Fiscalía archiva caso Leonel Fernández; no ve delito en imputación

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El querellante tiene un plazo de 3 días hábiles, a partir de la notificación para objetar ante el juez de la instrucción la decisión de la Fiscalía.
El querellante tiene un plazo de 3 días hábiles, a partir de la notificación para objetar ante el juez de la instrucción la decisión de la Fiscalía.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Fiscalía del Distrito Nacional archivó de manera definitiva la querella interpuesta por el presidente del partido Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno contra del ex presidente Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUGLODE) acusados de lavados de activos y malversación de fondos públicos.

El ministerio público, tomó la decisión tiene su fundamento en el artículo 281.6 del Código Procesal Penal Dominicano.

Luego de la interposición de la querella la Fiscalía notificó a los querellados y convocó a todas las partes y sus abogados a una vista para discutir los méritos de la querella. La vista fue celebrada en fecha 5 de abril, a la que compareció el querellante, sus abogados y los abogados de los querellados

“Cuando se comete un acto de corrupción todos los ciudadanos se afectan, el patrimonio del Estado es un patrimonio de cada dominicano de ahí que resulta lógico y razonable que cualquier ciudadano pueda reclamar en justicia por medio de una actuación directa como lo es una querella. En caso que un ciudadano se considere perjudicado por una acción temeraria está en su derecho de demandar en daño y perjuicio, pero sería irracional coartar el derecho a demandar trasparencia bajo el argumento de que reconocer esa facultad incentiva la politización de la justicia.”

En ese sentido, la Fiscalía entendió que en ningunos de los casos podía hablarse de prescripción, además agregó: “La Constitución Dominicana le deja abierta la posibilidad de establecer un sistema de prescripción extraordinario para el delito de prescripción, además de que se pueda aplicar lo que el profesor Silva Sánchez llama un derecho penal de tercera velocidad, es decir, un sistema de garantía distinto al que se les tiene que garantizar a los ciudadanos que cometen delitos comunes. La Carta Magna de forma expresa establece:

“La Ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crimines de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivos’’.

También, se basa que por la falta de tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar, más aún hace de las diligencias de investigación propuestas por el querellante un proyecto de caso fracasado ya que estando en el organismo convencida, en base a los criterios jurídicos expresados, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, al embarcarse en la empresa de una investigación es esas circunstancias es violatorio a los principios de razonabilidad, lógica jurídica.

En ese sentido, contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida extrema de la política criminal.

En ese orden mal haría la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona.

La Fiscalía del Distrito es de criterio que en un Estado Social, Democrático y de derecho no es posible que se tenga que perseguir la corrupción con un Código Penal que data del 1808, no obstante de que su promulgación en República Dominicana es del 4 de julio de 1882.

Por lo que , es necesario que el Sistema Judicial sea dotado de una legislación que se corresponda a los tiempos actuales, a los fines de no tener que seguir llamando ¨indelicadeza” a acciones que deben ser sancionadas penalmente, pero que la Fiscalía en ninguna circunstancia puede inobservar el principio de legalidad y mucho menos usurpar la función de legislador.

El querellante tiene un plazo de 3 días hábiles, a partir de la notificación para objetar ante el juez de la instrucción la decisión de la Fiscalía.

Fiscal DN justifica decisión archivar querella contra expresidente Fernández

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, justificó la decisión de archivar de manera definitiva la querella interpuesta contra el expresidente Leonel Fernández, alegando que las acusaciones plasmadas en la misma “no encajan con los artículos cuya violación se alega”. Berenice Reynoso señaló que las donaciones del Estado a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que preside Fernández, no están tipificadas como delito.

“Para ser sancionado como delito y tipificado así, la conducta que lo alega como tal tiene que encajar en uno de los tipos penales”, explicó la magistrada al ser entrevistada en un programa radial.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público no es competente para sancionar faltas éticas, sino para acciones tipificadas como delito, refiriéndose a la querella interpuesta contra el exmandatario por Guillermo Moreno.

Moreno interpuso una querella en la que alega malversación de fondos y lavado de activos por parte del exmandatario y (Funglode ).

Guillermo Moreno califica insólita e irresponsable la decisión de la Fiscalía

El presidente del Partido Alianza País (AlPaís) Guillermo Moreno, calificó este viernes de insólita e irresponsable la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional de archivarde manera definitiva la querella que interpuso contra el ex presidente Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUGLODE).

Moreno habló en esos termino, tras ser entrevistado en el programa de Huchi Lora y el equipo, el político dijo que cuando le notifiquen la decisión, recurrirá el fallo de la fiscalía.

Además, Moreno consideró que la decisión pone de manifiesto que la Fiscalía del Distrito cede a la presión política del ex presidente.

«La fiscal Yeni Berenice cedió a la presión; no hay MP independiente», dijo el político.

Entiende que «con esa decisión, no hay ley que sancione el robo público».