de tontos útiles de los gobernantes haitianos, creyendo en la sinceridad de las frecuentes e improductivas pláticas con ellos y no estaríamos convencidos de que son individuos ladinos, taimados, descarados, ruines, mentirosos, traicioneros, pero sobre todo cobardes.

Sin la sentencia del TC estaríamos observando un crecimiento exponencial de la migración ilegal haitiana, sus huestes ocupando campos y ciudades, formando conglomerados humanos sin la mínima organización social, sino cordones miserables que agravarían significativamente los agobiantes problemas existenciales de los millones de pobres nuestros que ya contamos.

Sin esa disposición legal vinculante a todo el mundo, la República Dominicana no habría podido ver a la inmensa mayoría del pueblo alinearse con la causa nacional, mientras observa a unos cuantos decantarse por los haitianos bajo el disfraz de la defensa de los derechos humanos.

En conclusión: los jueces del Tribunal Constitucional que se armaron de valor y contra todo chantaje emitieron la sentencia 168/13, serán merecedores del agradecimiento de quienes en verdad aman nuestros país.

nelonencar@gmail.com

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SANTO DOMNGO DE GUZMAN, RD.- Con motivo del Día de las Madres, la Casa de la Juventud (Pastoral Juvenil) presentó un AMICUS CURIAE ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Con este recurso la Pastoral Juvenil quiere aportar a que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia que proteja el derecho fundamental a la vida, como apoyo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Fundación Matrimonio Feliz en contra de los artículos 107 y 110 del nuevo Código Penal que despenaliza el aborto.

El AMICUS CURIAE (=amigo de la corte o amigo del tribunal) es una figura jurídica en uso desde los tiempos del derecho romano, donde instituciones o personas ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el Tribunal en la resolución de la materia objeto de un proceso.

A continuación el documento presentado por la Pastoral Juvenil ante el Tribunal Constitucional:

20 de mayo de 2015

HONORABLE MAGISTRADO Juez Presidente y demás Jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Asunto: Amicus Curiae.

Accionante: Fundación Matrimonio Feliz.

Fecha de Audiencia: 20 de Abril del 2015.

Distinguidos Señores:

Con relación a la acción de Inconstitucionalidad sometida por la fundación matrimonio Feliz, en contra de la ley 550-14 que instituye el nuevo código penal de la Republica Dominicana, la CASA DE LA JUVENTUD, INC. le da apoyo en su totalidad por los motivos siguientes:

CONSIDERANDO que el pasado 28 de Noviembre del 2014 el Poder Ejecutivo devolvió sin promulgar la ley que contiene el Código Penal de la República Dominicana, exponiendo sus observaciones parciales sobre la penalización del aborto y que, en su comunicación se limitó a solicitar la consideración de excepciones a la penalización de la “interrupción del embarazo” sin incluir ningún texto propuesto como base de discusión.

CONSIDERANDO, que el 16 de diciembre de 2014 la Cámara de Diputados aprobó MOTU PROPRIO, sin discusión previa, un “texto alterno” que buscaba responder a las observaciones presentadas por el Presidente de la República y remitió la Ley al Poder Ejecutivo para su promulgación, ignorando la regla constitucional de que la modificación del texto debe ser aprobado por ambas cámaras (Cf. Art. 102 de la Constitución). Y que el Presidente de la República, promulgó la citada Ley el 19 de diciembre del 2014, pretendiendo darle validez al irregular e inconstitucional procedimiento de aprobación, y favoreciendo el aborto y sus excepciones a la penalización.

CONSIDERANDO, que fruto de todo esto, se crea un mal precedente, pues el texto definitivo del Código Penal, en sus artículos 107, 110 y párrafo, entra en total contradicción a la norma constitucional que consagra el Derecho a la Vida como un bien inviolable desde la concepción hasta la muerte (Art. 37) y que la TORTURA, en cualquier estadio de la vida es rechazada por el mismo artículo.

CONSIDERANDO, que la Constitución Dominicana protege el derecho a la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del que es titular todo ser humano en cualquier etapa de la misma, y que, por ende, ni el Poder Ejecutivo, ni la Cámara de Diputados pueden promover acciones legislativas que atenten contra la vida desde el momento de la concepción sin extralimitar su competencia y autoridad.

