PUERTO PRINCIPE.- El expresidente de Haití Jean Claude Duvalier (1971-1986), acusado de crímenes de lesa humanidad y desvío de fondos, es esperado mañana nuevamente en un tribunal de apelación de Puerto Príncipe al que ha dejado plantado dos veces.
En esta ocasión, Duvalier, objeto desde principios de 2011 de una veintena de denuncias, deberá acudir personalmente ante el tribunal, según lo establecido en la audiencia del pasado 7 de febrero, donde el exdictador se hizo representar por sus abogados.
El tribunal debe decidir si es válida la decisión adoptada en primera instancia de tramitar la causa contra Duvalier solo por malversación de fondos y no por crímenes de lesa humanidad como reclaman las organizaciones y afectados que presentaron más de una veintena de querellas contra el antiguo presidente vitalicio.
No obstante, el abogado de Duvalier, Reynold Georges, anunció a la prensa que el expediente de su defendido fue llevado ante el tribunal de casación, la más alta jurisdicción haitiana que dicta decisiones sin ninguna otra posibilidad de recurso.
Esto cancelaría así la sesión ante el tribunal de apelación prevista para mañana, según el abogado.
Georges precisó que la defensa de Duvalier impugna la «competencia del tribunal de apelación» para proseguir el expediente.
En un comunicado publicado hoy, el Comité contra la Impunidad, que agrupa a personas y organismos de derechos humanos que han presentado querellas contra Duvalier, expresó que espera la comparecencia del exdictador mañana.
«¿La Justicia haitiana aceptará que Duvalier ignore impunemente?» las ordenes judiciales, preguntó.
En tanto, organizaciones nacionales e internacionales se movilizaron con la intención de vigilar la sesión mañana.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes siguen el expediente desde las primeras denuncias presentadas a principios de 2011, anunciaron la presencia a partir de hoy en Haití de sus delegados para observar el proceso.
Por su lado, varias organizaciones de Haití, como el Movimiento Democrático Popular (MODEP) y Unión de los Pequeños Campesinos (Tèt kole Ti peyizan), argumentaron que «si nosotros no nos movilizamos, las víctimas del régimen (..) no obtendrán justicia».
Al mismo tiempo, criticaron a la administración del presidente Michel Martelly por supuestamente favorecer la impunidad.
