TEGUCIGALPA.- El Congreso hondureño aprobó una reforma constitucional que instaura la figura del juicio político, que permite enjuiciar y destituir al presidente y otros funcionarios cuando exista una “denuncia grave en el desempeño en su cargo”.
Con el voto a favor de 115 de los 128 diputados, el Congreso reformó el martes en la noche cuatro artículos de la Constitución que hacen posible al Legislativo la separación de sus cargos del presidente, vicepresidente, magistrados del Poder Judicial, fiscal general y comisionado de derechos humanos, entre otros funcionarios.
“El juicio político es una herramienta que marca un antes y un después en nuestra vida constitucional. Estamos contentos porque permite enjuiciar a los altos funcionarios del Estado cuando su conducta no es acorde con los intereses nacionales y la constitución”, arguyó el diputado Mario López, de la comisión de estudio de la ley y miembro delPartido Nacional, gobernante.
Según la ley, cualquier funcionario público, desde un alcalde hasta un juez pasando por los jefes de las Fuerzas Armadas, podrá ser destituido por el Congreso Nacional por mayoría simple. Solo para la destitución del presidente de la República se requiere del voto de las tres cuartas partes de la cámara.
El juicio político procederá contra un funcionario cuando exista una denuncia de abuso de autoridad en el desempeño de su cargo, violación a la Constitución de la República y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, según explicó el diputado Marvin Ponce, del Partido Unificación Democrática, minoritario , de izquierda.
“Si hubiéramos tenido esta figura nos habríamos evitado muchos problemas” cuando se separó al expresidente Manuel Zelaya, afirmó en la sesión el presidente del Congreso, Juan Hernández.
Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio del 2009, luego de que el Congreso intentó destituirlo legalmente sin contar con una figura jurídica en la Constitución que le permitiera hacerlo.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada –tras el golpe de Estado– por el gobierno del presidente Porfirio Lobo recomendó en el 2010 la aprobación de esta figura con el objetivo de dirimir los conflictos institucionales entre diversos poderes del Estado.
La enmienda contempla que, “sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político”.
Tensión política. En diciembre pasado, el Congreso destituyó a cuatro magistrados por haber declarado inconstitucional el plan de depuración policial que impulsa el gobierno.
No obstante, organizaciones civiles interpusieron recursos legales contra la destitución –aún no resueltos–, argumentando que el Congreso no tenía facultades para ello, consignadas recién ahora en la reforma constitucional.
Desde entonces, Honduras se encuentra sumida en la crisis política más grave desde el golpe.