CONSIDERANDO, que la Constitución de la República Dominicana, protege la vida del no nacido como un valor fundamental de la vida humana, garantizada por el Estado, quedando claro el imperativo categórico del respeto de dicho derecho en tres situaciones esenciales: a) Abstenerse de provocar aborto, b) Eliminar toda tortura, y c) Establecer garantías efectivas para la defensa y protección de la vida.

CONSIDERANDO, que consecuentemente la Fundación Matrimonio Feliz, en fecha 23 de enero del 2015 solicitó al Tribunal Constitucional, declarar Inconstitucional la expresión del artículo 107 “salvo lo dispuesto en el artículo 110”, así como el artículo 110 y su párrafo del Código Penal (Ley 550-14) aprobado,

CONSIDERANDO, que por las siguientes razones: 1) Por no cumplir con la obligación del conocimiento y aprobación en ambas cámaras legislativas, como está establecido en el artículo 102 de la Constitución, 2) Por ser violatorio de la Constitución de la República Dominicana en su artículo 37; el interés de la Fundación Matrimonio Feliz es reclamar el cumplimiento de la Constitución Dominicana y el respeto a la vida humana.

CONSIDERANDO, que la Fundación Matrimonio Feliz sostiene la defensa de la vida tanto de la madre gestante como de la criatura en su vientre, ya que la vida de un ser humano es sagrada, independientemente de las condiciones en las que haya sido concebido y de sus condiciones de salud. Y que, ya que siendo el Derecho a la Vida el principal de todos los derechos humanos, el aborto intencional, en cualquier situación posible, constituye un atentado contra este don sagrado.

POR ESTOS Y POR TALES MOTIVOS, mas todos los alegados por la accionante Fundación Matrimonio Feliz, la Casa de la Juventud, INC. como amigo de la curia o el Tribunal Constitucional, solicita que sean acogidas todas las conclusiones vertidas por la fundación matrimonio Feliz, tanto en la instancia introductiva de la acción, como en la audiencia y en sus escrito justificativos de conclusiones.

Por la Casa de la Juventud, INC.

LUIS EMILIO ROSARIO PEÑA

(Céd. 001-0076776-3)

Presidente

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Dirección General de Aduanas (DGA) recurrió ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que impidió en agosto de 2014 establecerle por resolución de manera «ilegal e inconstitucional» impuestos a las compras por internet por menos de 200 dólares.

Así lo aseguró hoy el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini.

En un comunicado la FJT indicó que la Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades como la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC) y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), entre otras muchas, un acto de alguacil, notificando sus pretensiones de gravar todas las compras por internet sin importar el valor de la misma.

Las entidades cívicas, tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por el Tribunal Constitucional, reiteraron a las autoridades de Aduanas y demás que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.

«Sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General», recordó la FJT.

Para Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a «remembrar» el intento de una medida, «abusiva», «ilegal» y «arbitraria», que afecta «a las grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales».

Asimismo la FJT llamó a estar atentos y vigilantes ante lo que calificó de un «despropósito más» del director general de Aduanas al insistir en cobrar un impuesto «ilegal e inconstitucional».

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Mientras que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a emitir su fallo con el que supuestamente declaró la inconstitucionalidad de la membresía de República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), bajo los alegatos de que su aprobación no fue sometida a la consideración del Congreso Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores dijo ayer que las actuaciones del órgano internacional evidencian que están prejuiciada contra la República Dominicana.

Los jueces Lino Vásquez y Víctor Joaquín Castellanos informaron en Santiago que, en los próximos días, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del instrumento de aceptación de la República Dominicana a la adhesión de la Corte Interamericana.

Dicho recurso fue depositado por un grupo de abogados y ciudadanos que demandaron en declaratoria de inconstitucionalidad la referida comunicación del expresidente Leonel Fernández con la cual el país se adhirió a la CIDH. Dicho recurso quedó pendiente de fallo por la Suprema Corte de Justicia.

Lino Vásquez, segundo sustituto del presidente del TC, y Víctor Joaquín Castellanos, miembro, pidieron esperar la decisión emanada de esa alta corte, pero no quiso decir cuál había sido la decisión.

Vásquez recordó que, como jueces, hablan por sentencia, por lo que no pueden adelantar ningún pronunciamiento sobre la decisión, la cual según se supo, declara inconstitucional la adhesión del país al organismo apéndice de la OEA.

