NUEVA YORK.- Máximo Padilla, presidente del Comité Dominicano en el Exterior (CODEX), afirmó qué “el cierre de las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior se refleja negativamente en las comunidades dominicanas inmigrantes a diferentes países pues les cierran las puertas de la posibilidad de obtener sus documentos de identidad legalizados, como lo requieren las autoridades de las naciones los cuales han emigrado, encabezados por los Estados Unidos”.
Al considerar, que el cierre de la JCE, coloca a los dominicanos en una grabe situación de violación de la ley, similar a ciudadanos de otros países, que nó tienen identidad, Padilla explicó, que para lograr ese objetivo la institución procedió a aplicar nuevas tarifas para expedir los documentos al tiempo que procedían a presionar al presidente, licenciado Danilo Medina, para que les conceda aumentos en el presupuesto y en consecuencia, en sus salarios privilegiados.
Al afirmar que la República Dominicana, es el único país en el mundo en el que sus ciudadanos tienen que pagar por ejercer un derecho constitucional y democrático, Padilla considera,“ que la JCE, al solicitarle al gobierno, aumento del presupuesto y no lograrlo, los directivos de la JCE, han procedido a cerrar las oficinas en el exterior, situación que -inclusive- se reflejará negativamente en el voto del dominicano en el exterior, que logramos en el 1994, derecho cívico – constitucional, puesto en vigencia en las elecciones del pasado 20 de mayo”.
Además, en otras esferas, que quizás no la tomen en cuenta, y que son perjudiciales para la comunidad inmigrante y para el país.
Padilla consideró que “si los ejecutivos de la JCE, no están en capacidad de adaptarse al presupuesto asignado por el gobierno, entonces que renuncien a sus funciones, pues la Dirección General de la Cédula de Identidad y el Registro Electoral, eran organismos independientes por lo tanto pueden retornar al sistema original dirigidos por nacionales que les duele el presente y el futuro de la patria dominicana”.
Al afirmar que la JCE, “al cerrar las puertas de sus operaciones en Nueva York y otros estados y en países de América Latina y Europa, impediría, a una gran mayoría de residentes en el exterior, sin la posibilidad de obtener ó renovar los documentos de identidad, lo que constituye una demostración de repudio a los que por una razón u otra hemos emigrado”.
“Hemos podido observar que la JCE, se propone aumentar los costos del procesamiento de documentos imprescindibles para los ciudadanos, y, al no lograr que el gobierno le asignará una asignación de recursos más alta en el presupuesto, en momentos en que el poder adquisitivo de las mayorías, afecta a los segmentos sociales de menores ingresos”, señaló Padilla.
