SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) deploró que el gobierno no ha cumplido hasta el momento con el Pacto de Transparencia e Institucionalidad, firmado para fortalecer la administración pública.
Indica que en el protocolo, el cual fue firmado por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, antes de que fueran elegidos en sus respectivos cargos, plantea dar cumplimiento e impulsar 21 puntos, que incluye medidas contra la corrupción.
A través de un comunicado, PC reveló que ha monitoreado el “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”, desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el mandatario.
“Se observa una débil acción del gobernante para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63 por ciento han sido incumplidas, el 27 por ciento están en proceso y sólo el 9.9 por ciento se valora como cumplida.
Informe de Resultados del Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad
No cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo, lo que evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información.
No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral, por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado.
A la fecha, varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas y otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios.
Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
En relación a los nombramientos ministros y viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los que se necesitan en cada ministerio y nunca más de seis, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de seis viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de racionalidad, cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido y las competencias requeridas.
Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos 137 posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad proclamada y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización.
En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los 21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 ministros han depositado su declaración jurada de bienes. Los siete restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente. Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha impulsado por decreto mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas.
En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Salarios. Lamentamos que por sexta vez se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa. Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios, el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones.
En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual tiene como propósito monitorear este sector para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos por las operaciones en el país.
En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones.
Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación (DICOM) diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda del sector público, para que publicaciones gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.