Canciller dice fallo es inaceptable

El canciller Andrés Navarro calificó de indignante e inaceptable, los términos utilizados por la CIDH contra el país y dijo que el Gobierno respetará los fallos del Tribunal Constitucional en materia migratoria.

“Son inaceptables los términos y las insinuaciones, cuando se aborda la Ley 169-14” expresó el funcionario quien dijo que se ha pretendido echar por el suelo todo el esfuerzo del Gobierno dominicano para resolver un problema que tiene décadas y que no se había enfrentado con la decisión y responsabilidad asumida por el presidente Danilo Medina.

Para el Canciller, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han llegado muy lejos al ordenar cambios en la Constitución dominicana, cuya modificación del año 2010 fue el fruto del consenso de los dominicanos.

Navarro afirmó que el Gobierno no puede violentar el ordenamiento jurídico del país, “no vamos a enfrentar al Tribunal Constitucional, porque sería cuestionar lo que nos hemos dado como nación”.

Garantizó que los fallos de esos organismos van a ser respetados por el Gobierno, sobre la base de nuestro Estado de Derecho.

El Canciller reclamó un mayor compromiso de la clase política frente a un problema de interés nacional y agregó que en la actual coyuntura el momento debe ser de unidad nacional para evitar que se aproveche la debilidad para seguir promoviendo una campaña injusta contra el país.

Navarro también cuestionó lo que califica como “doble moral” que asumen en foros internacionales quienes quieren que el país cargue con todo el peso del problema haitiano.

Señaló que quienes en esos escenarios le reclaman al país, son los mismos que en la práctica no hacen nada para motorizar la inversión hacia Haití, como una forma de que su gente pueda salir de la pobreza.

Navarro García reconoció que la Unión Europea es una de las pocas que pasan de las palabras a los hechos con proyectos específicos encaminados a mejorar la situación de los haitianos.

Citó los proyectos para construir hospitales en la zona fronteriza.

Asimismo, informó sobre el fortalecimiento institucional de la Cancillería para dejar de ser un ente que sólo reaccione ante momentos difíciles y anunció la creación de un Departamento de Evaluación y Análisis Estratégico para que la diplomacia dominicana tenga respuestas oportunas y actualizadas del entorno internacional. El fallo de la CIDH se basó en supuestas deportaciones de haitianos indocumentados ocurridas entre los años 1999 y 2000.

El Congreso no aprobó la adhesión del país

La pasada semana, el abogado Juan Manuel Castillo Pantaleón explicó que la Constitución dominicana desde siempre ha establecido que el Congreso Nacional es el poder del Estado que ratifica los compromisos internacionales y que este organismo legislativo no ratificó dicho convenio que reconoce la jurisdicción de la CIDH.

“El expresidente Leonel Fernández colocó al país en una situación de espalda al marco constitucional bajo la jurisdicción y el Estado, la Cancillería dominicana ha accedido a sentarse en el banquillo de los acusados ante una jurisdicción que, de acuerdo al derecho interno, no ha sido reconocida su competencia”, expuso. En ese mismo sentido se ha expresado el diputado Vinicio Castillo Semán.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Tribunal Constitucional ordenó suspender la sentencia que ordenaba el traslado de los restos de Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón Nacional.

La suspensión fue solicitada por el Ministerio de Cultura, la Comisión de Exaltación y José Antonio Rodríguez Duvergé.

El fallo suspendido fue emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 31 de enero de este año.

En su sentencia, el tribunal consideró que sería contraproducente trasladar unos restos, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó por vía científica que no correspondían con los del héroe nacional.

Señala que la Ley 4463, del 1956, que crea el Panteón de la Patria estará dedicado especialmente a guardar los despojos de los próceres y hombre ilustres dominicanos para que descansen en un ambiente religioso.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Junta Central (JCE) aseguró hoy que 862 dominicanos, hijo de extranjeros no residentes ya pueden ir a retirar sus actas de nacimiento en las oficialía que les corresponde.

Así lo afirmó el presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien aclaró que estos registros están asentados luego de su verificación a través de la auditoria que realiza este organismo a los libros de registro civil, proceso que aseguró es un requisito de ley.

«Las decisiones de la Junta Central Electoral deben corresponder con el orden institucional que prevalece en el país y que en consecuencia las diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13 y la Ley 169-14 obligan a la JCE a cumplir con el mandato de auditar los libros registros», apuntó Rosario en una rueda de prensa en su despacho luego de finalizar una reunión del Pleno de la JCE.

