CHILE.- Luis Urzúa, jefe de turno de los 33 mineros que en 2010 permanecieron atrapados 70 días en la mina San José, en Chile, anunció hoy la intención de los trabajadores de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la «denegación de justicia en Chile».
Esto luego que el pasado jueves, y después de tres años de investigación, la Fiscalía regional de Atacama confirmó el cierre de la investigación sin formular cargos contra los dueños del yacimiento ni los responsables regionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
«Si la justicia hace su pega (trabajo) como corresponde, ellos (los dueños de la mina) estarían presos», dijo Urzúa a al canal CNN Chile.
Otros mineros del grupo de los 33 también manifestaron su malestar: «Siento frustración, pena, en la mañana me puse a llorar», dijo a radio Cooperativa Mario Sepúlveda, el más locuaz de los 33 mineros que permanecieron 70 días atrapados a más de 700 metros de profundidad, quien subrayó que «por respeto a mis compañeros no me quemo a lo bonzo frente a La Moneda (sede del gobierno chileno)».
El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en la culminación de un inédito episodio de supervivencia y esfuerzos mancomunados del gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.
Los mineros volvieron a la superficie en una cápsula construida especialmente por la Marina chilena, que se introdujo a través de un forado de 50 centímetros de diámetro excavado con exactitud milimétrica hasta donde permanecían los mineros, tras comprobarse el 22 de agosto que se encontraban vivos.
También se excavaron otros forados, aún más pequeños, por los que se les suministró a los trabajadores alimentación, vestuario y equipos de comunicación.
El pasado viernes, Mario Sepúlveda criticó la impunidad de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemmeny, al cuestionar que «anden sueltos y felices por la vida, pese a que nos hayan dejado enterrados».
En esa misma línea, Jorge Galleguillos, otro de los mineros, declaró al canal público TVN su disconformidad con la decisión: «estoy choreado (enojado) y ahora voy a estar más choreado porque los empresarios van a estar libres, tranquilamente, sin causa», dijo.
En tanto, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló que al Gobierno sólo le corresponde «acoger y respetar los trabajos que hace cada poder (del Estado)», pero que «obviamente es interesante ver la reacción de los mineros, de las distintas personas involucradas, respecto de este fallo».
Varios medios se han encargados de recordar que el presidente Sebastián Piñera aseguró que el suceso no quedaría impune tras el rescate, al señalar que «los que tengan responsabilidad van a tener que asumir su responsabilidad».
Catherine Lathrop, abogada de la defensa, aseguró en tanto, que sus clientes también son «víctimas del suceso y que la Fiscalía hizo justicia al cerrar la investigación sin hacer acusaciones».
En cuanto a la arista civil del caso, esta sigue abierta y corresponde a una demanda con el Fisco por 7.750 millones de pesos (unos 15,5 millones de dólares) por «daño emergente y moral» contra la Minera San Esteban -controladora de la Mina San José-, en la cual participarían 31 de los 33 mineros, según Cooperativa.
