SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.– Aunque el acuerdo a que arribó el Estado con la empresa minera Barrick Gold propicia mayores recursos económicos para el país con relación al anterior, para el ingeniero Ramón Alburquerque las condiciones planteadas todavía dejan muy por debajo los ingresos que debe recibir la nación por la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí.
De acuerdo con el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, de los 11,600 millones de dólares que el Estado recibiría en el lapso 2013-2016, deberían ser no menos de 24,000 millones de dólares, por cuatro puntos que a continuación explica.
Primero: El Estado acepta que se pague con la producción de oro, antes de pagar los impuestos, toda la inversión en el proyecto. En ningún país del mundo se acepta eso. La inversión nunca se traduce en costo y el Estado lo acepta como tal.
Segundo: En ninguna parte del mundo los intereses son costos, y también se aceptan como tal.
Tercero: En los estudios de factibilidad que presentó la Barrick, se establece que el costo de producción por cada onza de oro nunca excederá los 300 dólares, sin embargo ahora lo reportan casi en 600, lo que significa que están casi duplicando el costo y el Gobierno no dijo nada sobre eso.
Cuarto: El Gobierno no dijo que asume el derecho de verificar constantemente el costo de producción por onza de oro y los gastos de la empresa.
Al juicio del ingeniero, el haber duplicado los costos de producción por onza de oro le ofrece a la Barrick unos 7,500 millones de dólares que se estaría llevando la minera durante la vida del proyecto.
Pero además, que en los intereses y el pago de la inversión en total hay unos 15,000 millones de dólares, los cuales se sacarían del proyecto sin pagar impuestos.
«Por eso es que lo único justo hubiera sido que el país recibiera por encima de 24,000 millones de dólares en tres años, y no menos de la mitad como pasa con los 11,600 millones anunciados», manifestó.
Sobre el 51,3% en beneficio que obtendría el Estado por la modificación del contrato, Alburquerque aclaró que eso incluye la amortización de la inversión, los costos de producción y los intereses, por lo que al final los beneficios se reducirán casi a la mitad.
Entiende que el Gobierno acepta como concepto costos que no son costos y además está renunciando a fiscalizar el costo de producción por onza.