Detalló que de estos 862 casos, 481 corresponden a los que fueron verificados y confirmados sus datos; y otros 381 que fueron asentados al acogerse a la Ley de Regularización y Naturalización (169-14).

Indicó, además, que otros 75 expedientes se están transcribiendo a los libros. Mientras, un total de 62 registros están en proceso de nulidad al comprobarse falsedad de datos.

«Hay personas que están pidiendo que no hagan auditorias y entreguen los documentos», expresó al retirar que el proceso de auditoria de los registros debe ser completado.

Con relación a la supuesta negación de expedición del acta de Juliana Deguis, denunciada hoy por sus abogados, Rosario invitó a los periodistas a ir a la Oficialía Civil de Yamasá y verificar el registro. «Si tiene cédula tiene acta», recalcó. 

Informó que este domingo se realizará una reunión con todos los oficiales civiles a nivel nacional para constatar el avance del proceso de auditorias y asentamiento de datos.

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SANTO  DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD-DN), Minou Tavárez Mirabal,  rechazó este miércoles que funcionarios de alto rango estén haciendo campaña política mientras ocupan cargos públicos, siendo esta situación incompatible.

Destacó que ella  muchas veces no sabe si los funcionarios  están hablando como ministro o lo están haciendo en su condición de  precandidato presidencial.

En ese mismo contexto, Tavárez Mirabal criticó el hecho de que la pasada semana se aprobó sin ir a comisión el anteproyecto  ley en la Cámara de Diputados, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, de aumentar de  5  a 7 años la importación de vehículos usados.

Recalcó que al día siguiente sale en la prensa nacional que la  Asociación Nacional de Importadores de Vehículos. (ANADIVE), consigue aprobación  Ley  a  cambio de respaldar proyecto presidencial de Reinaldo, y esa información la dio el propio presidente de la entidad.

Indicó que esa información no ha sido desmentido y nadie dice nada, y “eso es un hecho que refleja hasta qué  punto se está tocando fondo, y hasta qué punto no somos capaces de reaccionar como sociedad” .

La legisladora dijo que es por esa situación que ella plantea que este sistema está en una grave crisis inconstitucional y  política que no aguanta más,  y eso es muy malo para la democracia y para el país.

Al tocar otros temas durante su participación en el programa Telematutino 11, Minou Tavárez Mirabal informó que se está reuniendo la comisión que estudia el párrafo  tercero del artículo 85 del Código procesal Penal.

Se recuerda que el presidente Danilo Medina pidió al Congreso Nacional, no eliminar el párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP), que le da derecho a los ciudadanos a presentar querella contra los funcionarios públicos por delitos cometidos por estos durante el ejercicio de sus funciones así como en los casos de vulneración a derechos humanos.

Asimismo, planteó que debe dejarse al criterio del Tribunal Constitucional decidir la permanencia o la exclusión de dicha norma y si el mismo se encuentra o no conforme al texto de la Carta Magna.

En segundo término, el jefe del Estado expresó su preocupa que se mantenga la redacción del penúltimo párrafo del artículo en cuestión, que limita la posibilidad de querellarse de las entidades del sector público.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Los diputados Ruddy González y  Henry Merán rechazaron este martes por separado las presiones mediáticas, tanto local como internacional, contra la República Dominicana,  por la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.

El legislador  perredeísta Ruddy González dijo que el país es una nación libre e independiente y que por tanto, no debe soportar las presiones  que vengan tanto de fuera o de adentro en torno a sus políticas migratorias.

“Ya las imprudencias se están desbordando, no es posible que ningún Estado intervenga en la República Dominicana, cuando somos un Estado libre e independiente”, sostuvo el congresista  por la provincia Azua.

En tanto, el  diputado Peledeísta Henry Merán consideró que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ya ha prejuzgado y contaminado su investigación al emitir juicios desconsiderados contra el país, por lo que es una falta de  respeto y de consideración, no solo contra el  presidente Medina, sino también contra el Estado dominicano.

Afirmó que no hay país ni sociedad que haya contribuido y haya respetado más los derechos del pueblo haitiano que la Republica Dominicana.

“Yo creo que eso le debe constar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la misma sociedad haitiana”, dijo.

