WASHINGTON.- Mantener a niños y adolescentes en las mismas prisiones que los adultos es una «rutina» en muchos estados de EE.UU., lo que los expone a abusos sexuales y dificulta su acceso a la educación y la salud, denunciaron hoy activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia en la sede de la CIDH, representantes del Departamento de Justicia de EE.UU. reconocieron que han constatado esas prácticas, pero insistieron en que la regulación de las prisiones corresponde a cada estado, por lo que el Gobierno federal únicamente puede «incentivar» a que se separe a niños de adultos.
Deborah LaBelle, representante de la organización American Civil Liberties Union (ACLU) en el estado de Michigan, denunció que encarcelar a adolescentes junto a adultos, y no en instituciones exclusivas para su edad, les hace «mucho más vulnerables a recibir agresiones sexuales» y les expone a «daños irreparables».
«Presentan tasas de suicidio mucho más altas que los adultos en las mismas instalaciones, no tienen alimentos suficientes y se les exige pagar por la atención sanitaria y las visitas con dinero que no tienen», aseguró LaBelle.
Además, el acceso a la educación está sujeto a tantas restricciones que «simplemente no lo reciben», y muchos quedan sometidos a prolongados periodos de aislamiento, añadió.
La activista extrajo esas conclusiones de un estudio que ACLU ha realizado en Michigan, para el que entrevistó a 68 adolescentes encerrados en prisiones junto a adultos, de los que entre el 10 y el 15 % eran hispanos, según indicó a Efe.
No obstante, aseguró que el fenómeno no se limita a ese estado, algo que corroboraron los representantes del Gobierno estadounidense.
Según datos de ACLU, 25 estados de todo el país se han comprometido a establecer una clara separación entre adolescentes y adultos en sus centros penitenciarios, lo que demuestra que elevar ese modelo a nivel nacional «no es irrealizable ni complicado», apuntó LaBelle.
Jonathan Smith, representante de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, aseguró por su parte que dicha institución «realiza una serie de actividades para asegurarse de que los jóvenes no entran sin necesidad en el sistema de justicia adulto».
No obstante, reconoció que «lamentablemente» esa tendencia permanece en varios estados, especialmente en Misisipi y Luisiana, y que se da con más frecuencia en el caso de jóvenes afroamericanos, «mucho más susceptibles» a ser condenados en un régimen de adulto.
Melodie Haynes, de la oficina de justicia juvenil y prevención de la delincuencia en el Departamento de Justicia, insistió por su parte en que el sistema estadounidense «permite que cada estado defina su sistema» y el Gobierno federal «trata de proporcionar incentivos para que los estados cumplan buenas prácticas».
Haynes también insistió en que se han hecho progresos desde los años 70, algo que el comisionado Felipe González recibió con escepticismo.
«Separar a los menores de los adultos es una cuestión elemental, es una cuestión básica y urgente que no se puede analizar como un progreso paulatino a lo largo de las décadas», señaló González.
Los comisionados pidieron al Gobierno estadounidense más datos sobre el fenómeno, y escucharon al término de la audiencia una grabación proporcionada por ACLU en la que un adolescente no identificado narraba cómo le obligaban a bañarse con hombres adultos que le violaban y atacaban ante la indiferencia de los guardias.
