CARACAS.- La escasez de alimentos en Venezuela, un problema evidente en los anaqueles de los supermercados, se ha convertido en un conflicto que se achacan mutuamente el Gobierno y los empresarios, mientras los ciudadanos se afanan en la búsqueda de pollo, harina, leche o azúcar.
Los funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez repiten estos días los anuncios de incautaciones de toneladas de alimentos acaparados en almacenes de empresas que producen artículos que hoy escasean, mientras, también de manera rutinaria, representantes empresariales informan que no existe tal acumulación.
El 28 de enero pasado, la ministra para el Comercio, Edmée Betancourt, informó que el Gobierno había hallado 19.000 toneladas de alimentos acaparados, y que la mayor parte estaba compuesta por azúcar, harina de maíz precocida y pollo.
El ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, dijo dos días después que se había «recuperado una cantidad importante de toneladas de alimentos que fueron sujetos por situaciones de especulación y acaparamiento» y que está completamente estabilizado el suministro.
Uno de los productos que escasean estos días es la harina de trigo, que no aparece en los anaqueles de los supermercados pero que si se contacta con el vendedor indicado puede aparecer por arte de magia, según pudo constatar..
Aunque algunos productos son complicados de encontrar, los venezolanos optan por el buen humor y la creatividad produciendo vídeos como la parodia del exitoso Gangnam Style, llamada en este caso «Oligarca Style», en la que se narra la lucha por conseguir los productos.
En otros casos, se puede optar por la práctica y tratar de comprar la harina de maíz de una popular marca venezolana en portales de compras como Amazon.com.
También en internet ha aparecido algún que otro video sobre una supuesta pelea en un presunto supermercado venezolano en el momento en que llegaba uno de los productos que escaseaban, y no faltan los testimonios de personas que aseguran haber presenciado situaciones similares.
«El problema no es la escasez de enero de 2013, es un problema recurrente y cíclico de desabastecimiento y va a continuar mientras no entendamos que la empresa privada tiene que tener mucho más espacio para que haya más oferentes que compradores», dijo el presidente de la patronal venezolana Fedecámaras, Jorge Botti.
Según Botti, el modelo socialista que propugna el Gobierno de Chávez, en el poder desde 1999, limita las posibilidades de producción por existir «excesivos controles y regulaciones».
Aseguró, asimismo, que en los últimos diez años «han desaparecido 230.000 empresas» ya sea por expropiaciones o por las restricciones que se han instaurado en el país.
«El problema de la escasez no es que no hay azúcar sino que no hay un modelo de economía que funcione», reclamó.
Pepsi-Cola Venezuela anunció este jueves que la incautación de 8.520 toneladas de azúcar por parte del Gobierno a esta empresa ha causado un descenso en el inventario de materia prima de 45 % y que si bien las autoridades autorizaron la entrega de azúcar industrial, la cantidad aún es insuficiente.
«En Venezuela la irregularidad en el abastecimiento de productos se debe a una combinación de factores», dijo a Efe el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, quien aseguró que en el país existe un «ambiente hostil» para el ejercicio de la libre empresa que ha causado una «contracción significativa de la oferta».
León señaló, además, que el Gobierno «ha disparado dinero a las calles, para mantener tranquila a la población» pero al mismo tiempo restringe la oferta y la asignación de divisas, situación que se ha agudizado, asegura, sobre todo al final del año pasado y principios de este año.
Para la economista Alicia Sepúlveda, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela, además de las restricciones mencionadas, existe un cerco legal que afecta a los empresarios del país que está conformado por su entramado legal.
Sepúlveda dice que la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios amenaza con declarar empresas como «estratégicas» y de esta forma ser candidatas a pasar a ser controladas por el Estado.
La Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigor en noviembre de 2012 y tiene como objetivo fijar el valor de productos de consumo básico e higiene, es una norma que, explica Sepúlveda, no permite que una empresa pueda ajustar la estructura de costos sin una previa revisión del Gobierno.