Señaló que el pueblo dominicano, de manera soberana ha decidido constitucionalmente y a través de la sentencia, cuáles son las vías de derecho por las cuales se obtiene la nacionalidad dominicana y es precisamente lo que el poder público está haciendo, acatando lo que dice la Constitución y la sentencia 168-13.

“Yo creo que ya al pueblo dominicano no le merece la pena perder el tiempo ni seguir comentando cualquier tipo de investigación  de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, expresó.

En cambio, el diputado perredeísta Hugo Tolentino dijo que, en lo que toca a la nacionalidad, la República Dominicana es compromisoria de acuerdos internacionales y una vez que firma un acuerdo internacional el mismo pasa a ser parte de la legislación dominicana.

Explicó que las vinculaciones de la República   con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es directa, al menos que renuncie a su membrecía de la entidad.

“Esto es un caos, el presidente de la República es un prisionero de un pequeño grupo que ha venido trayendo al PLD hasta un punto increíble de xenofobia y racismo”, subrayó Tolentino Dipp.

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SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- República Dominicana expresó preocupación por las reiteradas convocatorias de audiencias temáticas para tratar el tema haitiano, hechas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Radhys Abreu de Polanco, enviada por la Cancillería para fijar la posición en nombre del Estado dominicano, recordó que la CIDH hizo en diciembre del 2013, apenas hace tres meses, una visita in loco (en el lugar) por invitación del Gobierno dominicano, en la que tuvo la oportunidad de tratar de manera directa con todos los actores los temas ventilados ayer.

«La honorable comisión tiene entre sus tareas pendientes rendir al país el informe correspondiente, para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar».

Sin embargo, Abreu de Polanco planteó que el Estado dominicano, respetuoso de sus compromisos internacionales, ha hecho presencia a las audiencias celebradas ayer.

Recordó que en cumplimiento con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Migración, y en aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) llevó a cabo un levantamiento o preauditoría, a los fines de determinar el impacto de la decisión en la población inscrita en el Registro Civil Nacional.

La respuesta fue dada en la segunda sesión, iniciada a las 4:15 p.m. La representante dominicana aseguró ante la CIDH que RD es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana, y que las leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios internacionales.

La delegación que representó al país respondiendo a las acciones incoadas por los descendientes de haitianos indocumentados estuvo representada por los embajadores Pedro Vergés y Radhys Abreu y la ministra Mayerlin Cordero.

En la primera sesión, que comenzó a las 3:15 p.m., se conoció una acción a favor de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias, los peticionarios solicitaron que el Estado, mediante el Plan de Regularización, proceda a documentar a los trabajadores migrantes, preferiblemente a los de la industria azucarera desde 1929 a 2013.

Manifestaron que, pese a que cientos vinieron a República Dominicana a trabajar bajo acuerdos gubernamentales, más de 75 mil trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) estén imposibilitados de tener una pensión por falta de documentos de identidad, una carencia que se extiende hasta sus hijos.

Indicaron que la importancia de reconocer su estadía desde 1929, «implicaría reconocer los derechos adquiridos de los hijos nacidos en República Dominicana». Solicitaron que el Estado excluya del Plan de Regularización a todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio dominicano con anterioridad a 2010.

Abreu Polanco hizo un recuento a la Comisión sobre los trabajos que ha desarrollado el gobierno para garantizar los derechos de los trabajadores. Los comisionados reconocieron que se ha avanzado, pero cuestionaron cómo el país documentará a los trabajadores que llegaron años atrás.

La violencia contra la mujer

En la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en 1997, en la República Dominicana se institucionalizó una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer.

Sobre la violencia contra las mujeres, aseguró que este aspecto constituye uno de los principales retos para la política pública de género en RD en la última década, y por ello, a partir del 2012, la prevención de la violencia contra las mujeres se integró al Sistema de Metas Presidenciales.

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Por Juan Cruz Triffolio

Sociólogo – Comunicador Dominicano

triffolio@gmail.com

Al pronunciar las palabras centrales en el acto de inauguración de la Décima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), el magistrado presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Milton Ray Guevara, hizo una aseveración donde la verdad brotó de manera estruendosa.

El destacado jurista, a poca distancia del honorable gobernante de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien presidía la apertura de la referida actividad, expuso que la gran tragedia de los pueblos iberoamericanos es que la Constitución es aplicada unas veces sí y otras no.

