SANTO DOMINGO ESTE, RD.- El presidente del canal TNI 51, ubicado en la provincia Santo Domingo, solicitó al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, al embajador de Alemania y al presidente de Indotel la realización de una investigación de los hechos que permitieron el desmantelamiento de esa empresa, fruto de un embargo ejecutivo por parte de un colombiano.
En comunicado dirigido al presidente Medina, al procurador Francisco Domínguez Brito, al embajador de Alemania en el país Thomas Bruns y al director de Indoltel, Carlos Amarante Barte, Rafael Burgos Gómez, presidente del citado medio de comunicación, narra que fue víctima de un embargo ejecutivo abusivo, ejecutado por el colombiano Andrés Salcedo González, representado en el país por el bufete de abogados Juan Francisco Puello Herrera, quien a su vez apoderó del caso al licenciado José Martínez Hoepelman, quien se desempeña en la actualidad como suplente de juez de la Junta Central Electoral.
Denunció que el colombiano Salcedo González y sus abogados se valieron de practicas deleznables para conseguir una sentencia de ganancia de causa de la pasada Suprema Corte de Justicia ante una litis que mantenían con su empresa.
Explicó que el colombiano Salcedo González le vendió a su empresa televisiva materiales educativos y culturales propiedad de la empresa Deucth Welle-Transtel de la República Federal de Alemania, a pesar de que no tenía ninguna calidad jurídica para hacer la negociación y sobre todo de que se trataba de documentales educativos sobre tecnologías, educación y cultura del pueblo alemán, que son distribuidos de manera gratuita para su difusión.
Dijo que lo más grave de todo es que la empresa Deucth Welle-Transtel certificó que ese señor no la representa desde el 2003, lo que, a su entender, es una prueba inequívoca y contundente de la estafa de la estafa de la que ha sido víctima.
Burgos Gómez declaró que su empresa tiene en curso cuatro procesos legales, tres civiles y uno penal, en contra de dicho señor, pero que sin embargo todos han sido ignorados por las autoridades judiciales, procuradores y fiscales de Santo Domingo.
Sostuvo que durante todos los procesos legales ha demostrado hasta la saciedad la falta de calidad jurídica del colombiano Salcedo González, pero que sin embargo, sospechosamente las autoridades actuantes no han querido tomarlo en consideración.
