Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) publicado este martes.
La edición de 2013 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de TI ofrece un ránking regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, destacan las caídas generales en América Central.
«Lo que salta más a la vista son las caídas de Centroamérica como bloque. Una explicación es que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas», aseguró el director para las Américas de TI, Alejandro Salas.
A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos provocan un «desgaste sistemático» en toda la región, que contiene a los países con mayores caídas del ránking: Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras.
En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente), la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y Salvador (38).
En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala (29).
Entre unos y otros, en orden de decreciente transparencia, aparecen en esta clasificación anual de TI Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29).
Ecuador, pese a su baja puntuación, es el país que experimenta una subida mayor -cuatro enteros- gracias en gran medida a la «señal» enviada por el plan nacional anticorrupción y otras medidas, como las subidas salariales a la policía, y a las «expectativas» que esto ha generado, explica Salas.
No obstante, el responsable de TI para América advierte contra el riesgo que supone depender de la «mano dura» de un gobernante concreto -en lugar de estructuras estatales- y critica el cierre de espacios democráticos en Ecuador, «especialmente medios de comunicación».
Con respecto a Brasil y México, las dos potencias económicas de la región, Salas tilda de mala noticia su «estancamiento» en el CPI, pese a que en el primero de los casos confía en un próximo repunte de la mano de la implementación de leyes como la de ficha limpia y la de acceso a la información pública, y como reacción a las protestas sociales.
«En Brasil hay mucho movimiento y creo que va a haber una mejoría en el índice en los próximos años», señala Salas.
A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, con tan sólo ocho puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo según TI, y Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes al sumar 91 enteros.
TI, referencia global en el análisis de la corrupción, asegura que los resultados de este informe «dibujan un escenario preocupante» y destaca que «más de dos tercios de los 177 países» estudiados suspende en transparencia.
La corrupción en el sector público sigue siendo «uno de los mayores desafíos a nivel mundial», según esta ONG, que considera que las áreas más problemáticas son «los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales».
España, por su parte, sufrió la segunda mayor caída del CPI de este año tras Siria y cedió seis puntos, de los 65 a los 59, para pasar de la posición trigésima a la cuadragésima, por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa en el puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Reino Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) e India en el 94 (36).
Cierran este ránking países sin estructuras estatales debido a guerras, conflictos o catástrofes naturales, como Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití.
TI aprovecha asimismo el lanzamiento de su índice más conocido para incidir en sus propuestas e instar a la comunidad internacional a una acción coordinada contra los delitos económicos, especialmente el lavado de dinero.
El CPI se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público de distintos países.