Con su acento y verbo impecable el magistrado Guevara puntualizó, a manera de evocación que “la Constitución no existe para ser aplicada unas veces sí y unas veces no” y esa “ha sido la gran tragedia iberoamericana: la diferencia entre lo escrito y lo real”.

No hay dudas, una verdad de Perogrullo..!!

Se trata de una atinada, correcta y responsable posición que pone de manifiesto el maniqueísmo politequero que generalmente ha sido empleado para aplicar los preceptos constitucionales en la llamada Iberoamérica, sin dejar de incluir, naturalmente, a la patria de Juan Pablo Duarte.

Es una valiosa observación que en boca de un funcionario de la connotación y la experiencia jurídica del doctor Milton Ray Guevara asume matices sumamente interesantes y preocupantes.

La argumentación en cuestión adquiere una mayor dimensión y validez cuando el reputado magistrado de origen samanense subraya que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento, garantía de la seguridad jurídica, de la vida económica social y democrática de derecho en que la paz sea fruto de la justicia.

Siendo de esa manera, se infiere de las palabras del honorable presidente del Tribunal Constitucional (TC) que urge la necesidad de que la Carta Magna deje de ser un simple documento político y de una vez y para siempre, sus normas deben tener un real valor jurídico y eficacia práctica, al tiempo que sean aplicables de manera directa, como referentes obligatorios para determinar el mérito de los demás preceptos jurídicos y actos de los poderes públicos.

Mientras tal percepción no se convierta en realidad, sobretodo, en el caso de República Dominicana, lamentablemente, la “Ley de Leyes” de nuestro país, continuará siendo lo que en una ocasión afirmara el doctor Joaquín Balaguer: un pedazo de papel..!!

Y que conste, no se hablaba de un papel cualquiera..!!

Persistir en la objetable utilización de nuestras constituciones, tal si fueran un recurso valido para un trapeado como un buen lavado, sería reconocer la razón que tuvo el maquiavélico mandatario en referencia, al igual que tendríamos que aceptar como un axioma que no estamos dando el mejor ejemplo para garantizar la deseada paz social, la convivencia civilizada, el progreso y la libertad.

Quien quiera oír que oiga y quien desee ver, que mire..!!

Qué vaina, Balaguer tenía razón..?

Manos a la obra…

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En su sentencia 006/14 la alta corte dice que los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de libertad de organización de los partidos políticos no han sido vulnerados por la decisión dictada por el Tribunal Superior Electoral y que no pudieron comprobar las violaciones invocadas por los recurrentes.

Mejía Domínguez y compartes procuran que se revoque en todas sus partes la sentencia del TSE que declaró nula y sin valor jurídico la convocatoria para la reunión de la Comisión Política del primero de junio de 2012.

Sin embargo, en su voto particular la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez expresa “que ha debido anularse la sentencia No. TSE-025-2012 dictada por el Tribunal Superior Electoral en fecha 27 de junio de 2012, por haberse violado el principio de legalidad y el de tutela judicial efectiva”.

Reacción

De su lado, el doctor Eduardo Jorge Prats consideró que la sentencia “robustece el debido proceso y da sostenibilidad al sistema de partidos políticos, soporte de la democracia dominicana”.

“Esta sentencia del Tribunal Constitucional defiende la facultad jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral para interpretar las normas, con lo que fortalece el sistema de partidos políticos y en consecuencia nuestra institucionalidad democrática”, dijo el especialista constitucional.

Jorge Prats forma parte de los abogados defensores del PRD ante diferentes recursos elevados por el sector encabezado por el expresidente Mejía y Luis Abinader, como parte de las serias divergencias que se han presentado en ese partido.

“Esta sentencia ratifica la validez de los fundamentos jurídicos en que se basó el Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que a Hipólito Mejía y compartes no se le violó ningún derecho, por lo que no había lugar a anular la decisión de la jurisdicción electoral que le dio ganancia de causa a Miguel Vargas y al PRD”, precisó Jorge Prats.

Conflicto

El conflicto trata originalmente de la decisión de un grupo de integrantes de la Comisión Política, seguidores de Mejía y Abinader, reunidos el 1 de junio de 2012 y que decidieron suspender a Miguel Vargas de sus atribuciones como presidente del PRD, y expulsaron a otros dirigentes.

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