SAN JUAN , PUERTO RICO.- El nuevo gobernador, Alejandro García Padilla, ordenó anoche la activación de la Guardia Nacional para brindar apoyo en la vigilancia de zonas portuarias y aeropuertos como parte de un amplio plan para combatir la rampante violencia que azota a esta isla, provocada mayormente por el narcotráfico.
Se indicó que los militares patrullarán y realizarán labores de vigilancia junto a miembros de la Policía en las áreas costeras con miras a controlar el tráfico de drogas y armas de fuego.
Además, el mandatario instruyó a los jefes de agencia a reducir por lo menos 10 por ciento los gastos totales de la nómina de personal de confianza y facultó a la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, para que sea la única funcionaria que autorice nombramientos a plazas vacantes, otorgación de contratos y enmiendas en las agencias públicas.
De inmediato, la oposicion política, principalmente dirigentes del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionaron la activación de los militares para combatir la delincuencia.
El secretario general de esa organización, José Torres Zamora, dijo a la emisora Noti Uno que hay que esperar por los resultados de la acción de los militares contra el crimen.
El Primer Ejecutivo anunció anoche las medidas mediante cuatro órdenes ejecutivas que entraron en vigor inmediatamente.
La primera orden ejecutiva establece que “el Ayudante General de la Guardia Nacional determinará en los próximos 15 días, en coordinación con el Superintendente de la Policía, la Secretaria el Departamento de Hacienda y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la identidad de las unidades, efectivos y equipos que serían necesarios para prestar” la vigilancia.
La segunda orden ejecutiva de García Padilla exige a “todos los secretarios de agencia y directores ejecutivos a consultar con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos existentes” con el propósito de ahorrar dinero al erario.
Además, ordenó una reducción de al menos 10% en el gasto por nómina de personal de confianza. En tanto, la tercera orden ejecutiva “prohíbe el uso de fondos públicos en el pago de escoltas y personal de seguridad a los jefes de agencia”.
La orden solo excluye al Secretario de Estado, al Secretario de Justicia, al Secretario de Corrección y Rehabilitación y al Superintendente de la Policía, por el tipo de labores que realizan.
Al propio tiempo, el ejecutivo prohibió con esta orden el uso de fondos públicos para el pago de teléfonos celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA’s) de los jefes, funcionarios y empleados de las agencias del Gobierno.
“Cada agencia deberá realizar los trámites necesarios para cancelar de forma ordenada todo contrato relacionado al uso de teléfonos celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA’s)”, reza la orden emitida anoche.
