Por Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ El médico dominicano Danilo Montero Ramírez de 61 años de edad, quien fue arrestado por agentes de la Policía de Inmigración y Fronteras (ICE) en la ciudad de Peabody (Boston) el martes junto a su asistenta Teresa Araujo Martínez de 40, confesó a los investigadores que ha borrado las huellas dactilares a por lo menos 55 criminales que tratan con ello de evadir la justicia norteamericana.
La mayoría de los clientes del doctor dominicano, que viajaba frecuentemente desde la República Dominicana para hacerles cirugía en los dedos de las manos a los criminales buscados por las autoridades, la mayoría de ellos deportados, pero que han reentrado ilegalmente a Estados Unidos, fue detenido en posesión de un maletín con instrumentos quirúrgicos y analgésicos para calmar el dolor.
El doctor Montero Ramírez, cobraba $4.500 dólares por cada operación, según apunta un comunicado de la ICE emitido el miércoles de esta semana.
El médico y su asistenta, fueron arrestados antes de que entraran a un apartamento en el 156 de la calle North Shore Drive, donde habían quedado de encontrarse con un criminal al que le practicarían la cirugía.
Khaalid Paredes, vocero de la ICE en Peabody, dijo que el galeno y la mujer, están acusados en la Corte Federal de distribuir drogas que daban a los pacientes, entre estas oxicodona y conspirar para albergar extranjeros ilegales.
«Nuestros esfuerzos de investigación, fueron apoyados por la Policía Estatal de Massachusetts, la de Bristol y el Departamento del Sheriff del Condado Essex», explicó Paredes.
Señaló el portavoz de la ICE que la investigación continúa.
El médico y la mujer, fueron instruidos de cargos esta semana en la Corte Federal de Boston y se les dejó detenidos sin derecho a fianza.
Otra audiencia fue programada para el lunes 25 de noviembre en el mismo tribunal. Ambos tienen abogados de oficio.
En el interrogatorio, el médico dominicano les dijo a los investigadores que había alterado las yemas de los cinco dedos a 55 personas, en busca de que puedan evitar la detección de sus identidades, mientras estén en los Estados Unidos.
Les hizo cirugías a dos de ellos en Boston en el 2012. La detención del galeno y Araujo Martínez, se produjo después de una larga investigación de los federales que recibieron confidencias sobre la actividad ilegal de la pareja y que comenzó en el 2010.
El agente especial de la ICE, Sean Raffery, dijo en una declaración jurada que el médico criollo ya era más o menos conocido por alterarles las huellas a los criminales que habían sido previamente deportados desde los Estados Unidos.
La ICE utilizó un informante que cooperó en la investigación, cuando los federales se enteraron de que el médico viajaría en noviembre desde la República Dominicana a Estados Unidos.
El informante que había sido deportado a Santo Domingo, se citó con el médico y les dio el dato a los federales. Añadió el informante que quería evitar ser recapturado después reentrar ilegalmente.
El doctor acordó cobrarles al informante y un amigo, $7.000 dólares para borrarles las huellas. Cuando el informante le preguntó al galeno que si tenía algo para calmar el dolor, este le dijo que su asistenta se encargaba de esa parte.
Los agentes entraron al apartamento y arrestaron al doctor y la mujer, después que habían instalado sus equipos, discutieron la cirugía y aceptó $4.00o en efectivo que le entregó el informante.
El delator tenía una cámara oculta y un micrófono para grabar todo lo que pasó en el apartamento usado como «quirófano» por el galeno dominicano.
La asistenta era buscada también con una orden de arresto por tráfico de cocaína, emitida en la Corte del Distrito de Somerville.
«Hasta la fecha, la señora Martínez, había evitado ser recapturada por el cargo de cocaína para evitar su deportación», dijo el agente especial de la ICE.
Ella les dijo a los investigadores que es una ciudadana de la República Dominicana y entró ilegalmente a Estados Unidos en el 2003. El médico, quien nació en el mismo país, se naturalizó ciudadano estadounidense por lo que no puede ser deportado.
De ser declarados culpables, ambos podrían ser condenados a 20 años en la cárcel y hasta $1 millón de dólares de multa, más otros tres años en libertad bajo palabra.
Los cargos de inmigración ilegal, se castigan con 10 años de prisión, una multa de hasta $250.000 dólares y tres años en libertad supervisada.
