CARACAS.- El Parlamento de Venezuela pidió este miércoles a la Fiscalía la detención de dos diputados opositores al Gobierno del presidente Hugo Chávez acusados de corruptos por la bancada oficialista en el plenario legislativo.
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), el oficialista Pedro Carreño, solicitó ante el Ministerio Público que sean puestos «bajo custodia en su residencia» los diputados Richard Mardo y Gustavo Marcano y se comunique de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Por mandato de la plenaria» de la AN, que en su sesión de este martes ordenó a la Comisión de Contraloría investigar el asunto, Carreño explicó que el delito «in fraganti» contra el patrimonio público se evidencia en que Mardo y Marcano «se declararon confesos».
El chavismo aprobó este martes durante la plenaria la investigación en el Parlamento de la financiación del partido Primero Justicia (PJ), del líder opositor Henrique Capriles, a propuesta del presidente de la cámara, Diosdado Cabello.
Durante la sesión se transmitió un vídeo que se difundió poco antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre en el que se muestra al diputado Juan Carlos Caldera cuando supuestamente recibe sobres con dinero con supuestos fines electorales.
Cabello difundió una supuesta conversación telefónica pinchada entre el padre de Capriles y otra persona en la que presuntamente hablan sobre la campaña presidencial pasada y su financiación y mostró supuestas copias de unos cheques que aseguró recibió Mardo, excandidato a gobernador.
Carreño aseguró hoy que Mardo señaló durante la plenaria que los cheques «sí los había recibido» y que en una «aborrecible rueda de prensa» manifestó para qué eran, lo que, a su juicio, constituye una «confesión de parte» de la consumación de «un delito de corrupción contra el patrimonio público».
Añadió que Marcano se defendió diciendo que los cheques mostrados por el presidente de la AN formaron parte de un caso judicial del pasado que, además, ya lo libró de culpas.
«Dice que era cosa juzgada, obviando primero que los delitos contra el patrimonio público no prescriben», rebatió Carreño al aludir a las afirmaciones de Marcano.
